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Un fuerte dolor en la cadera impacienta a Iyaru. Días antes, en el océano Pacífico, tras salir en una lancha desde el corregimiento de Jaqué, en Panamá, una ola desestabilizó la embarcación en la que iba junto a su esposo, su hijo y varios migrantes. Voló en el aire y en su intento por evitar que su hijo cayera al mar, aplicó toda la fuerza que tenía para aferrarse a la silla, recibiendo un fuerte golpe en el coxis. “Creo que sentí más miedo en ese momento, que en la selva (del Darién). Aunque para mí la selva no fue un juego, el temor que sentí en ese momento en que podía caer al agua fue muy horrible”.
Ella es venezolana, migró hace ocho años a Colombia y hace más de dos decidió junto a su pareja y uno de sus cuatro hijos irse a Estados Unidos. Atravesó la selva del Darién y alcanzó a llegar a Torreón, en el norte de México, desde donde Migración la devolvió al sur de ese país. No importó, intentó volver a llegar a la frontera con Estados Unidos, pero tras arribar a Ciudad México y ante las dificultades que fueron aumentando para entrar y acogerse a un asilo en Estados Unidos, decidió regresar a Suramérica.
El caso de Iyaru no es particular; como ella hay miles de personas quedaron varadas en México. Tan solo en la capital, la Secretaría de Gobierno indicó que hasta mayo se contabilizan cerca de 113.612 personas en situación irregular. Pero tras el anuncio de la serie de medidas represivas en Estados Unidos contra la inmigración, muchos han decidido regresar a sus países o migrar a otros.
Las razones son el cierre de la aplicación CBP One, en la que se pedían las citas de asilo en Estados Unidos; la suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) que se daba a los venezolanos, y el temor a las deportaciones y la criminalización en ese país norteamericano. El cambio de ruta de los migrantes, denominado migración inversa o remigración, se evidencia fácilmente con cifras.
Por ejemplo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. indicó que el ingreso de personas desde México en mayo cayó en un 93 %. Algo similar ocurre en el paso de Colombia a Panamá por el tapón del Darién, donde se registró una reducción mayor al 99 % en el tránsito: mientras que en julio de 2024 se reportó el paso de 20.519 personas por la selva, en el mismo mes de este año solo pasaron siete personas.
Si se ve el panorama en el sentido contrario, la migración que va del norte al sur aumentó. Según el “Monitoreo de dinámicas migratorias”, de Migración Colombia, el número de venezolanos que han llegado por vía aérea al país aumentó el 41 %, mientras que los vuelos desde y hacia México crecieron un 70 %. Por el Darién, es decir por Antioquia y Chocó, entre enero y julio de este año ingresaron 14.422 personas, la mayoría de las cuales son venezolanas.
De regreso, los migrantes no están atravesando la selva caminando, sino por mar; llegan hasta La Miel en el vecino país y desde allí son transportados por “coyotes” en lanchas hasta Capurganá, Acandí, Necolcí o Turbo, por lo que cobran de US$230 a US$300.
Pero esta no es la única ruta. La migración a la inversa por el océano Pacífico —es decir, por Chocó— ha ido en aumento. Muchos llegan allí engañados con la idea de que se trata de una ruta directa a Buenaventura, mientras que otros la toman porque el tránsito es mucho más barato, pues les están cobrando de US$40 a US$60 por el viaje.
Este es el camino que tomó Iyaru, quien salió del corregimiento de Jaqué, en Panamá, en una lancha donde iban 17 migrantes, que luego de tres horas de viaje desembarcaron en Juradó, Chocó. De ese municipio solo se sale por el aeropuerto al que le faltan 300 metros por pavimentar, o por el mar, en embarcaciones que tardan tres horas en llegar a Bahía Solano o en un barco que llega cada 15 días y va hasta Buenaventura.
