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El pasado 17 de octubre, dos hombres llegaron a la ceremonia tradicional que honra la muerte de Jean Jaques Dessalines, el esclavo negro que se levantó contra Francia y dio paso al nacimiento de Haití, el primer país libre de América Latina. Los dos hombres estaban vestidos de blanco y corbata negra. Ambos rodeados por gente armada que vigilaba su seguridad. Ambos dicen tener el poder en el país, pero solo uno de ellos tiene razón. Fue fácil ver quién.
Cuando Jimmy Chérizier, alias Barbecue, llegó al evento, el presidente de Haití, Ariel Henry, salió huyendo del lugar a buscar refugio en una comisaría. Chérizier, líder de la alianza de pandillas G9 y Familia, se convirtió en el pandillero más poderoso de Haití, y al llegar a la ceremonia solicitó que el presidente se fuera. Los policías que debían proteger al mandatario aplaudieron la llegada del criminal y estuvieron atentos a su orden. El mensaje es muy claro: acá gobiernan las pandillas, el país les pertenece y no dejarán que nadie más tome el control.
No es una historia nueva. Antes de su asesinato, el presidente Jovenel Moïse enfrentaba una grave crisis de gobernabilidad. Organismos de derechos humanos habían denunciado la relación del mandatario con las pandillas. El pasado mes de abril ocurrió algo increíble: en plena rueda de prensa, Izo, el líder de una famosa pandilla de Puerto Príncipe, llamó al ministro Joseph Jouthe, quien sin rubor le prometió “levantar los controles que se habían puesto en una carretera de un barrio azotado por la banda” y se comprometió con el delincuente a llamarlo “en la noche”. Sin palabras. El gobierno central está sometido.
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Jouthe, mano derecha de Moïse antes de su muerte, se defendió diciendo que le contestó “como lo haría con cualquier ciudadano, por eso tiene mi número personal”. Y agregó, “las pandillas se ven como agentes de desarrollo en los barrios y por eso piden mi ayuda”. Pero es claro el control que ejercían sobre el gobierno. Lo que no está claro es quién ejerce control sobre las pandillas.
“(Ahora) detrás de Barbecue están aquellos que estaban alineados con Jovenel Moïse, que quieren evitar que los políticos por fuera de su círculo obtengan mejores posiciones en el sistema político actual”, le dijo un analista de seguridad a InSight Crime.
Las pandillas concedieron una breve tregua de dos semanas entre el asesinato del presidente Moïse y su entierro, llevado a cabo el 23 de junio. Desde entonces y ante el vacío de poder, se convirtieron en los amos y señores del país más pobre y corrupto de América Latina.
“Han pasado meses desde que pedimos ayuda, y como no hemos tenido seguridad contra los secuestros pedimos a la población que suspenda toda actividad”, dijo a la AFP Changeux Mehu, presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores. Durante un día solo circularon carros de la Policía por Puerto Príncipe.
“Los bandidos han ido muy lejos. Secuestran, violan mujeres. Hacen lo que quieren”, agregó Mehu, resignado ante la tragedia, que tiene un efecto colateral: la huida de miles de haitianos en aventuras migratorias en las que arriesgan lo poco que las pandillas les quisieron dejar.
La situación en Haití se ha salido de control. El poder de los criminales es tan grande que investigadores estadounidenses señalan que la isla es un auténtico narco-Estado. Esa situación ha llevado al crimen a vivir a sus anchas en Haití: el secuestro, la extorsión, el asesinato y una larga lista de crímenes están a la orden del día.
Cualquiera puede ser secuestrado en Haití. Los pandilleros escogen sus víctimas al azar, sin ningún patrón específico, lo único que los mueve es el dinero. Un informe del Centro de Análisis de Investigación en Derechos Humanos (CARDH por sus siglas en inglés) contabilizó 117 secuestros solo en septiembre, 60 % más que en agosto, cuando se notificaron 73 raptos.
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Desde el comienzo del año, se han reportado 628 secuestros en el país, entre ellos 29 extranjeros de tres nacionalidades. Hace una semana 16 misioneros estadounidenses y un canadiense cayeron en manos de la temida 400 Mawazo, una banda célebre por los raptos en masa en plena calle o en iglesias, hoy las principales víctimas. Si se tiene en cuenta que el conductor haitiano del camión en el que viajaban los misioneros también fue secuestrado, el total es de 18 rehenes. Dicha toma obligó al jefe de la Policía haitiana, Leon Charles, a dimitir, abrumado por la pérdida del control.
