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No pocas veces hemos hablado en estas páginas de las vulnerabilidades particulares que enfrentan las mujeres migrantes: su mayor exposición a redes de trata, a la explotación sexual, al desempleo o a condiciones laborales irregulares. Más aún: cómo la violencia y falta de oportunidades y de acceso a derechos en sus lugares de origen han estado entre los motivos para migrar.
Si se habla de la necesidad de una política migratoria con enfoque de género, cómo no hacerlo al hablar del proceso de diálogo social y político en Venezuela, a propósito de la conferencia internacional que se desarrolla este martes en Bogotá por convocatoria del Gobierno de Colombia y a la que asisten representantes de 20 países.
Espacios para la participación política de las mujeres “deben crearse y los (espacios políticos) que ya existen deben diversificarse para que ellas tengan participación”, señala Daniella Monroy, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario.
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¿Por qué o para qué? Monroy, quien también es consultora asociada de Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano, asegura que es necesario que quienes se ven “directamente afectadas” por temas como la sobrecarga en los trabajos de cuidado, las brechas salariales, la falta de derechos sexuales y reproductivos, entre otros, sean las que participen de la discusión.
Precisamente en la antesala de la conferencia internacional, una colectividad denominada “Grupo de Mujeres por el Diálogo y la Paz de Venezuela” emitieron un comunicado dirigido tanto al Gobierno colombiano como a quienes lideran el gobierno y la oposición en Venezuela con el objetivo de que “se incorporen a todos los sectores/movimientos sociales que hacemos vida en el país”.
Se trata de una inclusión “tanto en la mesa de diálogo convocada en Colombia como en cualquier iniciativa de acuerdos políticos para el fortalecimiento de la democracia y la paz en Venezuela”. Más aún, piden “que se cree un grupo de trabajo que haga seguimiento a los acuerdos de la mesa de diálogo, con participación paritaria y representación de los diversos sectores/movimientos”.
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Este grupo, consolidado por la Asociación Cauce, dedicada a la formación política de mujeres de posturas políticas distintas e incluso opuestas, solicitan que “se priorice en el diálogo la inclusión de la agenda de derechos humanos de las mujeres, en especial aquellos que afectan nuestra salud, nuestra autonomía económica y nuestro derecho a una vida libre de violencia”.
Natalia Brandler, presidenta y vocera de la Asociación Cauce, explica que, aunque desde la sociedad “hay participación continua”, estas acciones no inciden en las decisiones de alto nivel. En pocas palabras, Brandler explica que se necesita un acuerdo que incluya temas importantes para nada menos que la mitad de la población y el pueblo en general.
Pone como ejemplo los derechos a la salud sexual y reproductiva, pues en Venezuela “no hay acceso a anticonceptivos, son excesivamente costosos”, así como hay falencias en el cuidado prenatal, la atención materna o a enfermedades como el cáncer. Sin olvidar las violencias basadas en género y la necesidad de avanzar en los marcos regulatorios para prevenirlas y combatirlas.
“No podemos olvidar que Venezuela es gobernada hace décadas por la revolución bolivariana, ideología ortodoxa y conservadora en muchísimos aspectos que, naturalmente, afectan mucho más a las mujeres”, agrega Monroy. “Urge para Venezuela un abordaje político con enfoque de género y que considere un sistema de cuidado en el que se evalúen las particulares afectaciones que, por ser mujeres, las han afectado dentro de esta violación de derechos humanos que evidenciamos hoy”.
Enfoque de derechos humanos
En vísperas del esperado encuentro en Bogotá, decenas de organizaciones y personas de la sociedad civil (que por cierto no tiene representación en la mesa de negociación instalada en México entre el gobierno de Venezuela y la oposición) se manifestaron a través de otro comunicado para que las discusiones se sostengan con base en el “reconocimiento y respeto de los derechos humanos, y las exigencias de justicia de la población”.
“En estos esfuerzos multilaterales es fundamental evitar que las graves violaciones de derechos humanos queden cobijadas por un manto de impunidad y tengan mayor escalada y daño en la población. Por esto es crucial que las cancillerías, presidentes y legisladores, y en general la comunidad internacional, adopten un enfoque de derechos humanos en sus esfuerzos por establecer mecanismos de comunicación y cooperación con las autoridades venezolanas”, señalaron.
Como expectativas y prioridades en el marco de una reactivación de diálogos señalan “medidas inmediatas y efectivas” para atender la emergencia humanitaria que enfrenta la mayoría de la población; la celebración de elecciones libres; el impulso de un sistema de justicia independiente; la protección a la población migrante, con enfoque diferencial para grupos vulnerables como las mujeres, la población indígena y la población LGBTIQ+, entre otros.
“Para no reducir la democracia a un evento electoral, los asistentes a la cumbre también deberán intercambiar ideas sobre su papel en la ampliación de la interlocución en la mesa de México, de tal manera que se incorpore tanto a la sociedad civil como a otros actores políticos”, señaló la semana pasada la iniciativa de análisis e incidencia internacional en derechos humanos Alerta Venezuela, firmante, además, del comunicado mencionado.
“Igualmente, la cumbre debe pensar en fórmulas para la inclusión progresiva en la agenda de México del tema de los derechos humanos, la independencia de la justicia, el control territorial y la recuperación del monopolio de la fuerza por parte del Estado”, agregó. Como explica Ligia Bolívar, coordinadora de Alerta Venezuela, la discusión sobre los derechos humanos ni siquiera ha llegado a la mesa en México, “lo más cerca que han llegado es al Acuerdo Social”, firmado en noviembre y que no se ha puesto en práctica por el estancamiento que la cumbre en Bogotá busca desatascar.
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