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Dos importantes sentencias sobre violaciones de derechos humanos en Colombia se han producido en los últimos días por tribunales que actúan fuera del país, en relación con destacados comunicadores sociales. Una es la declaración de responsabilidad del Estado colombiano en relación con la periodista Jineth Bedoya emitida el 26 de agosto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a raíz de múltiples violaciones sufridas por ella y por su madre: amenazas, atentados, secuestro, violación sexual, impunidad, discriminación, afectación de su integridad y otras agresiones. Otra es la sentencia proferida por el Juzgado del Distrito Sur de la Florida, en Estados Unidos, que el 27 de septiembre declaró civilmente responsable a alias Macaco por el asesinato de Eduardo Estrada.
Jineth Bedoya fue secuestrada por paramilitares el 25 de mayo de 2000, cuando acudió a la cárcel Modelo a entrevistarse con uno de ellos en relación con amotinamientos producidos días antes, de los cuales estaba reportando como periodista en El Espectador. Previamente ella y su madre habían sido objeto de amenazas y hasta de un atentado. La Corte Interamericana encontró fuertes indicios de que en su secuestro, las torturas que sufrió y las violaciones sexuales que padeció, cuando fue torturada por más de 10 horas, participaron funcionarios del Estado. Luego de 16 años de estar estancada la investigación judicial por estos hechos, se condenó a tres paramilitares, pero no se ha descubierto al autor intelectual. Todo indica que hay un general de la Policía involucrado.
Eduardo Estrada, por su parte, pretendía fundar en San Pablo (Bolívar) una emisora comunitaria contra la dominación impuesta por los actores armados ilegales desde finales de la década de 1990. Fue asesinado el 16 de julio de 2001 por el grupo paramilitar de Macaco. Hizo parte del Núcleo de Pobladores del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, donde fue miembro de la Junta de Acción Comunal del pueblo. Perteneció al Consejo Municipal de Planeación y, como candidato al Concejo Municipal por el Partido Conservador, creó y presidió la Asociación para el Desarrollo de la Comunicación y la Cultura de San Pablo (Adecosan).
La sentencia relacionada con Jineth Bedoya ordena, entre otras medidas de reparación, la creación de un centro estatal de memoria y dignificación de todas las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y del periodismo investigativo, y de un fondo destinado a la financiación de programas dirigidos a su protección. La sentencia relacionada con Eduardo Estrada ordena medidas indemnizatorias que difícilmente se podrán concretar. Pero en ella el juez censura drásticamente la relación de la fuerza pública colombiana con los paramilitares, que califica como “simbiótica”.
Una y otra sentencia ponen en evidencia, desde el exterior, como si fuera una radiografía, la necesidad de revisar la organización de la Policía y del Ejército para que no continúen atentando contra los derechos de la población colombiana. No es una descalificación genérica de las instituciones armadas en nuestro territorio, pero sí un juicioso llamamiento a adoptar correctivos para hacer realidad el Estado de derecho en nuestro país.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).
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