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Hace un par de semanas, varios estudiantes de la Universidad Nacional recibieron un mensaje inesperado: habían sido excluidos de la Estrategia Matrícula Cero y Política de Gratuidad del Gobierno. El correo, enviado por la institución, indicaba que la decisión se tomó tras una revisión del listado oficial de los beneficiarios. En él también se adjuntaba los recibos de pago con el monto que debían desembolsar.
A Daniela Camargo, egresada de la Facultad de Derecho y una de las afectadas, le generó varias preguntas el correo. Cuenta que la imagen que acompañaba el mensaje “decía que, si no pagaba, no podría matricularme el siguiente semestre del posgrado. Terminé materias en diciembre de 2023 y ya me gradué el año pasado del pregrado. No entiendo qué pasó, si a nadie lo dejan graduarse con deudas pendientes”.
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Clara Elisa, otra estudiante que obtuvo su título de psicología hace dos años, también se vio sorprendida con el mensaje. Ahora dice que le están cobrando el primer semestre de 2023. “Me generó malestar que nos avisaran que el pago debía hacerse el 13 de junio, cuando el correo lo enviaron apenas el 6 de junio. Tampoco hay una explicación clara de por qué fuimos excluidos del beneficio”, comenta en una llamada.
Otro estudiante, de Economía, que prefiere que no revelemos su nombre, también se vio afectado con la medida. Señala que su deuda asciende a los $2.400.000 y que le informaron que no podrá inscribir materias hasta ponerse al día. “Me faltan tres semestres para graduarme y no tengo cómo costear el resto de la carrera”.
Desde la Universidad Nacional, Fernán Villa, integrante de la Dirección Nacional de Información Académica, Registro y Matrícula (DINARA), reconoce que el contenido del correo debió manejarse con mayor prudencia y que no se debió compartir masivamente, sin considerar si una estudiante había pertenecido a este beneficio o si incumplía con el reglamento operativo para pertenecer a la Política de Gratuidad. “Nos queda de lección que debemos mejorar en la comunicación”, admite.
Para aclarar qué sucedió, empieza explicando que los estudiantes están divididos en dos grupos: aquellos que deben asumir el costo total del semestre y quienes están cobijados por alguna de las 230 líneas de financiación que ofrece la universidad, entre ellas el programa Matrícula Cero. “Tenemos alrededor de 50.000 estudiantes y, aproximadamente, 40.000 pueden beneficiarse de alguna línea de apoyo. Este incidente afectó a cerca de 700 personas”, aclara.
Dentro de estas líneas, existe una modalidad llamada “giro cero”, en la que la universidad asume el costo de la matrícula. Para contar cómo es su funcionamiento, Villa lo ejemplifica así: “Un estudiante con excelente promedio académico obtiene una beca interna; en ese caso, la institución cubre el valor del semestre, no el Ministerio de Educación”. Lo mismo ocurre con otros programas de financiamiento. Sin embargo, advierte que “las condiciones cambian año a año, lo que ha generado confusión entre los estudiantes”.
¿Qué pasó con Matrícula Cero?
En cuanto a Matrícula Cero, los lineamientos sí son definidos directamente por el Ministerio de Educación, pues forman parte de la política nacional de gratuidad para estudiantes de instituciones de educación superior públicas. La ley establece que su implementación sería progresiva y dependería de la disponibilidad presupuestal del Estado. Por eso, se prioriza a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad: de estratos 1, 2 o 3, que pertenezcan a los grupos A, B o C del Sisbén IV y que no tengan un título profesional universitario.
Camargo recuerda que, con este beneficio, el pago de cada semestre se divide en tres partes. El primero, que es obligatorio, corresponde a los derechos académicos y, generalmente, como lo asume el estudiante, es el de menor valor; los otros dos eran cubiertos por el programa. En su caso, el semestre de derecho costaba $1.700.000: ella pagaba una cuota inicial de $350.000 y el resto lo asumía Matrícula Cero. “Era un subsidio bastante significativo”, sostiene.
