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En materia de infraestructura, una de las apuestas que ha estado la agenda reciente del Gobierno de Gustavo Petro ha sido buscar alternativas para la financiación de obras públicas más allá de las asociaciones público-privadas (APP) que se han usado desde hace más de 30 años. De manera recurrente, el Gobierno ha criticado el modelo de concesiones y ha insistido en los incumplimientos de las concesionarias.
Con ánimos de resolver esta situación, en el último año el Ministerio de Transporte ha insistido en la idea de que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) podría implementar un mecanismo de obras por valorización para el desarrollo de proyectos, es decir, que los recursos obtenidos del recaudo del impuesto de valorización que pagan los colombianos permitan desarrollar infraestructura pública que los beneficie directamente, como carreteras, túneles, puentes o viaductos.
William Camargo, ministro de Transporte, señaló en una reciente entrevista con medios de comunicación que el aumento de valor de los predios en la Costa Norte permitiría, por ejemplo, recaudar recursos para alimentar un fondo que sería destinado a obras nuevas. La idea ha venido tomando forma y, de hecho, el Gobierno propuso implementar el cobro por valorización en la vía Barranquilla-Cartagena y en la circunvalar de la Prosperidad.
Este jueves, Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), señaló que el gremio está a favor del mecanismo de obras por valorización. Sin embargo, esta iniciativa no podría ser implementada en el corto plazo, como sugirió el ministro de Transporte.
Más allá de las concesiones
Durante la asamblea de la CCI, realizada este jueves, Caicedo defendió el modelo de concesiones y rechazó los señalamientos del ministro Camargo sobre los incumplimientos de las concesionarias.
“Yo creo que está equivocado (el ministro Camargo). La mayoría de las concesiones se están cumpliendo. Si el modelo de concesiones generara alguna suspicacia o inquietud, no estaría el ministro anunciando un programa de quinta generación de concesiones por cerca de $25 billones. Ahí hay un voto de confianza en el modelo”, dijo el presidente de la CCI.
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En palabras del dirigente gremial, los incumplimientos se han presentado solo en casos puntuales y por “circunstancias de fuerza mayor”.
“Básicamente dos vías, Bucaramanga-Pamplona y posiblemente Mulaló-Loboguerrero tienen alguna dificultad. Las otras están avanzando normalmente”, precisó. Caicedo agregó que el modelo de APP ha permitido que el país haya invertido más de $100 billones en infraestructura, “ahorrándose esfuerzos fiscales de magnitudes insospechadas”, dijo.
Sobre el impuesto de valorización como instrumento de financiación de obras, Caicedo señaló que esta es una alternativa “válida”, pero criticó que a la fecha no se tiene claro cómo se hará realidad.
“Eso toma un tiempo largo y, la verdad, es que no hay ni siquiera un avance de lo que el ministro llama el plan piloto. Tenemos que confiar en que es un instrumento válido y que puede ser complementario al sistema de peajes y concesiones. Reitero, hay que tomarse un tiempo (…). No creo que de la noche a la mañana se vaya a poder reemplazar lo que ha funcionado en el país”, puntualizó Caicedo Ferrer.
En la misma línea, el líder gremial resaltó que históricamente el mecanismo de las concesiones ha generado 996.200 empleos y ha permitido intervenir 10.000 kilómetros de carreras, construir 31.100 puentes y ejecutar 90 túneles. “¿Acaso el Estado, habría tenido la capacidad de emprender semejante revolución? Me temo que no”, afirmó el presidente de la CCI.
La infraestructura y el futuro de la economía
El resultado del Producto Interno Bruto (PIB) de 2023 mostró que la economía colombiana tuvo un frenazo en seco en términos de crecimiento económico, lo cual se explica -en gran parte- por la caída de la inversión. La construcción, cabe destacar, fue la actividad económica con los peores resultados.
“En 2023, la inversión total cayó más que la fija por cuenta de una importante desacumulación de inventarios, que parecería estar asociado principalmente a los ciclos de las edificaciones”, señaló este jueves Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, durante un foro organizado por ANIF.
El ministro hizo un llamado a las empresas constructoras para que reactiven el desarrollo de obras en todo el país, para así impulsar el crecimiento económico en 2024. Sin embargo, para que esto llegue a buen término, se deberá definir cómo se financiará la infraestructura pública, considerando las limitaciones presupuestales del Gobierno.
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“Si queremos reactivar la economía, debemos hacerlo en el proceso de construcción de vivienda y la construcción de obras civiles y garantizar que los limitados recursos del país destinados a este tipo de obras, los utilicemos de la mejor manera posible”, dijo Bonilla este jueves.
Además de la propuesta de obras por valorización, desde el Gobierno se ha insistido en que las vigencias para proyectos con baja ejecución o que están frenados se puedan redireccionar a otras obras. Para Bonilla, para reactivar la economía se necesitan “obras reales no hipotéticas”.
El Ministerio de Hacienda publicó en la tarde del lunes un borrador de decreto que dice que para proyectos de inversión se necesitará la autorización del presidente para traslados presupuestales, vigencias futuras y su reprogramación, antes de que se inicie el trámite ante la dirección de presupuesto de Hacienda o del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), en el caso de vigencias futuras.
“No se trata de castigar a nadie, sino de evidenciar que la obra se hace y se requieren los recursos”, aseveró el jefe de la cartera económica este jueves.
La intención del Gobierno con el borrador de decreto es garantizar que los recursos se destinen a aquellos que son de importancia estratégica. En palabras de Bonilla, el Estado no debe girar recursos para proyectos que no están avanzando.
“¿Puede el Estado seguir entregando recursos para que las obras no avancen, pero se cumplan los contratos? Nosotros creemos que no, es hora de revisar hasta dónde podemos reformular algunos elementos de las vigencias futuras que están comprometidas, pero la obra no está respondiendo. Esas vigencias futuras nos están quitando espacio para financiar otras obras que también son prioritarias, pero no fueron declaradas como importancia estratégica”, señaló Bonilla en el foro de ANIF.
El borrador de decreto no gustó entre los gremios de la construcción. Para la CCI, “se trata de una iniciativa que genera incertidumbre grave en materia de seguridad jurídica y confianza inversionista, dada la subjetividad y falta de rigor técnico, que bien pueden condicionar las decisiones del Ejecutivo”.
El Producto Interno Bruto es una medición que no mide los flujos de caja (la entrega de dinero), sino los kilómetros reales de obra, y el balance del 2023 no es positivo. De ahí que, si se quiere reactivar la economía, la construcción de obras civiles y de vivienda tienen que decantar en proyectos que lleguen a feliz término. Uno de los escollos en el camino tiene marcado el signo pesos: ¿cómo y en qué condiciones se entregarán los dineros que permitan impulsar la construcción en 2024? Habrá que hacer más con menos.
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