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Con la mirada puesta en que al menos parte de su agenda legislativa no termine de morir en el Congreso, y en que además el relato en torno al supuesto intento de frenar el mandato de la primera administración de izquierda que tiene el país se fortalezca a nivel interno e internacional, el presidente Gustavo Petro moverá esta semana varias de sus fichas para concretar la estrategia con la que espera conducir al progresismo hacia una reelección en el poder en 2026.
Todo se junta en medio de las discusiones que ha venido abriendo la Casa de Nariño en diversos frentes, pero que –como lo explicó El Espectador en su edición de este domingo– encontró una bandera para agitar en su rechazo público y certero a la investigación administrativa que desplegó el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la campaña presidencial de 2022 por presunta violación a los topes de financiación.
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Y en todo eso las próximas 96 horas son fundamentales. En efecto, varios ministros tienen la instrucción directa de jugársela a fondo estos cuatro días por sacar adelante en el Capitolio proyectos claves para la Casa de Nariño. No solo exigió que se culmine exitosamente el segundo debate de la reforma laboral en la plenaria de la Cámara, sino que instruyó a su gabinete para que las reformas política y a la salud, al igual que la regulación de la protesta y el tratamiento penal diferenciado para pequeños cocaleros, tengan respiro.
En esa tarea estarán los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo –quien este martes estará en Nueva York presentando el plan de choque para la implementación del acuerdo de 2016 ante el Consejo de Seguridad la ONU–; del Trabajo, Gloria Inés Ramírez; de Justicia, Ángela María Buitrago; de Agricultura, Martha Carvajalino; entre otros. Su trabajo con los congresistas es determinante, porque dependiendo de los acuerdos que se logren con las bancadas estas iniciativas, sumando la jurisdicción agraria, pueden sobrevivir o definitivamente hundirse en medio de un ambiente cada vez más tenso para la Casa de Nariño.
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De hecho, en este salvavidas que se le quiere lanzar a la agenda en el Capitolio también está la ley de financiamiento, con la con el Gobierno espera encontrar los $12 billones de déficit que tiene el Presupuesto General de la Nación y que será sacado vía decreto –por $523 billones– en cuestión de días.
Los presidentes de Senado, Efraín Cepeda (Partido Conservador), y de Cámara, Jaime Raúl Salamanca (Alianza Verde), tienen posturas diferentes frente a las iniciativas del Ejecutivo, por eso se les ha venido buscando en los últimos días para intentar unificar sus posturas.
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Mientras en la Cámara las cosas suelen moverse con más facilidad para los intereses de Petro, en el Senado el panorama es más complejo. Además, en esta última corporación, están en la discusión sobre quién debe reemplazar al procurador electo Gregorio Eljach en la secretaría General del Senado; incluso, hay expectativa en torno a qué pasará con la dirección administrativa, pues es desde allí que se maneja el presupuesto de más de $500.000 millones que tiene esta instancia y actualmente la controla Astrid Salamanca.
Pero los movimientos en estas 96 horas también se dan en otros escenarios. Si las agendas no se mueven, y más después de la incapacidad que se tuvo que tomar el presidente Petro durante el fin de semana por un “fuerte cuadro gripal y respiratorio”, para este miércoles está previsto que el jefe de Estado –junto a su canciller Luis Gilberto Murillo– se reúna con el cuerpo diplomático acreditado en Colombia.
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La razón de esa cita es buscar respaldo internacional al relato sobre el supuesto “golpe de Estado” que se derivaría de la investigación del Consejo Electoral. Si bien el grueso del mundo jurídico y político ha desmentido esa posibilidad por tratarse de una cuestión meramente administrativa, sin desconocer que hay un debate de fondo sobre el fuero presidencial, los Estados ideológicamente cercanos a las tesis de izquierda de Petro han expresado apoyo.
El régimen que en Venezuela lidera Nicolás Maduro ya dijo que apoya a Petro, y lo mismo hizo el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil; también llegó respaldo desde la Bolivia de Luis Arce y del México de Claudia Sheinbaum. El canciller Murillo también buscó eco en Alemania, China y otros países en donde estuvo la semana pasada abordando temas de interés general para Colombia, pero que sirvió de escenario para denunciar lo que la Casa de Nariño considera es un intento de frenar a la actual administración.
La reunión con el cuerpo diplomático también está presidida por los mensajes del vicecanciller Jorge Rojas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se emitan “medias provisionales” en favor del presidente Petro, y las denuncias del embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ernesto Vargas, de los supuestos movimientos para el mencionado golpe.
En paralelo a todo esto, según supo El Espectador, esta semana también comenzarán a buscarse puentes con las altas cortes, con el fin de suavizar una relación que está tensa desde hace varias semanas por cuenta de las decisiones contrarias a los intereses del presidente Petro emanadas desde el Palacio de Justicia y la respectiva respuesta retórica que suele dar el jefe de Estado usando el ataque como defensa.
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Ahí juegan un papel clave la ministra Buitrago, pero cuenta con el respaldo de la fiscal General, Luz Adriana Camargo, y con los puentes que tiende la secretaria Jurídica de Palacio, Paula Robledo. La relación está tan tensa que los magistrados de varias cortes han dejado de asistir a los eventos protocolarios que convoca la Casa de Nariño.
Por todo esto es que esta semana será determinante para el presidente Petro y su Gobierno –que este fin de semana desplegó la Operación Perseo en El Plateado (Cauca) para mostrar músculo militar ante los narcotraficantes que comanda alias Iván Mordisco–, pues dependiendo de los apoyos que consiga a nivel interno e internacional, y los puentes que logré tender con el Congreso y el Palacio de Justicia, dependerá hasta qué punto su intención –al menos la ha enunciado públicamente– de reducir la polarización estableciendo un acuerdo nacional es genuina.
“Es el camino de la unidad nacional, el camino verdadero de construcción de una Nación”, dijo recientemente.
En todo caso, las calles seguirán siendo un escenario importante de defensa a su administración, que también incluyó pedir la renuncia del presidente del CNE, César Lorduy (Cambio Radical), por un caso de posible abuso –sumado a los ataques a otros magistrados y a lo que hace la Comisión de Acusación de la Cámara–, por lo que las convocatorias a marchas y plantones, así como la organización de lo que llamó asambleas populares, serán potenciados a lo largo de estos cuatro días. La agitación política está servida.
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