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A sus 77 años, el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega preferiría estar compartiendo con sus nietos que defendiéndose de una demanda en Estados Unidos, donde reside, por su responsabilidad en la violenta retoma del Palacio de Justicia, en 1985. Así se lo dijo su defensa, en documentos conocidos por El Espectador, al juez que estudia la demanda de las hijas del magistrado Carlos Urán, asesinado en esa operación militar, que siguió a la toma del edificio que hiciera la guerrilla del M-19. Plazas Vega pide descartar la demanda, porque la justicia ya ratificó su inocencia, que no es cierto en el caso Urán, y critica que las demandantes no han pedido reparaciones en Colombia.
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“Ese día cambió la vida de Plazas Vega para siempre”, le aseguraron sus abogados al juez de la Florida que revisa la demanda, en un escrito en el que le piden que la desestime de lleno. Añadieron que el coronel (r), “además de soportar el trauma de luchar contra terroristas armados, cumplió casi ocho años (en la cárcel) por crímenes que nunca cometió”. Según su defensa, EE. UU. no debería meterse en el asunto, pues: “Colombia investigó, acusó y sentenció a los responsables de la tragedia y finalmente absolvió a Plazas Vega”; un proceso así pondría en riesgo las relaciones entre ambos países e incluso podría tener efectos adversos en las inversiones estadounidenses.
El primero de sus argumentos no es del todo cierto. Plazas Vega, en efecto, fue absuelto por la Corte Suprema en el caso del Palacio de Justicia, 30 años después de la retoma que él lideró como comandante de la Escuela de Caballería. Sin embargo, en ese expediente se investigaba únicamente la desaparición forzada de 11 personas. Las hijas del magistrado Urán lo demandan, ahora, por la ejecución extrajudicial y tortura de su padre. Dos cosas distintas. De hecho, en Colombia la justicia nunca avanzó en investigar quiénes estuvieron detrás de esos hechos y hoy, 36 años después de la toma y retoma del Palacio, la verdad sigue siendo esquiva para las víctimas.
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Precisamente por esa ausencia de justicia es que las hijas del magistrado Urán recurrieron a los jueces estadounidenses. En la demanda las víctimas explican que: “Como comandante de la operación para romper las puertas del Palacio de Justicia y dirigir las operaciones una vez que los militares ingresaron al edificio, el acusado tenía autoridad sobre el personal militar involucrado, incluidas las tropas de la Escuela de Caballería, y se coordinaba con otras unidades que también ingresaron al Palacio de Justicia, incluidas las unidades de la Escuela de Artillería”. Y bajo esa autoridad, dice la demanda, se cometieron toda clase de abusos.
En el caso Carlos Urán, la Comisión de la Verdad evidenció que el jurista salió vivo del Palacio, herido en una pierna y auxiliado por dos hombres que lo cargaron hasta la Casa del Florero. “Todo indica que los militares etiquetaron y trataron al magistrado como un ‘especial’, luego lo torturaron y mataron como resultado. A pesar de haber sido escoltado vivo fuera del Palacio por los militares, su nombre fue omitido de la lista gubernamental de rehenes civiles rescatados. Su nombre fue incluido, agregado a mano, en otra lista el 7 de noviembre de 1985 de 18 personas fallecidas, que incluía a seis miembros del M-19”, dice la demanda.
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El militar retirado sostiene que, bajo la norma por la que lo demandaron (la Ley de Protección de Víctimas de Tortura, TVPA por su sigla en inglés), el caso ya está saldado en la justicia de Colombia, pues es “el mismo conjunto de hechos”. Según explicaron, “el tema en el caso penal colombiano es el mismo que aquí: la Corte escuchará pruebas para determinar si Plazas Vega fue responsable de un asesinato o desaparición forzada ese día”. Además, que EE. UU. ha avalado previamente los estándares de la justicia colombiana y que las 300 páginas de su absolución demuestran que la Corte Suprema falló de manera “exhaustiva y bien razonada”.
Justamente lo contrario explicaron las hijas de Urán ante la justicia estadounidense. En su demanda detallaron que la investigación penal en Colombia está estancada desde 2007 y que, pese a que existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la que halló al Estado de Colombia responsable de las torturas, desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales cometidas como parte de la retoma militar del Palacio de Justicia, incluido el asesinato extrajudicial del magistrado Urán, el proceso para dar con los responsables y administrar justicia no ha avanzado para nada.
El otro argumento central de la defensa de Plazas Vega es que las hermanas Helena, Xiomara y Mairée Urán “ni siquiera se han molestado en iniciar ninguna acción en virtud de alguno de los recursos que les ofrece la legislación colombiana” para buscar una reparación económica. Sin embargo, no solo el Consejo de Estado ha emitido fallos de esta naturaleza, sino que la propia Corte IDH condenó a Colombia a reparar a las víctimas. Los argumentos de Plazas Vega culminan con una idea: “El Poder Judicial de Colombia ciertamente parece estar mejor posicionado para escuchar la disputa: allí se almacenan las pruebas, residen los testigos y tuvieron lugar las acciones de los militares colombianos contra los terroristas del M-19”.
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Que la justicia estadounidense entrara a investigar el caso del Palacio de Justicia, insiste el coronel (r), implicaría que no se reconoce a las instituciones colombianas, lo que sería “injustificado, intrusivo e irrespetuoso”. También sostiene que esta demanda “podría disuadir la inversión de Estados Unidos en Colombia”, aunque no explica cómo. Aunque su defensa alega que en el país se encuentran todos los mecanismos para que el caso avance, lo cierto es que el expediente está completamente congelado hace 15 años, sin que se asome ni un atisbo de justicia que ha sido esquivo para las víctimas de la retoma del Palacio de Justicia durante 36 años.
En los últimos días el militar retirado radicó un segundo recurso, en el que pide suspender el proceso hasta que se decida sobre su moción de desestimar la demanda. Es decir, Plazas Vega pide que no se practique una sola prueba en el caso del magistrado Urán hasta que haya un pronunciamiento sobre sus argumentos. Según escribió su defensa, si le dan la razón, se “eliminará la abrumadora carga financiera del demandado de defenderse contra reclamos que tienen casi 40 años de antigüedad”. Le corresponde al juez determinar si le quitará la “carga” al coronel (r) o si hará del proceso una oportunidad para darles un atisbo de justicia a las víctimas de la retoma.
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