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¿Qué representa para el país un hecho como la masacre de ocho líderes sociales y religiosos abandonados en una fosa común en Guaviare?
La desaparición forzada en Colombia es un asunto estructural y muy grave del conflicto armado. No es nuevo, infortunadamente lo tenemos que decir. De hecho, para ello existe la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que busca alrededor de 200.000 personas víctimas de desaparición en Colombia. Pero tampoco es una realidad del pasado. De hecho, Guaviare es unos de los departamentos que más personas desaparecidas reporta por los hechos de conflicto armado actuales.
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Las víctimas venían de Arauca, desde abril pasado, y aparentemente habían sido citadas en el Guaviare. Desde entonces estuvieron desaparecidas. Como la semana pasada fueron hallados, los cuerpos están en proceso de identificación y entrega a los familiares. Estos hechos hacen parte de un contexto que se presenta en esa región, donde hay una disputa territorial entre las disidencias de las FARC de Iván Mordisco y las de Calarcá. Lo habíamos advertido en enero pasado, una vez el Estado Mayor Central se fracturó. Ambos grupos empezaron una disputa territorial en el sur del país, en siete departamentos, incluyendo el Guaviare.
¿Qué información han podido recopilar sobre el trabajo de liderazgo que adelantaban las personas asesinadas? Los primeros indicios van por la línea de que las disidencias de Iván Mordisco los señalaron de ser miembros del ELN.
Los grupos armados tienen un modus operandi en el Guaviare y en prácticamente en todo el país. Aquella persona que no esté en línea de sus intereses o venga de cierta región, la consideran colaboradora de un grupo enemigo. Esa es una estigmatización que generalmente no tiene fundamento y que es, de hecho, una de las razones de los homicidios a líderes sociales. Hay información de que una facción de las disidencias los habría acusado de tener algunas intenciones de ayudar o conformar un grupo. Pero no es así. Eran líderes sociales y campesinos. Cualquier información que lleve a sostener ello tiene que ser muy verificada, porque así es como se estigmatiza a las comunidades.
La información sale de un comunicado oficial de la Fiscalía en el que se menciona al ELN, que, de otro lado, estaría intentando ingresar a la región. ¿Eso es cierto?
No tenemos información que permita vincular a estas personas que fueron desaparecidas, y cuyos cuerpos fueron ubicados, para decir que fueron o estaban trabajando con el ELN. No solo no tenemos esa información, sino que muchas veces los grupos señalan ese tipo de información, indebidamente, para justificar sus crímenes.
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Ustedes alertaron también desde hace tiempo del paro armado que hay en la región, ¿qué respuesta han obtenido de las instituciones que deberían cumplir sus recomendaciones?
Las instituciones regionales nos responden que las autoridades nacionales no están haciendo nada y que, por ello, no hay respuesta a las alertas tempranas. Yo no puedo decir que el gobierno no hace nada. Hay que reconocer la complejidad del tema: en el caso específico del Guaviare, hablamos de una alerta estructural, en siete departamentos, por las tensiones entre dos grupos, entre los cuales uno de ellos está en cese de hostilidades con las fuerzas de seguridad del Estado. Si abordar la guerra fuera fácil, no tendríamos un conflicto armado en Colombia. Aun así, también es cierto que a veces vemos respuestas muy tímidas, o respuestas burocráticas. Las autoridades se sienten solas.
Hace unos días estuve en el Guaviare y fue muy triste ver la desolación de los alcaldes y de la gobernación diciendo que ya no creen en nada. No ven una respuesta clara. Y las recomendaciones que hacemos desde la entidad generalmente son desconocidas. Esta alerta tiene un oficio reciente, aparte, en el que decimos que lo que se había alertado y el riesgo que vimos hace unos meses se está consumando. Y se evidenció con el paro armado, la emboscada al Ejército, la masacre de estos líderes, los confinamientos, todo ello agravado por una situación de invierno.
