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Los ochenta años de firma del tratado que creó la ONU (la llamada Carta de San Francisco) pasaron bastante inadvertidos en Colombia y en el mundo. Esto podría deberse al debilitamiento acelerado de esta organización, cuya expresión más dolorosa es su impotencia para parar las atrocidades de Netanyahu en Gaza y la guerra en Ucrania.
El desencanto con la ONU es comprensible, pero es triste y desafortunado porque, sin un multilateralismo eficaz, el mundo no podrá enfrentar las grandes amenazas actuales: la triple crisis ambiental (cambio climático, contaminación y pérdida de biodiversidad), los riesgos nucleares, las guerras, las migraciones masivas, las pandemias, etc. Comparto entonces la visión de quienes, como el gran jurista italiano Luigi Ferrajoli, abogan por una forma de constitucionalismo cosmopolita, a través de un robustecimiento de la ONU y una corrección de sus defectos, a fin de lograr una verdadera “constitución de la tierra”.
En este momento de pesimismo y de crisis del multilateralismo, quiero recuperar una historia que los latinoamericanos poco conocemos pero que deberíamos reivindicar: la contribución de nuestra región al nacimiento de la ONU y a la incorporación de algunos de los mejores principios jurídicos en el derecho internacional de la posguerra.
El diseño de la ONU fue obra de las potencias triunfadoras de la Segunda Guerra Mundial, en especial de Estados Unidos y la Unión Soviética. La estructura y los principios esenciales de la organización fueron acordados en 1944 durante la conferencia de Dumbarton Oaks en Washington D. C., en la que participaron sólo esas potencias. No soy ingenuo: la creación de la ONU fue liderada por los poderosos y los vencedores. Pero no fue solo eso: América Latina tuvo un papel importante por dos razones.
Primero porque, debido a la subsistencia de los imperios coloniales europeos, existían en ese momento pocas naciones independientes; el peso numérico de América Latina fue entonces considerable: la Carta de San Francisco fue firmada por 51 Estados y 20 de ellos eran latinoamericanos.
Segundo, y tal vez más importante, porque América Latina tenía una tradición propia de derecho internacional, a veces (no siempre) aceptada por Estados Unidos. Era el llamado “derecho internacional americano”, cuya existencia fue defendida por grandes juristas de la región, como el chileno Alejandro Álvarez o mi abuelo (lo confieso orgullosamente), el colombiano Jesús María Yepes.
Este derecho americano tenía principios que no hacían parte de la tradición europea y que quedaron incorporados a la Carta de San Francisco, entre ellos, el rechazo a la guerra, al colonialismo y a la intervención de las grandes potencias. Esto se dio en parte gracias a que Estados Unidos impulsó esos principios americanos porque estaba liderado en ese momento por un presidente que defendía la política del buen vecino: Franklin Delano Roosevelt, tan lejano del matón internacional en que se ha convertido Trump.
Pero otros principios no estaban en el diseño de Dumbarton Oaks y su incorporación fue obra directa de la participación de América Latina en los momentos fundacionales de Naciones Unidas. Destaco al menos tres: i) el principio de buena fe en el cumplimiento de las obligaciones internacionales, impulsado por mi abuelo, que es una proscripción del cinismo de líderes como Putin o Trump; ii) la obligación de Naciones Unidas y de los Estados que la integran de promover el respeto de los derechos humanos, impulsada por el delegado panameño Ricardo Alfaro; y iii) la incorporación de los derechos sociales en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada tres años después, y que se debió esencialmente al delegado chileno Hernán Santa Cruz.
Esta tradición democrática del derecho internacional latinoamericano amerita ser recuperada y robustecida en momentos de crisis e incertidumbre como los de hoy.
* Investigador de Dejusticia y profesor Universidad Nacional.
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