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El presidente Gustavo Petro se ha movido con absoluta rapidez desde las dos de la tarde del pasado martes, 8 de octubre, cuando fue oficialmente notificado de una investigación en su contra en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Su gabinete ministerial y sus congresistas han hecho lo mismo y la sacudida del tablero político y judicial que emprendieron se podría resumir en numerosos trinos, cartas que varios han firmado, reuniones, llamados a movilizaciones, viajes a otros países para buscar respaldo internacional y el agite de una prematura campaña electoral.
Pero la decisión del ente administrativo no tomó por sorpresa al jefe de Estado, pues desde hace meses empezó a alimentar su discurso de un supuesto “golpe de Estado”, el cual terminaron por impulsar tácitamente los magistrados Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) al incluirlo en el pliego de cargos.
Por eso, en parte, ha encontrado eco internacional en los últimos días, en especial entre quienes también se denominan, como él, progresistas, que es la forma como se autobautizó ahora la izquierda: México, con Claudia Sheinbaum; Brasil, con Luiz Inácio Lula da Silva, y Bolivia con Luis Arce, están en ese abanico. Y, por supuesto, estos mensajes de solidaridad han sido compartidos con fuerza por el Gobierno.
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En las calles, el espacio más simbólico para el presidente y casi que su favorito, la cosa no ha sido igual. La noticia de una investigación contra un presidente, en el país que sea, es relevante, pero no ha sido capitalizada del todo con manifestaciones para mostrar músculo popular, pese a los mensajes que venía lanzando Petro pidiendo ese apoyo bajo la figura que él llamó asambleas populares.
En el Pacto Histórico, coalición del presidente que busca convertirse en partido único para el 2026, hubo un primer intento para medir fuerzas. Senadores y representantes citaron a un plantón en la Plaza de Bolívar para defender al presidente del caso en el CNE y dejar claro que su fuero lo protege de ser investigado por esta entidad. Se vieron trinos, mensajes y piezas gráficas con el hashtag #MarchoContraElGolpe.
Aun así, solo tres días después de haberse anunciado la decisión del CNE, la afluencia fue baja en comparación con otras movilizaciones. Además, la convocatoria se hizo para el mismo día en que a la Plaza de Bolívar confluyeron víctimas del exterminio de la Unión Patriótica para oír el perdón que les iba a pedir el Estado y el presidente Petro en persona. Usar fechas o eventos simbólicos para las marchas es una estrategia que viene usando el Gobierno desde este año.
En todo caso, el jefe de Estado canceló su participación por recomendación de su médico ante un cuadro respiratorio. Con ello, también se pospuso el evento, cuya organización costó $3.700 millones y fue contratada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica con la firma antioqueña Plaza Mayor, la misma que desde 2022 y hasta septiembre pasado tuvo a su cargo organizar todos los eventos del mandatario y la vicepresidenta Francia Márquez por un poco más de $23.400 millones.
Aunque la cantidad de personas que asistieron al lugar no fueron las que esperaba el Ejecutivo, sí estuvieron varias fichas del gabinete. Se vio al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien sigue insistiendo en el acuerdo nacional pese al poco apoyo de sus compañeros en el Ejecutivo; estuvieron las ministras de Trabajo, Gloria Ramírez; de Agricultura, Martha Carvajalino, y de Ambiente, Susana Muhamad, quien les dijo a las víctimas que el evento se cancelaba.
A propósito de altos funcionarios, la apertura de la investigación en el CNE fue una especie de baldado de agua fría que congeló, con instrucción de Petro de por medio, las disputas internas que hay en la Casa de Nariño. Según fuentes de Palacio, hay dos grupos muy marcados: uno que es más radical y simpatiza ciegamente con lo que dice el presidente, y otro más moderado por su temor de quedar enmarcados y no abrirse paso en otro proyecto ante una eventual derrota del progresismo en 2026.
Lo del CNE derivó en la orden de bajarles al tono a sus diferencias y a trabajar en conjunto bajo una misma narrativa: la del supuesto golpe, aprovechando la gasolina que les dio la investigación administrativa. Y también en torno a una misma necesidad: viabilizar resultados para frenar el relato de la oposición, que tampoco está quieta y busca capitalizar la arremetida de Petro contra parte de la institucionalidad.