Estudiantes, vendedores informales, comerciales y hasta policías son víctimas del crimen. Según cifras proporcionadas por la Comisión Nacional de Desarme, Desmantelamiento y Reintegración, existen más de 76 pandillas en el país y más de 500.000 armas ilegales en manos de civiles.
Para Djmes Olivier, quien estudia el fenómeno de las pandillas en Haití, el aumento de los casos de secuestro se debe a la facilidad con la que se recauda el dinero. “Hasta hace poco, la gente solía ser asaltada cuando regresaba del banco. Pero estos actos han bajado mucho. Los bandidos están pensando en otras estrategias, y con el secuestro se gana dinero más rápido. Hay grupos especializados en secuestros, pero son cada vez más pequeños grupos armados que lo hacen también, porque es lucrativo”.
Por eso no sorprendió que los secuestradores de la pandilla 400 Mawazo pidieran un rescate de US$17 millones a la iglesia a la que pertenecen los misioneros para “no meterles una bala en la cabeza”, como comunicaron horas después del secuestro. El ministro de Justicia, Liszt Quitel, confirmó la implicación de esa banda armada e indicó al diario estadounidense The Washington Post que los secuestradores exigen habitualmente grandes sumas que luego son rebajadas en las negociaciones. El ministro aclaró, eso sí, que su equipo no participa en las negociaciones. La tarifa media de rescate, dicen los informes, ronda entre los US$1.000 Y los US$100.000 para los casos locales.
Debido a su poder, las pandillas se han vuelto importantes para la investigación sobre el magnicidio del presidente Moïse que ha cambiado de rumbo súbitamente mientras continúan las capturas de los hombres relacionados con el magnicidio. La semana pasada cayó en Jamaica Mario Antonio Palacios Palacio, uno de los militares colombianos en retiro que está señalado de participar en el operativo y es considerado de “alto valor” para esclarecer qué sucedió en la noche del asesinato de Moïse.
Hoy las miradas acusadoras se posan sobre las redes criminales al servicio del narcotráfico que operan en la isla, que tienen sitiadas las principales ciudades, particularmente la capital, Puerto Príncipe. Los investigadores han dejado la versión de que Moïse había sido asesinado en un retorcido plan para tomar el poder en un segundo plano y empiezan a mirar el incalculable dominio y la influencia de las bandas criminales, sus socios y sus intereses en la desaparición de Moïse.
Haití es un país clave para el tránsito de las drogas hacia EE. UU. gracias a la complicidad de funcionarios, políticos, policías y otros cuerpos de seguridad del país, y se teme que estos hayan jugado un papel importante en el magnicidio. El periódico The New York Times reveló que ni siquiera Moïse se salvaba de las sospechas. Meses antes de su muerte, Lissner Mathieu, un narcotraficante convicto, fue arrestado por la DEA y enviado a EE. UU. El criminal demostró que era empleado del presidente asesinado, al que le prestaba “servicios profesionales” y además mostró varias fotos suyas con Moïse en campaña.
Luego salió a la luz un dato que hizo cambiar el posible móvil del crimen: Dimitri Hérard, director de la Unidad de Seguridad General del Palacio Nacional (la residencia presidencial) es investigado en EE. UU. por la desaparición de inmensas cantidades de droga incautada en operativos oficiales; el segundo encargado de la seguridad presidencial era Jean Laguel Civil, también bajo sospecha de delitos relacionados con el tráfico de drogas. Todos en el poder parecen tener algún nexo con el crimen organizado, y ahora este se ha convertido en la pieza clave para resolver el crimen.
Entre tanto, los haitianos continúan sufriendo las consecuencias del control de las pandillas. No solo es la inseguridad que estas producen, sino el desabastecimiento. Las bandas criminales controlan el puerto por el que pasa el 70 % de la gasolina. “No hay presidente, ni gasolina, ni dinero, solo hambre”, sentenció un hombre desesperado en Puerto Príncipe al diario El País, de España.
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