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Un fallo de última hora del Tribunal Europeo de Derechos Humanos canceló el primer vuelo de deportación con destino a Ruanda, pactado entre el gobierno de Boris Johnson y las autoridades de Kigali. Se esperaba que siete personas que habían llegado en busca de asilo a Reino Unido fueran trasladas al país africano, pero el pronunciamiento del tribunal frente al caso de uno de ellos frenó el proceso.
Ante lo sucedido, Priti Patel, ministra del Interior, aseguró: “No seremos disuadidos de hacer lo correcto y de cumplir con nuestros planes para controlar las fronteras de nuestra nación. Nuestro equipo legal está revisando cada decisión tomada en este vuelo y la preparación para el próximo comienza ahora”.
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Según una fuente del gobierno, el vuelo costó unas 500.000 libras esterlinas, además de los 120 millones de libras que el gobierno de Reino Unido, en forma de anticipo, pagó a Ruanda por el pacto migratorio. El gobierno se ha negado a decir cuánto ha pagado en costos legales, y no ha dicho cuánto espera pagar por futuros vuelos, alojamiento y costos de vida para todos los enviados a Ruanda, se lee en The Guardian.
El caso que cambió los planes
El caso de un solicitante de asilo iraquí de 54 años, que cruzó el Canal de la Mancha en barco, llevó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a impedir el despegue del primer vuelo de deportación. Él, que solicitó asilo el mes pasado, argumentando que su vida corría peligro en Irak, fue notificado por el Ministerio del Interior que su petición iba a ser desestimada y que iba a ser reubicado en Ruanda. Frente a ello, y argumentando que los solicitantes de asilo no tendrían acceso a procedimientos justos y eficientes en el país africano, el organismo se opuso a la medida.
“El Tribunal Europeo ha indicado al gobierno del Reino Unido que el solicitante no debe ser deportado a Ruanda hasta tres semanas después de la entrega de la decisión interna final en su proceso de revisión judicial en curso”, se lee en la declaración del tribunal.
Ahora bien, recientemente, Boris Johnson aseguró que Reino Unido podría abandonar la convención europea sobre derechos humanos para facilitar la expulsión de migrantes irregulares. Además, insinuó que los abogados que representan a los solicitantes de asilo están ayudando a los traficantes de personas, que cobran miles de dólares por viajes en botes peligrosos a través del Canal de la Mancha. “Me temo que están socavando todo lo que estamos tratando de hacer para apoyar rutas seguras y legales para que la gente venga al Reino Unido”, puntualizó.
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