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El debate de estos días ocasionado por el fallo del Consejo Nacional Electoral (CNE), que se atrevió a tocar el omnímodo poder que hoy ostenta el ciudadano ex irruptor de la Constitución, Gustavo Petro Urrego, revuelve mis viejos apuntes de derecho. Ojalá me quedara tiempo para repasar la obra de Vázquez Carrizosa sobre el Poder Presidencial y temas adyacentes. No soy gran lector ni jurista de profundidad, tan solo estudioso e interesado siempre en el tema.
Pero es que escuchar, de buenas a primeras, al presidente de la República soltar la insólita frase: “si van a tumbarnos del gobierno, vamos por el poder” provoca un huracán de sospechas y abre la discusión entre lo que se entiende por gobierno y lo que significa el poder.
Digamos que el gobierno y la jefatura del mismo es el poder ejercido con ponderación y ajuste a normas preestablecidas, esto es, limitado por acuerdos civilizados en lo que constituye el estado de derecho. Bien, hasta aquí bien. Poder, en cambio, es un ejercicio del mando, con desborde del animus imperandi, es decir, del ímpetu de dominio de cada quien. El presidente Petro lo dice, tal vez sin darse cuenta de que él ya incurrió en ese desborde de mando cuando expresó, sin pudor alguno, ser el jefe del fiscal y esto cuando todavía no había incursionado en su nombramiento ni presionado por todos los medios nacionales y, cabe decir, internacionales, hasta hacerse a una fiscal, que a poco de su posesión en el salón del tapiz de Amaral, llamó a juicio al enemigo público número uno de su nominador, al ya histórico expresidente Álvaro Uribe. Y sigue cooptando a otros funcionarios que, en términos de gobierno, estarían llamados a controlarlo, en este caso, a una personalidad formada en la espesura de la revuelta.
He creído siempre en la liberalidad del perdón, en la apertura de cárceles políticas y, en general, en el rechazo a someter al ser humano a cautiverio como fiera de zoológico, vulnerado en su libre albedrío y libertad de espíritu con que el creador lo dotó dentro de una serie de maravillas y complejidades que maltratamos sin comprenderlas.
Lo que no me convence dentro de esta aceptación de inmunidad, es que se les otorguen credenciales de gobierno a los implicados, todo porque venir de la rebelión sería la primera y principal causal de ineptitud para desempeñar funciones que parten del respeto esencial a instituciones que se han combatido y es ello el origen mismo de los hechos punibles (para hablar en el lenguaje de los códigos).
Me sorprende que los grandes periódicos prefieran criticar la institución en trance de ser irrespetada antes que a un poderoso intocable en lo esencial de su elección: la legitimidad de los recursos que lo llevaron al gobierno. Y, además, que recurre al ataque personal a los magistrados, porque lo son.
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