Mientras esto sucedía, en Nueva York, un grupo de representantes del Pacto le pidió a Naciones Unidas vigilar la situación en Colombia. Y eso no es todo, pues el 16 de octubre, el mandatario se reunirá con el cuerpo diplomático acreditado en Colombia para explicarle su teoría del presunto intento de frenar su mandato y ver con quién más podría contar por fuera de las fronteras. En paralelo, el Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe —antítesis política de Petro— también hizo su movimiento, pero dirigido al Congreso de Estados Unidos, al que le pidió estar atento a lo que considera un posible golpe a la armonía democrática con lo que viene haciendo el Ejecutivo.
Y aunque esto puede no tener efectos concretos, mediáticamente funciona y genera ruido, como el que causó la solicitud de medidas provisionales para Petro que le hizo el vicecanciller, Jorge Rojas, a la Corte IDH. Pero el despliegue internacional solo es una de las estrategias del presidente para catapultar electoralmente su proyecto, pues la principal es la de insistir en el respaldo y la movilización callejera. El término “constituyente” parece haber quedado atrás ante el temor que despertó y, en su reemplazo, se fortaleció la palabra “popular”, que tanto usó Salvador Allende, expresidente de Chile, con quien Petro suele compararse.
Todo eso confluye en las reiteradas visitas del jefe de Estado a las regiones, la maratón de entrega de tierras y la cercanía con la gente que les pide con más insistencia a sus ministros. Un aspecto que lo ratifica es el contrato de $11.000 millones que firmó la Agencia Nacional de Tierras con Plaza Mayor para la organización de todos los eventos de entrega de predios.
Por lo mismo, el Gobierno, que hasta hace poco le apostó con fuerza a una estrategia de comunicación con grandes medios, optó ahora por acercarse a los regionales y comunitarios. Eso sí, a los primeros no los suelta, pero sí dirige mejor sus esfuerzos monetarios de pauta.
La primera muestra de ello fue la entrevista que les dio a varios un día después de conocerse el inicio de la investigación. Ese 9 de octubre les dijo a dichos medios que debía ir por el poder si quieren tumbarlo y lanzó duros dardos contra los magistrados del CNE y sus antecesores Santos y Duque.
En medio de esto no se puede dejar de lado que sí existe un expediente andando contra la campaña de 2022, por lo que los magistrados del CNE buscarán que antes de junio de 2025 se resuelva de fondo este caso. El acervo probatorio, conocido en su integridad por El Espectador, evidencia una posible violación de los topes de financiación que superaría los $3.000 millones. Además, en la Comisión de Acusación de la Cámara hay otro proceso que sí toca directamente a Petro, el cual el mandatario pidió esta semana que se haga público y que, según sus palabras, sí le genera preocupación política, porque allí podrían conformarse mayorías para llegar aún más lejos que con el solo dosier administrativo.
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Y aunque esas líneas jurídicas avanzan, con alta carga de politización, el mandatario y su defensa parecen estar tranquilos de puertas para adentro. Si bien mediáticamente a Petro le sirve decir que hay un golpe en su contra, lo que el editorial de este diario del 10 de octubre resumió como la fórmula que le da “fuego retórico a un presidente impopular”, en realidad no lo estaría trasnochando, pues los réditos electorales pueden ser varios. De hecho, el caso se puede caer fácilmente por las numerosas dudas que hay en torno a la facultad del CNE para investigar a un mandatario, así sea en calidad de candidato.
Por ahora, así como la directriz de la Casa de Nariño es sacarle el mayor provecho a esta situación para intentar pavimentar el camino a las urnas para la reelección del progresismo en 2026, la oposición del Centro Democrático y Cambio Radical, aupada por otras fuerzas, también se mueve para capitalizar la polarización e intentar sacar a la izquierda del poder en las próximas presidenciales.
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La radiografía de los efectos de una decisión administrativa, que todos los bandos en disputa política están aprovechando, demuestra que la anticipada campaña se polarizará aún con más fuerza en los siguientes meses y que el 2025, año preelectoral, puede ser aún mucho más caliente que este. La disputa en estos 663 días que restan a partir de este domingo para el relevo presidencial promete aumentar en decibeles.
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Por Laura C. Peralta Giraldo
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