Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La precaria condición en materia de salud, alimentación e infraestructura de la población privada de la libertad en Colombia es un flagelo al que la Corte Constitucional le ha puesto la lupa desde hace un poco más de 20 años. Sin embargo, se robusteció aún más el año pasado cuando se declaró que había vulneración masiva de derechos en centros de detención transitoria. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, como presidente de la Sala de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional, se puso al frente de la situación. El resultado fue el traslado a una cárcel de 214 presos condenados que estaban en estaciones.
Lea aquí: El infierno de estar privado de la libertad en estaciones de Policía en Bogotá
Los traslados fueron producto de las inspecciones judiciales que Ibáñez se puso en la tarea de implementar desde hace un poco más de un mes. En las visitas que realizó el propio magistrado a estaciones policía de Bosa, Kennedy, Engativá, Ciudad Bolívar y Usme, entre otras, halló que el hacinamiento supera el 200%. Encontró que hay un solo baño para más de 120 personas, falta de atención en salud e, incluso, que algunos privados de la libertad deben pasar sus días de detención en un shut de basura que fue adecuado para ser recluidos allí porque en la celda destinada no cabían más personas.
Ibáñez, en medio de las inspecciones judiciales, resaltó que “la Corte Constitucional ha salido de su escritorio para conocer la realidad en el territorio”. Reseñó que la Sala de Seguimiento debe garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad y velar por la dignidad de quienes se encuentran en los centros de detención transitoria. “El propósito de las inspecciones judiciales es comprobar en el terreno el cumplimiento o no de las órdenes de la Corte Constitucional y el respeto o la vulneración de los derechos humanos de la población privada de la libertad”, resaltó el magistrado.
Lea también: En imágenes: el hacinamiento de las estaciones de policía en el sur de Bogotá
Durante sus primeras visitas, relató que lo que halló fue una situación “preocupante” que merece la atención del Estado para superar la crisis carcelaria. El magistrado explicó que le puso la lupa, especialmente, a los centros de detención transitoria porque, además de declarar un estado de cosas inconstitucional, son espacios para que una persona privada de la libertad permanezca en ella no más de 36 horas mientras legalizan su captura. No obstante, el panorama que halló no fue menor. Encontró personas condenadas en esos espacios.
Si bien, algunos privados de la libertad ya tienen resuelta su situación jurídica, no han sido traslados a centros carcelarios para quedar a disposición del Inpec, que es la entidad encargada de tener la custodia de los condenados. El magistrado Ibáñez al indagar el motivo de esa situación encontraba que los traslados no se habían registrado, precisamente, porque en las principales cárceles del país no tenían cupo. No obstante, el panorama empezó a mejorar con las directrices y el jalón de orejas que hizo el magistrado con el que busca mejorar las condiciones de la población carcelaria.
Lea aquí: Hacinamiento: esto encontrará la Corte Constitucional en las estaciones de Policía
La Policía Metropolitana de Bogotá, en los últimos días, dijo que tenía en su custodia un estimado de 214 personas condenadas sin que se les pudiera definir su situación de traslado. Esa situación fue cuestionada por el magistrado Ibáñez. Días después recibió en su despacho una misiva de tres páginas del Inpec en el que mencionaban que se habían habilitado 214 cupos y se distribuyeron en las cárceles de Chiquinquirá, Paz de Ariporo, Chaparral, Melgar, Sogamoso, Ubaté, La Plata, Pitalito, Guamo, Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta Media y Mínima Seguridad de Bogotá, entre otros.
Esa iniciativa, para la Corte y la Sala es un “gran avance” logrado por la Corte Constitucional toda vez que los traslados pueden generar, además de otras condiciones para los condenados, un proceso de resocialización. El alto tribunal fue enfático en que, aunque se encuentran privados de la libertad, tienen el derecho a ser tratados con dignidad. La primera tanda de visitas a las estaciones de policía culminó en Bogotá, pero el equipo de Ibáñez espera recorrer los centros de detención de Medellín, Cali, Barranquilla y La Guajira.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Conoce más