Pero, ¿por qué fueron excluidos los cerca de 700 estudiantes? Villa, de la U. Nacional, responde que recibir el beneficio en un semestre no garantiza que se mantenga en el siguiente. Hay múltiples razones. Por ejemplo: haber obtenido un título profesional, técnico o tecnológico en cualquier institución (pública o privada), o haber superado el número de semestres financiables permitidos. “Las normas son claras: si se incumple algún requisito, el alumno sale automáticamente de ese beneficio”, precisa.
Otra de las razones que aclara es que muchos de los estudiantes que están beneficiados por matrícula cero en realidad hacen parte del “giro cero”. Es decir, cumplen con las condiciones de vulnerabilidad de la ley, pero han ganado una beca u otro de los beneficios ofrecidos por la universidad. Entonces, al final, su matrícula la termina pagando la institución y no el Gobierno. En estas líneas también hay unos requisitos puntuales que se tienen que entrar a evaluar.
Tras conocerse la situación de estos jóvenes, el Ministerio de Educación responde que los estudiantes excluidos del beneficio no hacen parte de la población sujeta de protección especial, no están clasificados en el Sisbén IV o no pertenecen a los estratos socioeconómicos 1, 2 o 3.
En resumen, concluye la cartera, los estudiantes que dejaron de ser beneficiarios no cumplen con los criterios establecidos para recibir este apoyo. Además, detalla que la Universidad Nacional, en el marco de su autonomía, deberá realizar una serie de normas para presentarle a los alumnos mecanismos que flexibilicen sus pagos, en caso de que ya no pertenezcan a esta política.
¿Una solución a la vista?
Desde que recibieron los correos, los estudiantes han insistido en obtener respuestas claras por parte de la Universidad Nacional. “La molestia es porque nos están cobrando semestres tan antiguos en este momento, no nos explican las razones por las que nos excluyeron, no sabemos el número de semestres que cubre el programa ni nos dicen cuáles son los criterios que aplican”, manifiesta Clara Elisa.
Ante las múltiples críticas, los representantes estudiantiles solicitaron a las directivas la instalación de mesas de diálogo. El primer tema abordado fue la posibilidad de un acuerdo de financiación.
“La representación intentó conciliar con la institución para que los pagos fueran a largo plazo. Se consiguió que se ampliara el plazo hasta diciembre”, indica Camargo, quien ha seguido de cerca estas conversaciones.
El resultado de esos encuentros quedó consignado en un decreto firmado por el rector Leopoldo Múnera, donde se establece que los cerca de 700 estudiantes involucrados tendrán como fecha máxima de pago el 15 de diciembre. Quienes no puedan saldar la deuda para entonces, deberán acercarse a la Dirección Nacional de Información Académica, Registro y Matrícula (DINARA) para acordar un plan de pagos.
Villa también recuerda que desde 2024 existe un acuerdo que permite a los estudiantes excluidos de fondos de financiación solicitar la reexpedición de su recibo con plazo oportuno. Además, la universidad habilitó una plataforma para que cada estudiante consulte el motivo específico de su exclusión. “Queremos que los estudiantes se apropien de su proceso. Estamos revisando estas situaciones para evitar nuevas confusiones y para que no se utilicen como herramientas de desinformación”, subraya.
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Como parte de las acciones de acompañamiento, la institución puso a disposición de los jóvenes afectados la Dirección de Bienestar Universitario para que cada estudiante se pueda acercar y pedir que revisen su caso puntual. El propósito de involucrar esta área, añade Villa, es para que se establezcan estrategias de atención para situaciones particulares en las que realmente se haya presentado algún tipo de vulneración.
Los estudiantes afectados esperan que, al finalizar las vacaciones de mitad de año, la universidad les brinde respuestas claras sobre su situación. Camargo le pide a las diferentes direcciones que “piensen en nosotros, los alumnos, y en el daño que nos están causando al eximirnos de este beneficio”. Clara Elisa, por su parte, señala que aunque en la reunión con los representantes estudiantiles se dijo que se darían explicaciones sobre las razones de la exclusión, pero, para ella, eso aún no ha ocurrido.
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