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A los fragmentos que dejó el rompimiento entre la vicepresidenta Francia Márquez y el ministro de la Igualdad, Carlos Rosero —con años largos de trabajo mancomunado en comunidades negras que ya quedó en el pasado—, se le acaban de sumar dos golpes que El Espectador logró documentar y que tocan las fibras de una cartera que se erigió como una de las banderas de la campaña que en 2022 llevó al presidente Gustavo Petro al poder. Y todo en momentos en que aún no es claro si tendrá o no continuidad, luego de la Corte Constitucional ordenara tramitar de nuevo en el Congreso, un escenario adverso al actual Ejecutivo, el proyecto que le dio vida jurídica.
Se trata de una serie de denuncias por acoso laboral, hostigamiento, racismo y hasta persecución política contra una de las directivas con más tiempo en la cartera. Y, paralelo a eso, también hay alertas encendidas por el manejo de la instancia que controla su presupuesto y que está a cargo de una dirección ejecutiva con origen político, la cual ha cambiado al menos tres veces tan solo en los últimos seis meses.
¿Cuál es la génesis de estos enredos? Desde abril de este año, tres denuncias llegaron al despacho del ministro, la Procuraduría de Gregorio Eljach y la Defensoría del Pueblo de Iris Marín, contra Tamara Ospina Posse, viceministra de las Mujeres. En esos papeles, a los que accedió este diario, las denunciantes acusan a Ospina de “acoso laboral agravado por hechos de hostigamiento, discriminación, abuso de poder, violencia de género y persecución política”.
“He callado, soportado por meses abusos, maltratos, violencias, discriminaciones, injurias, calumnias”, relató una de las denunciantes. Esa misma persona –cuya identidad se reserva para no entorpecer las indagaciones– también reveló situaciones en las que presuntamente Ospina habría prohibido la comunicación con jefes de despacho y acusado a funcionarios y contratistas que trabajaban a su lado de supuestamente perseguirla.
De acuerdo con la documentación a la que accedió este diario, y que ya hace parte de verificación en diversas instancias, al menos 14 personas podrían respaldar las declaraciones de las denunciantes. Todas son personas que trabajaron de cerca con la viceministra y se podrían sumar a varias que aún hacen parte de la entidad y que advirtieron que la situación –según su relato– continúa siendo “insostenible” y “terrible”; incluso, calificaron a la aún funcionaria denunciada como una persona “agresiva” y “violenta” que no tendría conocimiento de la operatividad de entidades públicas ni experiencia alguna en ellas.
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“Su relación siempre fue muy difícil”, le contó a este medio una fuente sobre las tensiones entre la viceministra y la vicepresidenta. Márquez, de acuerdo con la versión, tuvo que decirle a Ospina, “en varias ocasiones, que la respetara”.
Cuando El Espectador comenzó a indagar encontró que Ospina presentó su renuncia el pasado 3 de junio, 39 días después de que se radicaran las denuncias en su contra (el dossier está fechado del 25 de abril pasado). Y cuando este diario la contactó, la aún viceministra dijo que su salida tendría que hacerse efectiva el 13 de junio, pero a la fecha eso no ha ocurrido por falta de un paso clave: que la firme el presidente Petro, quien es el nominador de viceministros desde que inició su administración.
Eso sí, cuando Ospina se refirió a las denuncias en su contra, aseguró que son “injurias” y “calumnias” que hacen parte de un “contexto político” en el Ministerio, en el que se han tomado estos señalamientos como ciertos: “En la entidad no se está respetando dos derechos que yo tengo, que son la presunción de inocencia y el debido proceso”.
Incluso, señaló que nunca ha sido notificada de un proceso en su contra, ni por parte de la Procuraduría ni por parte del mismo Minigualdad. En un derecho de petición que envió a la Oficina de Control Disciplinario Interno y que remitió a El Espectador, respondido el pasado 20 de mayo, se lee que “no [existen] en esta oficina acciones disciplinarias contra la viceministra”.
Pero las denuncias son explícitas. Otra de las personas que pidió indagar a Ospina dejó por escrito que “lo que está ocurriendo no es un simple malentendido; es una expresión de racismo, poder, que ignora y silencia otras voces”. Esos señalamientos recibieron eco desde otros testimonios conocidos por este medio, que declararon que personas negras en el interior del Viceministerio fueron víctimas de estos comportamientos.
En todo caso, como dijo la funcionaria empapelada, la Procuraduría hizo saber que no existen procesos vigentes en su contra, pero que sí hay una queja “por evaluar y repartir” y que está a cargo del delegado segundo para la vigilancia administrativa, José Rodrigo Vargas. Y desde la Defensoría explicaron que se brindó acompañamiento a las denunciantes y que se hizo un requerimiento al Minigualdad para que aclarara las decisiones implementadas para resolver los casos. Sin embargo, la entidad confirmó que no ha sido respondido.
