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Este viernes se adelantará la subasta mediante la cual la Nación venderá la participación que tiene en Colombia Telecomunicaciones (Coltel), empresa que opera bajo la marca Movistar.
Aunque seguramente será uno de los negocios más importantes del año, es tan solo un capítulo más de la novela que Millicom (proveedor de servicios de telecomunicaciones fijas y móviles) empezó a protagonizar desde mediados de 2024.
Para entonces, esta compañía anunció su intención de comprar las acciones de Tigo y Movistar y, posteriormente, avanzar en una fusión que dé lugar a un segundo gran operador en Colombia, capaz de competir codo a codo con Claro, que hoy sigue siendo el jugador dominante del mercado.
El Ministerio de Hacienda, que posee esta participación, puso en venta 1.108.266.271 acciones, equivalentes al 32,5 % de Coltel. El 67,5 % restante ya está en manos de Millicom, tras concretar a inicios de febrero la compra de la participación que tenía Telefónica por USD 214,4 millones.
Según informó la cartera, cada acción se ofrece a un precio de $772,38, por lo que se espera que la subasta le genere a la Nación ingresos superiores a $856.000 millones (unos USD 238 millones). En términos generales, aunque la participación del Estado es menor, el monto esperado de la operación supera lo que pagó Millicom a Telefónica.
Una fuente experta consultada por este medio, quien pidió no ser referenciada, explica que ese valor agregado se debe a que Millicom no quedaría con un socio minoritario, sino que pasaría a ser dueño del 100 %. También inciden las complejidades de tener un socio público, pues implica la intervención de organismos de control, lo que puede traducirse en mayores tiempos, requisitos y restricciones en la toma de decisiones. A esto se suma que, si su intención es fusionar las dos empresas, hacerlo con un socio en una de ellas no sería sencillo. Eliminar esas barreras es, precisamente, lo que estaría reflejando ese mayor valor.
Parte de esto también se podría explicar porque Telefónica está vendiendo sus participaciones en la región, es decir, Colombia no es un caso aislado, ya lo hizo en Argentina, Perú, Uruguay, Chile, Ecuador y México. Bajo este contexto, aceptar un precio relativamente bajo no sería problema si su intención es salir pronto de este mercado.
¿Una venta conveniente?
En esto las posturas están divididas. Hay quienes argumentan que la nación se está deshaciendo de un activo que es estratégico, mientras que otros señalan que, ante el actual panorama de la industria, lo más conveniente es vender.
Esta última mirada tiene sus razones, ya que, en los últimos años, el negocio de las telecomunicaciones ha demostrado ser altamente desafiante, pues básicamente se resume en importantes inversiones (principalmente en costos de espectro e infraestructura) y pocos ingresos.
Muestra de lo anterior es que, en octubre de 2023, Tigo requirió una capitalización de COP 600.000 millones para mantenerse a flote; mientras que en enero de 2025 WOM tuvo que entrar en reorganización empresarial para evitar caer en la bancarrota.
Cifras de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) muestran que el ingreso promedio por usuario (ARPU) de Movistar pasó de $21.000 en 2017 a cerca de $15.000 en 2025. En contraste, las inversiones totales en el sector de telecomunicaciones aumentaron de $4,34 billones en 2017 a $7,42 billones en 2024.
Además, el CONPES 3851 de 2015 señala que el Gobierno no debe mantener participación en activos que no cumplen con los objetivos de la propiedad estatal, por lo que debe vender esas participaciones y destinar los recursos a inversión social con mayor impacto, que es lo que se estaría haciendo con la venta de sus acciones en Coltel.
La fuente consultada por este medio también recuerda que la participación de la nación en Coltel es minoritaria, por lo que no tiene una capacidad real de influir en las decisiones estratégicas ni en el rumbo de la compañía.
“Además, el sector de telecomunicaciones ha evolucionado hacia un modelo de competencia abierta. A diferencia de servicios como el acueducto o la energía, donde predominan monopolios naturales, en telecomunicaciones la tecnología ha permitido la entrada de múltiples operadores. Esto ha llevado a que, en la mayoría de países, el Estado deje de ser un actor directo en la operación y pase a cumplir un rol de regulador”, señala.
Esto último es relevante, pues el hecho de que el país tenga una participación en esta industria lo convierte en una especie de juez y parte en el sector, aunque hay que aclarar que el regulador del mercado es independiente.
La pregunta que hoy muchos se hacen es qué va a hacer el Gobierno con el dinero que le pagaría Millicom tras la subasta. Esa fue una consulta que le hicimos hace unos meses a la ministra de las TIC, Carina Murcia y, hasta entonces, no había claridad.
Tendría sentido que se reinvirtiera en el sector de las telecomunicaciones, pero ante las presiones fiscales que experimenta el Estado, no hay garantías reales de que esos recursos no terminen siendo utilizados para fines totalmente diferentes. Ojalá esos recursos no se malgasten.
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