El problema es que la mayoría de migrantes llegan sin recursos y con urgencias, como el golpe que recibió Iyaru en el coxis, pero al tratarse de municipios de quinta categoría, la capacidad de atención es mínima y la presencia del Gobierno, insuficiente.
No hay recursos en Juradó
Entre el grupo de 17 personas que viaja con Iyaru hay cuatro menores de edad, seis mujeres y tres familias. Llegaron a Juradó sin recursos, por lo que tuvieron que ser acogidos en el puesto de Migración, que también es la sede de la Personería y del Concejo municipal. Es decir, que los migrantes tuvieron que acomodarse en un pasillo y en la entrada del lugar, que no tiene más de 15 m².
Otros se quedan en el anden, justo al frente de la biblioteca, y hasta en colchonetas, junto al mar, para evitar el calor que sofoca en el municipio, pero no hay un lugar exacto en el que se les pueda brindar asistencia humanitaria.
Aunque a comienzo de año la Alcaldía consiguió una bodega para atender a los migrantes, tuvieron que entregarla porque allí se abrió el Banco Agrario, que desde hace 33 años no tenía sede en el municipio. Con el paso de los meses, cada vez más se ve a los migrantes acumularse. En una semana pueden llegar dos botes hasta con 30 personas cada uno, lo que obliga a los migrantes a ubicarse donde puedan.
Una de las familias que llegó a Juradó es la de Yerrika Morales, que viajó con su pareja, su hijo de 12 años, su cuñada y su hija. Estuvieron 11 meses en Ciudad de México esperando a que les dieran la cita de asilo, pero nunca se concretó. “Yo ya tenía mucho miedo y nos quedamos en Ciudad de México, pero la ciudad no te da. Uno trabaja y no reúne nada más que para vivir; no da la capacidad para enviar dinero a Venezuela. Y decidimos irnos, porque es más seguro estar cerca de tu país o en tu país”.
Sin recursos, los migrantes guardan la esperanza de que la Alcaldía de Juradó les ayude a pagar el barco a Buenaventura o que con el paso de los días con su trabajo logren reunir el dinero que necesitan, pero no es fácil es un municipio pequeño.
Según explica el personero, Wilson Murillo, los migrantes llegan con varias vulnerabilidades. Además de la falta de recursos, es normal que tengan problemas de salud por el cambio de alimentación y el tránsito, o que necesiten atención por otro tipo de eventualidades, como el golpe de Iyaru en el coxis. También está el caso de Alejandra González, una barranquillera que regresó al país por Juradó debido a unas recurrentes convulsiones que le comenzaron a dar tras sufrir un golpe en la selva del Darién.
“Iba subiendo una montaña, me resbalé y me pegué en la parte de abajo de la cabeza con una piedra. De ahí para adelante me empezaron a dar ataques epilépticos. Puedo convulsionar hasta cinco veces en un momento y no me acuerdo de nada. Así me robaron llegando a Ciudad de México, así me robaron todo, hasta mis documentos”, explicó Alejandra.
Ella se fue porque una persona cercana le prometió un trabajo en Estados Unidos, pero desde que cruzó el Darién no le volvió a contestar. Llegó hasta México y aunque intentó recuperar sus documentos, señala que eran muy costosos, por lo que decidió regresar a Barranquilla, junto a su mamá, por el mismo caminó que anduvo.
Sobre la situación de los migrantes, el alcalde de Juradó, Denio Rivas, aseguró que han invertido recursos de la Alcaldía para atender a los migrantes que llegan al municipio, pero ya se acabó el dinero. “Somos una población de 4.000 habitantes en la cabecera municipal y recibir 60 personas cambia la dinámica cotidiana. Eso implica que nos toca atenderlos en materia de alimentación y transporte, por lo que estamos colapsados. Hemos hecho todos los pedidos a Migración, a MinIgualdad, al Ministerio del Interior, a Cancillería, al gobierno departamental y desafortunadamente no hemos tenido una ayuda importante para esta población”.