Cuando se le preguntó a la cartera de Rosero que pasó con estos casos, se respondió que no se tiene conocimiento de cómo avanzan. Pero, en una entrevista con este diario que se publicó hace 24 horas –y ante una pregunta directa sobre el caso de la viceministra Ospina–, el ministro reconoció: “presentó la renuncia y se le aceptó”. La funcionaria, en todo caso, dijo que está dispuesta a responder lo que se le indague y analiza adelantar un proceso judicial por las acusaciones en su contra, defendiendo su buen nombre y su gestión.
Ahora bien, estos presuntos hechos de discriminación, racismo, violencia política y otras conductas en el interior de la cartera llamada a prevenir ese tipo de situaciones, y que se habrían registrado a nivel directivo –según las denuncias–, no son los únicos líos de una cartera que tiene una asignación presupuestal de $1,2 billones (1’297.435’000.000) anuales para 2025 y de la cual se aplazó un poco más de la mitad: $669.053’000.000, por problemas de caja del Gobierno.
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En efecto, como también lo denunció este diario en su momento y que fue algo que el propio Rosero reconoció que es urgente por atender, es la baja ejecución; en los más de seis meses de ese 2025 no pasa del 1,9 %. Pero de fondo podría haber una pelea política.
La razón es que quien lidere el Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial, que es la instancia en la que se manejan esos recursos, tiene una especie de autonomía para definir su destino. De acuerdo con el decreto 1896 de 2023, el director ejecutivo es elegido por el Consejo Directivo del Fondo y tiene como tarea gerenciarlo e implementar “las acciones necesarias para la evaluación, presentación, control y seguimiento de los planes, programas y proyectos”.
John Jairo Blandón Mena es quien actualmente ostenta ese puesto. Primero fungió como jefe de cartera de Rosero y es su conocido de años atrás. El abogado con doctorado y magíster en Educación trabajó en el Proceso de Comunidades Negras —que también integró la vicepresidenta y en el que continúa el ahora ministro— como director de proyectos y coordinador de equipo de trabajo. Su cargo más reciente en esa organización había sido el de liderar en Antioquia el Proyecto de Titulación Colectiva de Comunidades Negras en Colombia, desde 2022.
No obstante, según la bitácora pública de ese cargo, previamente estuvo Ricardo Adolfo Suárez Belmonte, un nombramiento que viene, según fuentes del Ministerio, de la Casa de La Giralda y de línea directa del ministro del Interior, Armando Benedetti. Pero desde el equipo del jefe de la cartera política se aseguró que no tuvo ninguna injerencia en esa decisión y que además no hace parte del consejo directivo del Fondo.
Pero desde el Ministerio sí advirtieron que, con el aterrizaje de esa figura en el proceso, supuestamente comenzó a frenarse la contratación. Si bien varios dedos apuntan a Suárez Belmonte, otros señalaron directamente al propio Rosero, quien quedó en firme en su cargo actual a finales de marzo pasado, desde cuando habría parado las vinculaciones de contratistas en la entidad.
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En un documento interno, también en poder de este diario y con fecha de 5 de junio de 2025, Suárez Belmonte dijo que todas las solicitudes de contratación debían “estar en el marco de un proyecto de Fortalecimiento Institucional que faculte la contratación del personal requerido” y “presentarse con sujeción al cumplimiento de las metas enmarcadas en los planes, programas y proyectos” de la cartera. Esa comunicación estaba dirigida a la Oficina Asesora de Planeación y la de Proyectos del Minigualdad, así como a los cinco viceministros.
En todo caso, ese freno a las contrataciones generó controversia interna y ya fue materia de decisión del mismo Rosero. Como le dijo a El Espectador, tras su llegada se modificó el manual de procedimiento de contratación del Fondo, con lo que se redujeron los pasos para hacer este tipo de procesos y con lo que espera comenzar a sacar pecho por los resultados de la cartera. En pocas palabras, aumentar la ejecución rezagada.
Por ello están pendientes “18 proyectos en aguas que están prontos a ser contratados y en total suman $240 mil millones”, según el ministro. Además, la contratación del programa estrella, que se conoce como Jóvenes en Paz y que recientemente, luego de que este diario destapara lo sucedido, estuvo envuelto en una polémica por el convenio de cooperación con la Unión Temporal Territorio y Paz y el pago a los trabajadores de ese programa; ahora está en una fase de “transición”.
Lo cierto es que no han sido pocas las denuncias que han rondado el Ministerio, que también está a la espera de radicar el proyecto que dejará en firme su creación el próximo 20 de julio. La de Ospina le sigue a la de Nelson Lemus, el exviceministro de Pueblos Étnicos y Campesinos, acusado de presunto acoso sexual por una denuncia que reveló El Espectador en su momento y quien luego fue declarado insubsistente por Petro y por Rosero.
Mientras los movimientos continúan en la cartera, pues el ministro reconoció que se pidió la renuncia de funcionarios para un “plan de choque” para acelerar la ejecución, queda en veremos la resolución de un conflicto interno que tocó las fibras de una cartera que se gestó, precisamente, para hacer frente a las violencias de género y contra las comunidades étnicas. Pero los escándalos que la han salpicado dejan en vilo al menos esa parte de su funcionalidad.
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Por María José Barrios Figueroa
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