¿Cómo evalúa la suspensión de operaciones del gobierno con las disidencias de Calarcá en Guaviare hasta el 25 de mayo pasado?
Los ceses al fuego tuvieron unos resultados ambiguos. La mayoría de las comunidades con las que yo me reuní apreciaban el proceso, así como las conversaciones de paz. Y de hecho piden que se reanuden las mesas de conversación, al menos en Guaviare. Sienten que no hay tanta disputa territorial, ni tantos desplazamientos o confinamientos. Algunas cifras de homicidio se redujeron. Sin embargo, también hubo una expansión de los grupos armados. En la práctica lo que pasaba es que parecía que las autoridades le estuviesen dando más duro a un grupo que al otro, porque había cese con las de Calarcá, pero no con las de Iván Mordisco.
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Era un efecto no deseado de ese cese de hostilidades. Ya el gobierno cambió su política. Ahora, el hecho de que haya una intervención de la Fuerza Pública más directa genera nuevos retos. Por ejemplo, estamos recibiendo noticias de desplazamientos por intervenciones de la Fuerza Pública. Las dinámicas de las negociaciones de paz también genera retos humanitarios.
A comiendo de año se creía que la situación de orden público en El Plateado (Cauca) era la más preocupante, pero En Valle, Cauca, Nariño y parte de Chocó la situación también es crítica. ¿Se está perdiendo el control en el suroccidente del país?
Hay presencia institucional. Hay alcaldes y gobernadores, quienes tienen sus funciones en los centros poblados y las capitales. Pero sí hay zonas del Cauca y del Valle del Cauca, donde la gobernanza del Estado está muy limitada o es prácticamente inexistente. Incluso, muchos alcaldes tienen que despachar desde afuera de sus territorios. Nosotros tenemos que exigirle al gobierno, por su puesto, porque es el responsable del Estado institucionalmente. Pero aquí también hay una gran responsabilidad de los grupos armados ilegales bajo el Derecho Internacional Humanitario. Están usando a la población civil, la presionan y amenazan a las Juntas de Acción Comunal.
Hace un mes usted lideró, junto con la Iglesia Católica, un acuerdo para desescalar los discursos políticos violentos. ¿Sirvió de algo ese compromiso?
Esto apenas empieza. Pero, de entrada, ya tenemos aspectos positivos y para destacar. El “Compromiso por unas elecciones libres y en paz” tuvo una acogida muy importante entre la mayoría de los y las aspirantes a la Presidencia, entre partidos y movimientos políticos. Pero todavía nos faltan algunos que no son menores, porque son tradicionales: el Partido Conservador, el Partido Liberal y el Centro Democrático. Los tres partidos políticos saludan la iniciativa, piensan que es importante, pero dicen que no hay garantías.
Consideran que el gobierno no está jugando neutralmente. Nos pidieron que el presidente suscribiera el compromiso. Y lo hizo. Yo confío que los partidos tradicionales van a valorar y a tomar la decisión para sumarse.
¿Hay precandidatos que se hayan sumado a ese acuerdo?
Se han sumado también. De hecho, en la primera semana ya teníamos a la mayoría. Los que se demoraron fue por más cuestiones de comunicación. Mucha gente está aspirando, pero entre los más significativos y nombrados públicamente ya están suscritos. No lo han hecho algunas del Centro Democrático, pero debo decir que ya lo hizo María Fernando Cabal. Vicky Dávila mostró interés, pero luego dijo que no. En general, el compromiso está suscrito, sin embargo, estamos viendo unos debates públicos bastante acalorados. Estamos viendo que, por ello, el monitoreo que va a hacer la Defensoría del Pueblo con la Misión de Observación Electoral sí va a ser fundamental.
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¿De qué manera los derechos de la población están en riesgo con ese constante rifirrafe político?
