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El largo pleito entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y el Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR) Doña Juana, lo perdió la ciudad: El Distrito tendrá que pagarle casi $430.000 al operador del relleno sanitario, por un desequilibrio económico, derivado de decisiones de la Uaesp, que afectaron el contrato. Así lo dieron a conocer los árbitros, luego de leer un extenso documento de casi 1.000 páginas, en el que explicaron punto por punto las razones de su decisión.
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Sin embargo, en algo le dieron la razón a la administración: los árbitros reconocieron algunos incumplimientos del operador y también la condenaron a pagarle al Distrito casi $17.000 millones. Aunque el monto es mínimo frente a la condena, hay un punto que se puede rescatar: el Tribunal ratificó que el contrato de operación termina una vez se cope la actual capacidad del área con licencia, lo cual podría ocurrir este año.
Vale recordar que en este proceso las pretensiones que superaban los $330.000 millones por parte del concesionario y una demanda de reconvención del Distrito por $115.000 millones. Al final, fue una decisión que superó las expectativas del demandante, con un balance de responsabilidades compartidas, aunque con un peso mayor para la ciudad.
El corazón de la disputa: ¿contrato o tarifa?
Para llegar a esta decisión, los árbitros tuvieron que resolver un asunto clave: la naturaleza de la remuneración al operador. Los árbitros debían definir si al operador se le pagaba tarifa regulada por la CRA o un valor establecido en el contrato. Esto era clave, pues vale recordar que el Consejo de Estado anuló el laudo de 2023, al considerar que los árbitros se extralimitaron al debatir la tarifa, algo que le competía solo a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).
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Sin embargo, en este nuevo laudo, los árbitros desestimaron al Consejo de Estado, al considerar que el contrato de operación de Doña Juana se regía por “remuneración convencional” y no por tarifa, al encontrar que a CGR lo seleccionaron por ofrecer el mayor descuento en la licitación. Esto permitió al Tribunal de arbitramento mantener su competencia para decidir sobre el equilibrio económico de los años 2010 a 2016.
Las condenas contra el Distrito
Con el asunto claro, los árbitros procedieron a debatir los argumentos de las partes y a tomar decisiones, en las que el Distrito llevó la peor parte. Para empezar, el laudo reconoce que hubo un desequilibrio económico cuando se modificó la licencia ambiental en 2014. En este punto, resaltaron que a CGR se le impusieron nuevas y mayores cargas ambientales, que eran imposibles de prever en 2010. Como la tarifa no se ajustó en su momento, el Distrito le debe pagar $68.451 millones al operador.
Pero el golpe más duro fue la condena por $231.491 millones que le tendrá que pagar la Uaesp a CGR Doña Juana como indemnización por la ejecución de las actividades de cierre, clausura y posclausura de las zonas del relleno sanitario que fueron operadas por concesionarios anteriores (como Aguas de Bogotá y Proactiva) y no por CGR.
Según los árbitros, el Distrito se comprometió con el operador en asumir el costo de los pasivos ambientales y las obras dejadas de realizar por operadores anteriores. CGR ejecutó estas labores de cierre, pero la entidad no entregó los recursos para cubrirlas. El monto inicial se tasó como un daño emergente de $106.870 millones, por los costos directos de las actividades ejecutadas año entre 2011 y 2024. Pero se le adicionan $124.621 como lucro cesante o rendimiento financiero del 13,92% anual (tasa pactada en el contrato).
Otra derrota está relacionada con los descuentos por indicadores de calidad. La Uaesp le descontó casi $10.000 millones de manera unilateral y sin cumplir el debido proceso y por eso debía reintegrarlos. Sin embargo, este monto se triplicó y ahora la administración debe reconocerle $33.098 millones, al incluir el lucro cesante, es decir, las utilidades que dejó de percibir por no contar con ese dinero en sus arcas. También le ordenó el pago de $8.644 millones, como lucro cesante derivado de la adjudicación del manejo de residuos mixtos a otra empresa desde 2020.
Aunque uno de los mayores debates en este pleito ha sido la ausencia de una planta de tratamiento de lixiviados, en esta oportunidad el tribunal de arbitramento le dio la razón a CGR y condenaron al Distrito. Los árbitros ordenaron una compensación por $70.551 millones a favor de CGR, por la insuficiencia en la remuneración por el tratamiento de lixiviados entre 2010 y 2016. Además, la restitución de $18.324 millones invertidos en la optimización de la Planta de Tratamiento de Lixiviados (PTL).
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Esta decisión es consecuencia de la nulidad de las cláusulas que obligaban al operador a invertir recursos propios en una infraestructura que, según se probó, fue entregada por el Distrito en estado de obsolescencia.
A favor de la Uaesp
En medio de la situación, el Distrito tuvo una victoria con su contrademanda. La UAESP logró demostrar que CGR Doña Juana ha sido negligente en aspectos operativos críticos y el Tribunal encontró probado que, entre 2021 y 2023, el operador solo realizó siete de los 36 mantenimientos mínimos exigidos para los pondajes de lixiviados, lo que puso en riesgo la estabilidad ambiental del relleno, por lo que condenó a CGR a pagar $12.526 millones. Además, le ordenó reembolsar al Distrito $4.035 millones por el pago de tasas retributivas de los años 2021 y 2022, suma que incluye los intereses de mora que la UAESP tuvo que pagar a la autoridad ambiental por culpa del contratista. La decisión la complementa la ratificación de que el contrato acaba, una vez se cumpla la capacidad de la licencia ambiental actual, lo cual, dicen, podría suceder este año.
¿Qué sigue en el pleito Uaesp y CGR?
Como era de esperarse, el fallo no cayó bien al Distrito, que ahora acudirá a las herramientas legales a disposición para controvertir la decisión. Un camino es el recurso de anulación, el mismo que se usó en el laudo de 2023 y que llevó el caso al Consejo de Estado, para analizar las decisiones. Allí la UAESP, sin duda, insistirá en la falta de competencia del tribunal sobre materias tarifaria. Además, no se debe dejar de lado que en el Tribunal de Cundinamarca avanza una discusión sobre la “insuficiencia tarifaria” y lo que pase en ese proceso será el complemento de lo decidido este viernes.
Todo esto ocurre en un momento clave: el fin del contrato: El laudo reafirma una realidad ineludible: el plazo del Contrato de operación no es por 20 años, como pretendía el operador invocando normas regulatorias, sino que está atado al copamiento de la capacidad licenciada. Según los cálculos de la interventoría avalados tangencialmente, esta capacidad se agotaría este año.
El Tribunal de Arbitramento dejó en evidencia, algo que se viene diciendo desde que se firmó el contrato en 2010: las deficiencias en la planeación le costarán miles de millones a la ciudad. Sin embargo, el operador no puede usar el desequilibrio económico para abandonar su responsabilidad con un sitio que vive una emergencia sanitaria latente. La ciudad ahora debe prepararse para la reversión del relleno, un proceso que, según advirtió el propio panel arbitral, será “el pleito más duro de todos”.
NOTA DEL EDITOR: El monto se modificó, ya que inicialmente no se tuvo en cuenta un item en el documento, que contenía la sentencia más alta contra el Distrito.
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Por Alexánder Marín Correa
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