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La Procuraduría investigará los incumplimientos detrás del contrato SCJ-1904-2023, que firmó la Secretaría de Seguridad por $14.339 millones, para instalar cámaras de vigilancia de última tecnología, (reconocimiento de placas), para reforzar la seguridad en la capital. Según el ente disciplinario, a la fecha, el avance físico del contrato es del 68,5 %, con una ejecución presupuestal del 50 %. El pero está en que de las 200 cámaras contratadas, solo se han instalado 50, es decir, apenas el 25 % del componente principal del proyecto.
Pero no es el único aspecto que motiva la actuación disciplinaria. Según el ente de control, hallaron también una planificación deficiente y fallas técnicas no previstas; tres prórrogas y tres suspensiones sin soporte presupuestal; controversias contractuales por más de $2.000 millones, y sustitución de la interventoría por una supervisión interna, de la misma Secretaría, sin respaldo técnico.
El dolor de cabeza del contrato
El hurto de automotores y el uso de algunos de estos para la comisión de otros delitos representan una problemática en la capital. Así lo evidencian cifras oficiales, que indican que entre el primero de enero y el 11 de junio de este año se han registrado 1.207 hurtos de automotores (casi siete al día). Si bien, hay una reducción del 38% frente al mismo periodo de 2024, este delito tradicionalmente ha sido una preocupación.
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Por eso, ante este panorama, en la administración de la alcaldesa Claudia López, a través de la Secretaría de Seguridad, le apostó por fortalecer sus capacidades tecnológicas, de infraestructura y sistemas de información, para tener más herramientas contra el robo de automotores. Y fue cuando contrataron la instalación de 200 cámaras, con la capacidad de identificar y recopilar información de placas y otros datos de vehículos, para rastrear y capturar de manera más rápida a los delincuentes.
El contrato se celebró el 6 de diciembre de 2023, con el consorcio LPR SCC, por $14.339 millones Su objeto era suministrar e instalar cámaras de videovigilancia LPR (Licence Plate Recognition), distribuidas por toda la ciudad, en puentes peatonales y vehiculares, de los principales corredores viales de la ciudad e integradas con los ocho centros de monitoreo existentes.
“Con la operación del sistema LPR se podrá realizar el reconocimiento automático de placas, permitiendo capturar y generar una base de datos de gran volumen, posibilitando la función de consulta antes, durante y después de un hecho de emergencia o seguridad, en donde está relacionado un vehículo objeto de verificación”, argumentó en su momento la pasada administración.
Sin embargo, y a pesar de que el Distrito exaltó que por primera vez Bogotá contaría con esta infraestructura física y tecnológica, que mejoraría la reacción de las autoridades y facilitaría su lucha contra los mercados ilegales, la promesa se ha cumplido a medias. La ejecución del contrato duraría seis meses. Sin embargo, han trascurrido 18 y a la fecha solo se ha instalado el 25% de los equipos, por suspensiones y prórrogas injustificadas, como lo sospecha la Procuraduría.
La concejal, Diana Diago (Centro Democrático) se ha encargado de ponerle la lupa al contrato y ha citado al actual secretario de Seguridad, César Restrepo, a debates de control político para preguntar por la suerte del contrato. A través de un derecho de petición, la Secretaría de Seguridad le respondió a la cabildante que las cámaras las entregaron el 16 de julio de 2024 y, pese a que debían quedar instaladas el 5 de agosto, no se cumplió y a la fecha, 150 equipos siguen guardados en el Parque Industrial Urapanes.
La explicación a esta demora, dice la entidad, es que la instalación se ha visto afectada por obras de infraestructura como la troncal de Transmilenio por la Avenida 68 y el viaducto de la Línea 1 del Metro, en tanto que las distancias necesarias para instalar las acometidas eléctricas son mayores de lo previsto.
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“El sistema de videovigilancia es todo un reto. Una ciudad en obra impone desafíos en la reubicación del servicio. De las 200 LPR, están instaladas 70 y las otras no se han podido instalar, porque a quien firmó el contrato se le olvidó que había que pagar obras adicionales, como el cambio de ubicación de las cámaras”, complementó el secretario, César Restrepo.
Esta respuesta no convenció a Diago quien señala que, en este caso, “no se trata de quien firmó el contrato, sino quien lo ejecuta y él (Restrepo) tendría que estar haciéndolo. Ya ha pasado más de año y medio y solo da excusas”, sentenció Diago.
Vale recordar que en la respuesta, el propio secretario señaló que el proceso se aplazó para no declararle caducidad al contratista e indicó que los equipos se instalarían en febrero de 2025, pero esta fecha tampoco se cumplió. La cartera de Seguridad aprobó al consorcio otra prórroga de 5 meses, modificando así el término ejecutorio, hasta el 27 de noviembre de 2025.
“Si bien hay obras por hacer, las cámaras se pueden instalar, porque los contratistas tienen unas obligaciones. No hay que lavarse las manos. Necesitamos gerentes que sean capaces de solucionar”, sentenció Diago. Aunque se buscó al secretario de Seguridad, al término de esta publicación no hubo respuesta.
La Procuraduría Primera Distrital de Instrucción fue la encargada de ordenar la práctica de pruebas, para determinar si los hechos constituyen faltas disciplinarias y establecer las responsabilidades del caso. Por ahora, las 150 cámaras de videovigilancia LPR siguen apiladas en una bodega, mientras la ciudadanía sigue exigiendo mayor seguridad en las calles de Bogotá, para disminuir esa percepción donde siete de cada 10 capitalinos siente que la seguridad va de mal en peor.
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Por María Angélica García Puerto
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