En lo que va del año, al municipio han llegado más de 250 migrantes, y en los últimos meses, entre 30 a 60 migrantes por semana. De acuerdo con el mandatario, por cada uno de los migrantes deben gastar entre $600.000 y $1,2 millones. “Hemos invertido más o menos $200 millones, lo que para un municipio como este es un precio muy alto”, añadió Rivas. La pregunta está en cómo se va a atender a los que sigan llegando.
Una haitiana varada en Bahía Solano
A Bahía Solano también llegan los migrantes en botes, pero, a diferencia de Juradó, su tránsito es más rápido debido a que con mayor frecuencia salen embarcaciones a otras poblaciones como Buenaventura. No obstante, la situación también ha generado alerta en la población.
Al respecto, el personero de Bahía Solano, Carlos Mario Cardona, advierte que a las vulnerabilidades ya mencionadas deben agregarse los riesgos que corren los migrantes de ser reclutados por grupos armados, así como en los caminos pueden llegar a ser víctimas de trata de personas. “Tambien tenemos varios casos de niños solos. Está el caso de una menor de edad de cinco años que, aunque tenía nacionalidad colombiana, venía recomendada con una persona a la que la madre presuntamente se lo entregó en Texas para que la llevara a Buenaventura con quien sería su padre, pero esta persona no habría reconocido a la menor ni ella lo conocía a él”, añadió Cardona.
Muchos de estos niños llegan sin documentos o con papeles venezolanos cuya autenticidad no se puede corroborar. “Tenemos el caso de un menor de un año que venía con una persona que aseguró que la madre lo iba a regalar en México y se hizo cargo de él. Son casos muy preocupantes y no tenemos la capacidad instalada para atender”. Añade que, aunque se ha pedido apoyo a el ICBF, no ha sido posible la asistencia.
A la par preocupa el caso de una haitiana que hace más de cuatro meses llegó con un grupo de 25 venezolanos que lograron salir del municipio. Ella se quedó y vive en la calle. “Además, tiene problemas mentales, cero identificación, no habla español y ha sido una tarea muy difícil, al punto de que no se ha atendido debidamente a la mujer, a pesar de que se han buscado las alternativas”.
Habitantes del municipio aseguran que se ha vuelto violenta, porque la han intentado agredir. Otros mencionan que no tiene problemas mentales y hasta ha intentado buscar trabajo sin mucho éxito por el idioma, por lo que vive de lo que las personas en el municipio le regalan.
Sin soluciones a la vista
El alcalde Rivas afirma que ha buscado ayuda del Gobierno nacional, pero la respuesta ha sido mínima. En los últimos meses, Migración aumentó el número de funcionarios, ahora son dos, y Minigualdad llevó charlas, que él considera irrelevantes para atender la situación. “El Estado no se mueve, el Gobierno nacional ha encartado a los municipios porque no hay ayuda. Hacen reuniones, pero son de diagnóstico, no hay respuestas, y por eso he dejado de asistir, porque no hay conclusiones reales para atender estas situaciones”.
En Bahía Solano, Cardona resalta algo similar. Hay funcionarios de Migración en el embarcadero, pero en el sector del Valle, que es turístico, también están llegando migrantes, que no están siendo identificados.
Ante el aumento de migrantes varados, Murillo, el personero de Juradó, interpuso una tutela para garantizar su atención en el municipio. Un juez le dio la razón y ordenó en primera instancia a ministerios como el de Igualdad y el Interior, así como a Migración a tomar acciones.
El pasado jueves hubo una mesa en la que la Gobernación se comprometió a abrir un Centro de Acogida Transitoria en Juradó y aunque desde la Alcaldía le pidieron al Ministerio de Igualdad apoyar con el traslado de los migrantes varados, señalaron que no tienen recursos para actuar ante la situación en la región. Este medio buscó a esa cartera, que tiene a su cargo la dirección de atención a migrantes, pero los funcionarios indicaron que no hablarían, ni entregaron datos de lo que se ha hecho, por los cambios tras la llegada del ministro Juan Carlos Florián.
