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El presidente de Chile, Gabriel Boric, hace pausas en sus vacaciones para conectarse a las reuniones que sostienen funcionarios de varios ministerios en un afán por resolver el caso de Ronald Ojeda Moreno. Es un asunto gravísimo para su Gobierno. Y es que, si las hipótesis son correctas, a este teniente venezolano en retiro, que permanecía asilado en Santiago de Chile, lo habrían secuestrado agentes al servicio del gobierno de Nicolás Maduro.
Del paradero de Moreno, quien se refugió en Chile luego de ser acusado de traición en Venezuela y encarcelado en la prisión de Ramo Verde, poco se sabe todavía. El miércoles, mientras se encontraba en su departamento en la comuna de Independencia, en Santiago de Chile, fue abordado por un grupo de secuestradores que lo sacaron de la cama, lo desnudaron y lo subieron a un auto que luego abandonaron cerca al aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez.
“El teniente Ojeda se encontraba descansando con su familia cuando entró un grupo de personas haciéndose pasar por la policía de inmigración de Chile”, dijo José Rodríguez, miembro de la Fuerza Armada Patriota de Venezuela, un grupo opositor al gobierno de Nicolás Maduro.
Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad. Las imágenes fueron difundidas por Rodríguez en YouTube. Los delincuentes se habrían disfrazado de autoridades migratorias para que el vigilante los dejara pasar. No se sabe si Ojeda sigue en Chile o si lo sacaron a otro país. La oposición venezolana dice que Maduro ordenó su secuestro, y tienen varias razones para defender su hipótesis.
Este jueves, un día después del secuestro de Ojeda, inició el juicio contra Franklin Caldera, primer teniente venezolano que cumple más de 1.100 días en prisión por haber desafiado al gobierno de Maduro en medio de la llamada Operación Aurora en 2019. El caso de Caldera lo tienen muy presente los militares disidentes y la oposición porque él se había refugiado en Norte de Santander, en Colombia, y allí fue detenido y secuestrado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM).
“Recuerden que fue secuestrado en Colombia por la DGCIM y el Ejército de Liberación Nacional (Eln)”, dice el padre del primer teniente, Franklin Caldera, quien dijo que su hijo fue conducido a través de trochas hasta un centro de torturas en Caracas.
Así que, con el precedente de Caldera y otros casos similares, la oposición venezolana y la disidencia del chavismo temen que los tentáculos del gobierno de Maduro hayan atravesado las fronteras y ya no se encuentren seguros en ningún país. Guarequena Gutiérrez Silva, quien fue embajadora de Juan Guaidó en Chile, durante su presidencia interina, dijo que “esta situación nos da miedo a todos. Millones estamos buscando seguridad, sobre todo jurídica, en otros países” y la posibilidad de un secuestro siembra el pánico.
“Estamos ante una operación de extradición del régimen de Maduro acá en Chile. Una operación de extracción la hace un grupo especializado. Los preparan para eso, al estilo ruso, los preparan para violar soberanías de países y llevarse a personas que son requeridas por el gobierno venezolano”, le dijo Alexander Maita, coordinador general de Vente Venezuela en Chile, el partido de María Corina Machado, al diario Emol. “La sensación que nos deja es de inseguridad porque para nosotros Chile comienza a ser un país muy inseguro a nivel de asilo”, agregó.
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Por décadas, organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW) han documentado cómo diversos gobiernos atraviesan sus fronteras para silenciar a la oposición. El de Maduro ha sido uno de esos gobiernos que ha hostigado a la disidencia, así no se encuentre en su país. Aunque no es un fenómeno, a menudo ha sido minimizado o ignorado y merece un llamado a la acción desde una perspectiva global centrada en los derechos, según HRW.
Otros casos que se asemejan a los asociados con el gobierno venezolano son los de Jamal Khashoggi, periodista de Arabia Saudita que fue asesinado en Turquía en 2018, o el del activista indio Singh Nijjar, indio quien fue asesinado en Canadá, según el gobierno canadiense, por agentes de la India. También entre los casos notables está el de Leon Trotsky, quien fue asesinado en México por orden de Joseph Stalin, o el asesinato de Orlando Letelier, diplomático chileno que sufrió un atentado con carro bomba en Estados Unidos.
Por las características que maneja el caso del teniente Ojeda, la oposición se ha apresurado a apuntar a Maduro como el responsable. Sin embargo, todavía no hay información que corrobore esa denuncia. Pero para los expertos como Andrei Serbin Pont, Director de Investigaciones de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), es evidente que el gobierno venezolano participó en este caso. La incógnita que le queda es si fueron agentes venezolanos o miembros de una organización criminal, como el Tren de Aragua, que habrían sido convocados por Maduro para realizar el trabajo.
“El éxodo de migrantes ha sido instrumentalizado por el régimen de Maduro, porque esta migración le permitió un montón de ventajas. Llevaron, por ejemplo, grandes cantidades de agentes de inteligencia al exterior y exportaron el modelo de organizaciones criminales complejas como el Tren de Aragua. Este grupo criminal tiene conocimiento del terreno, vínculos con otros grupos o incluso la policía local, acceso a armas, uniformes, equipamientos y vehículos… toda una estructura logística. Y hay que recordar que los gobiernos siempre aprovechan a los migrantes para establecer redes de inteligencia en el exterior. Lo hizo Estados Unidos con los migrantes italianos durante la Segunda Guerra Mundial. No es una práctica que se haya inventado el chavismo. Siempre se instrumentalizan estos grupos armados”, dice Serbin Pont.
Cualquiera de las dos opciones, un trabajo de la inteligencia venezolano o un pedido al Tren de Aragua, plantearía un desafío inmenso para el presidente Boric y para todos los gobiernos de la región, que tendría que estudiar formas de responder a un ataque antidemocrático de este calibre. Dejar el caso en el aire, dicen los expertos, fomentaría un ambiente nocivo para quienes buscan refugio y para quienes a nivel nacional pueden temer que algo así les ocurra en otro país.
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“Mientras las democracias sigan fomentando relaciones estrechas con los perpetradores de la represión transnacional, es posible que los exiliados que viven dentro de sus sociedades nunca se sientan completamente seguros”, dice Yasmeen Serhan, periodista de la revista Time.
Pero mientras Chile esclarece el caso, y se despejan las hipótesis y los desafíos que podría representar que la desaparición del teniente Ojeda haya sido una orden de Maduro, lo que no puede ocurrir es que la investigación pase desapercibida, como ha pasado con el caso de Caldera, pues tiene implicaciones para toda la región.
“Yo siempre digo que estas cosas nos terminan afectando a todos a la larga. Estos son los mismos mecanismos que el régimen venezolano está usando en contra de opositores en el exterior y que otros regímenes represivos que están haciendo esto con elementos distintos en otros países. Y estos mecanismos podrían ser usados para reprimir a la sociedad civil, a los medios de comunicación y a otros muchos actores a nivel nacional. Por eso es tan preocupante”, concluye Serbin Pont.
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