Aquí tenemos un derecho fundamental que va en dos caminos. El derecho a elegir y el derecho a ser elegido. Son la base de la democracia. La idea es que todas las personas podamos, libremente y sin violencia, decidir por quién queremos votar. Y que gane quien gane, pero sin mentiras, sin difundir información falsa. Colombia, además, es un país de altos niveles de violencia política y por ello estamos a punto de sacar una alerta temprana electoral. En Colombia es común que amenacen candidatos, campañas enteras y que no se puedan instalar puestos de votación. Todo eso queremos que se prevenga empezando por el comportamiento de quienes participan en las elecciones.
Su idea permitiría darle fuerza a la idea de que habrá elecciones presidenciales en 2026…
Estamos partiendo del hecho de que, por supuesto, tenemos un sistema electoral sólido. Tenemos una democracia que tiene muchos retos, pero que hay que cuidarla y que si eso pasa, vamos a tener unas elecciones presidenciales de las que podamos decir que no hubo trampas, mentiras, y sin alimentar la violencia.
Al gobierno llegó Eduardo Montealegre como ministro de Justicia. Él, y el mismo presidente, han hablado de dictaduras en el Congreso, ¿Qué evaluación se puede hacer de quienes deberían representar la unidad nacional?
Las diferencias que pueda llegar a tener el gobierno nacional en cabeza del presidente con el Congreso son válidas en una democracia. También lo son hacia las decisiones judiciales. Lo que no se puede hacer es poner en duda la autoridad que tiene una alta corte o el Congreso para expedir las leyes. Estas afirmaciones no ayudan a tener una serenidad y un ambiente de colaboración armónica entre los poderes públicos. Y, reitero, no es que el gobierno no pueda cuestionar decisiones de otras ramas del poder público. Es sano en democracia, así como ellas tienen la facultad y la competencia de cuestionar decisiones del gobierno.
Lo que no puede haber es descalificaciones de la competencia que tiene el otro para cumplir su mandato constitucional. Ni puede decirse que, porque el Congreso aprueba o no aprueba determinada medida legislativa, entonces está incurriendo en una dictadura parlamentaria. Es innecesario y el debate puede darse de otras maneras.
Por esa línea de críticas al Congreso es que llegó la propuesta de una constituyente, ¿es oportuna y tiene sustento una idea así en esta coyuntura?
Para empezar, el planteamiento de una papeleta no está contemplado en el procedimiento legal y constitucional de reforma a la Constitución. Eso es preocupante. En segundo lugar, también hay que tener en cuenta que la Constitución de 1991 fue el pacto de paz más importante que hemos tenido y que está basada en la protección de los derechos humanos. La Carta Política fue aprobada por una asamblea nacional constituyente, que fue el cuerpo pluralista más amplio que hemos tenido en la historia republicana de Colombia.
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Creo que los retos que hay en Colombia no necesariamente requieren una reforma constitucional. Tenemos es un deber de cumplir la Constitución, de respetar la separación de poderes, de superar la inequidad a través de la cláusula social del Estado de derecho. La propuesta de Montealegre no tiene detrás un movimiento social importante como lo hubo en otros momentos de la historia y, de otra parte, deja de lado el procedimiento constitucional.
En medio de toda esa tensión política atentaron contra Miguel Uribe, ¿considera que ese hecho marca un regreso a los tiempos de la violencia política de hace décadas?
Ese ataque nos lleva a unos momentos de la historia de Colombia, donde hubo homicidios, magnicidios y amenazas a candidatos presidenciales. Ese es un fantasma que tenemos y un caso de esta naturaleza es una alerta grande. Uno no puede decir que estamos en lo mismo que hace 30 años. El contexto es completamente distinto. Tampoco podemos caer en facilismos de interpretación. Pero sí es una alerta. Cuando vemos que otra vez hay violencia contra aspirantes a la presidencia de la República, es muy grave no solo por él, también por su partido que es de oposición y para la democracia.
¿Por qué debemos esperar a que la justicia se pronuncie?
