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En 2009, el gobierno de A. Uribe emitió los decretos 4975 y 4976, para decretar la emergencia que liberara recursos que permitieran “garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud de la población beneficiaria”. La Corte Constitucional, mediante la Sentencia 252 de 2010, los declaró inexequibles, por “la inexistencia de hechos sobrevinientes y extraordinarios por la presencia de una problemática estructural generada de tiempo atrás y recurrente…”.
A la demanda instaurada por el ministro Guillermo A. Jaramillo ante el Contencioso Administrativo de Bogotá, contra 21 EPS por el incumplimiento de las obligaciones de constituir e invertir las reservas técnicas, reaccionaron César Gaviria y los exministros y exviceministros de salud, protagonistas circunstanciales de la “problemática estructural” del sistema de salud, a la que aludió la Corte en 2010.
En el gobierno de Gaviria se estableció el sistema vigente de salud y se otorgaron los beneficios a las EPS para el manejo de los recursos públicos de la salud, sin la vigilancia ni el control requeridos.
El exministro de Salud Alejandro Gaviria relató el envío de una carta dirigida a la presidencia titulada “Colombia avanza hacia un colapso del sistema de salud”. Entre los firmantes figuran exministros que, cruzando la puerta giratoria, fueron directores de Acemi (¡el gremio al que debían vigilar y controlar!). Otro, desafortunadamente, fue condenado por la yidispolítica del gobierno de A. Uribe. Al exministro Gaviria le correspondía afrontar el desfalco de Saludcoop encontrado por la contralora Morelli, en cuantía de $1,4 billones, en medio del conflicto corporativo de esa EPS, de su asociada Cafesalud y, posteriormente, de Medimás. El exministro Gaviria resolvió “inyectar por parte de Estado $200.000 millones a Cafesalud, para que contara con el capital para garantizar el acceso a los servicios de salud” de los afiliados a Saludcoop.
Si los exministros firmantes de la carta mencionada hubieran revisado la Sentencia 252 de la Corte, posiblemente hubieran optado por otro titular que no los incriminara por sus gestiones en los sucedáneos gobiernos. “La problemática estructural” definida en la sentencia “concierne al diseño, organización y sostenibilidad financiera del SGSSS”. Agregó que “se presentan situaciones de abuso, ineficiencia administrativa y corrupción que desequilibran aún más la sostenibilidad financiera del sistema, por lo que debe controlarse el destino de los recursos públicos”.
Precisamente, el 21 de diciembre pasado, la Contraloría General de la República presentó el informe que implica responsabilidad fiscal de diversas EPS: Saludcoop, Medimás, Salud Vida, Comfacundi, Famisanar y Nueva EPS.
Enfatizó sobre el uso inapropiado de la UPC por otras EPS, en cuantía de $18 mil millones. Reportó que se detectaron giros adicionales de UPC, durante la pandemia, para saneamiento de deudas de las EPS de otras vigencias.
Para que el colapso del sistema de salud no avance más está la reforma que cursa en el Congreso de la República.
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