Giovanni Rizzo, director del Consejo Noruego para Refugiados en Colombia, advierte que, “a pesar de la solidaridad local (…), es urgente que se mejore la protección de niños y niñas”, así como se requieren acciones en los lugares de tránsito, dado que los migrantes “están a la merced de grupos criminales que operan en la región y han tomado el control de las rutas”.
Esto lo han evidenciado datos recogidos por el Consejo Noruego para Refugiados en los que los migrantes señalan que han sido extorsionadas, amenazadas y su libertad de movimiento ha sido restringida por actores armados. “Los datos de los primeros meses del año evidencian que el número de personas a través de estas rutas continúa con una tendencia similar, es decir entre 50 y 150 personas diarias. En cambio, la presencia de actores armados o criminales a lo largo de estas rutas de desplazamiento si pueden incrementar el riesgo de mujeres, niñas y niños a la explotación o el abuso”.
Sumado a esto, Rizzo alerta que en las últimas semanas han asistido “a mujeres embarazadas que afirman que la vida de sus hijos estuvo en riesgo en el cruce marítimo entre Panamá y Colombia. Personas que están siendo asistidas por mi organización en coordinación con autoridades locales dicen tener miedo e incertidumbre. Por eso es fundamental que los estados de toda la región garanticen una respuesta coordinada para salvar vidas y el respeto por los derechos humanos de esta población”.
Algo similar opina Gracy Pelacani, directora de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes, quien añade que no se está atendiendo ni analizando el problema, pues en los puestos de migración no se están haciendo las preguntas correctas y esto se evidencia en que no se diferencia entre los migrantes que llegan en avión, quiénes lo hacen migrando a la inversa o por otros motivos. Lo mismo se refuerza en los municipios de Chocó, donde se evidencia un alto subregistro en la llegada de migrantes por el Darinén.
“La misma respuesta tuvimos cuando empezó el pico de más de medio millón de personas cruzando el Darién. No se estaba haciendo el control migratorio en salida. La historia se repite, estamos dando la misma respuesta”, añadió Pelacani.
Las pocas acciones que se han tomado se han hecho bajo la Ley de Retorno, que permite a ciertas entidades del Estado dar asistencia, pero además de las alertas de la Defensoría y la Contraloría el Estado no ha creado políticas públicas, ni cuenta con acciones claraspara acoger y atender la migración inversa. Amy Pope, directora general de OIM ha advertido que no hay suficientes vías legales para que los migrantes puedan entrar de manera regular en los países donde se están dando estos tránsitos como Colombia, Panamá y Honduras.
Por esto mismo, Rizzo añade que es fundamental garantizar la coordinación humanitaria, pero también su financiación, pues varias de las organizaciones sin ánimo de lucro que atendían estas emergencias han reducido su operación o han desaparecido por la reducción en la financiación
La gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, ha pedido que se cordinen ayudas humanitarias a corto plazo, se fortalezca la presencia de entidades nacionales en los puntos críticos, así como trabajar en acciones diplomáticas que permitan concretar rutas de retorno seguras. Por lo pronto solo se han establecido mesas de trabajo en la región.
Para el personero Cardona por lo pronto se requieren acciones locales. “Hay que pedir a los alcaldes que estructuren planes de contingencia para afrontar esta situación. Con ellos se pueden apropiar recursos y gestionarlos para atender a los migrantes. No es solo pedir comida y colchonetas; acá hay un tema que va más allá, como asistencia psicosocial, establecer rutas de protección para evitar la violencia de género, implementar mecanismos para niños y niñas e interactuar de manera más efectiva con organizaciones no gubernamentales para que haya un acompañamiento real a quienes migran”.