Ese es, de hecho, un factor diferencial que podemos tener con respecto a hace 30 años. De los grandes magnicidios que sucedieron en Colombia, nunca tuvimos una respuesta clara de la justicia. Tras los magnicidios de candidatos presidenciales de la Unión Patriótica siguen habiendo mucha especulación. Aquí el rol de la justicia es fundamental. Ese es un indicativo, de otro lado, de separación de poderes. Es la oportunidad de que justicia diga qué ocurrió y quién fue el autor intelectual. Y esperamos a que la Fiscalía llegue pronto a resultados.
Por estos días también se ha criticado el acto liderado en Medellín en el que participaron jefes de bandas criminales. ¿Fue desproporcionado darles participación a victimarios en un escenario así de político?
Primero, es positivo avanzar en procesos de conversación con criminalidad organizada. Ello está reconocido por la Corte Constitucional en la sentencia de paz total. Además, la mitad de las violaciones a derechos humanos contra población, que se presentan en el mundo, son causadas por criminalidad organizada. Esta idea de que los conflictos armados son la principal fuente de violencia extrema contra la población no es real. Entonces, es importante avanzar en estos procesos. Y celebramos el anuncio de una subcomisión para proteger a la niñez y la adolescencia en Medellín, el trabajo con más de 2.00 jóvenes, la inclusión del ICBF, y los compromisos para reducir la extorsión y las fronteras invisibles.
Pero tenemos dos observaciones críticas. Las tarimas no son lugar para los criminales. Es un mensaje político y simbólico que se manda. Nadie está cuestionado que se llegue a acuerdos, que se avance y que eventualmente los representantes de estos grupos tengan posibilidades de inserción política y de todo orden. Pero están en la cárcel, donde deberían estar. Y si aparecen públicamente tienen que ser unas condiciones que realmente se vea la diferencia entre un criminal y el presidente de la República. Entre un criminal y alguien que está construyendo la paz. Entre un criminal y la víctima.
Cuando suben al escenario y se les da el micrófono, además en un contexto preelectoral, no es un mensaje fácil de leer. Y, de hecho, es simbólicamente muy grave. Desdibuja lo bueno y lo malo. Lo que está prohibido y lo que no. Y, por último, rechazamos la rivalidad tan fuerte entre el gobierno nacional y de la alcaldía de Medellín, que más que preocuparse por las víctimas, se preocupan es por quién tiene más la razón y la presencia en la ciudad, dejando de lado los debates de fondo.
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La Defensoría está liderando un trabajo en 15 regiones del país para analizar problemas de acceso a la salud. ¿Qué han encontrado hasta ahora?
La Defensoría del Pueblo recibe quejas en todo el país sobre diferentes situaciones relacionadas con el sistema de salud. Desde el 2010, de hecho, la mayor cantidad de quejas que recibe la entidad son relacionadas con el derecho a la salud. Es el tema de principal preocupación de la ciudadanía. Esas quejas han subido un 75% en los últimos dos años. Con base en esta realidad, además del tema de la reforma a la salud que se discute en el Congreso, dije: vamos a redoblar esfuerzos para resolver este tema. Hicimos la propuesta de hacer unos Puestos de Mando Unificados en salud, en 15 regiones priorizadas. Pedimos que hubiera presencia de las autoridades nacionales, de la Superintendencia de Salud, los interventores y las EPS a nivel nacional.
Hemos verificado que el tema de acceso a medicamentos y citas especializadas son los más delicados. El tema de financiación sigue siendo muy crítico. La falta de flujo suficiente de recursos en el sistema está generando que diferentes actores digan que no tienen los recursos. Las EPS dicen que, antes, las farmacéuticas les daban medicamentos mientras avanzaban en pagos. Ahora no se permite con recursos de la UPC pagar deudas de años anteriores. Eso está generando problemas de flujo de caja. Eso está ahogando el sistema y generando problemas en el personal de salud, que se están viendo afectados en sus pagos.
Más o menos en agosto tendremos un informe donde podremos tener los resultados del los PMU y de las encuestas, y con ese diagnóstico proponer soluciones inmediatas y también para la reforma a la salud, que esperemos que se dé.
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