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El programa Agro Ingreso Seguro (AIS) nació como una iniciativa gubernamental en la segunda presidencia de Álvaro Uribe Vélez para ayudar con recursos al campesinado y fortalecer el agro en medio de los tratados de libre comercio que se venían adelantando por ese entonces. Sin embargo, pasó a la historia como uno de los más sonados casos de corrupción en el que terminaron favorecidos empresarios, terratenientes, personalidades de la época y algunos políticos. Aunque el caso ha avanzado en distintos frentes y en los últimos 20 años algunas personas han sido condenadas por su participación en el escándalo, una decisión de la Corte Suprema de Justicia acaba de darle un reversazo al proceso de dos protagonistas: los hermanos Juan Carlos y Alfonso Dávila Abondano, quienes habían sido condenados por intentar apropiarse de dineros del Estado.
En contexto: Caso Agro Ingreso Seguro: Corte Suprema tumba condena contra los hermanos Dávila Abondano
El escándalo estalló en 2009 por revelaciones periodísticas que dejaron en evidencia que parte del dinero que el Ministerio de Agricultura entregó en Agro Ingreso Seguro, supuestamente para subsidiar a campesinos afectados por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, terminó beneficiando a poderosos terratenientes, sobre todo en la Costa Caribe. Se estimó que fueron entregados alrededor de COP 16.500 millones en medio de la iniciativa, en la cual hubo irregularidades como que poderosas familias de esa zona del país fraccionaran sus predios para acceder a subsidios de riego y drenaje de tierras.
Dentro de esas familias de empresarios supuestamente beneficiadas estuvo la familia dueña del Grupo Daabon, de los más importantes en plantaciones de palma y banano en Santa Marta (Magdalena). De acuerdo con los expedientes judiciales, los hermanos Juan Carlos y Alfonso Dávila Abondano presentaron dos proyectos independientes que realmente era para el mismo bien: la finca Tequendama, que había sido dividida. En 2009, en el proyecto de Agro Ingreso Seguro se eligieron como beneficiarios esos lotes y los proyectos, en los que se repartirían a uno COP 192 millones, y al otro, COP 247 millones.
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En 2012, los empresarios negociaron con el ente investigador y habían llegado a un acuerdo para aceptar su responsabilidad por el delito de peculado por apropiación agravado, en grado de tentativa. Pero luego, su defensa se echó para atrás y argumentó que el delito de peculado por apropiación nunca se cometió, ya que nunca llegaron a sus arcas los dineros del erario público, por lo cual no podría condenarse a los hermanos Dávila. Sin embargo, en primera instancia el juzgado 25 penal de Bogotá los condenó a dos años de prisión.
En segunda instancia, en 2020, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena . Para intentar anular la determinación judicial, los hermanos Dávila Abondano presentaron un recurso extraordinario ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, pidiendo que fuera anulada la condena que les habían dictado. El recurso que presentaron en ese momento, señalaba que ellos nunca recibieron recursos estatales, pues frenaron la parcelación de tierras cuando estalló el escándalo. Según su defensa en ese momento, nunca se cometió el delito y no debió condenárseles, pues no habrían recibido dinero irregular.
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Bajo esa premisa de que el delito finalmente no se cometió, pues el dinero nunca se recibió, le dijeron a la Sala Penal que debía anularse la condena impuesta por la instancia anterior. Sin embargo, la Corte Suprema consideró que los hermanos no recibieron el dinero porque consideraran que estaba mal recibir recursos públicos destinados a ayudar a los campesinos, sino por la presión mediática en la que se expuso que los empresarios eran los que se estaban beneficiando realmente de esos dineros. Por eso, en julio del año pasado el alto tribunal confirmó la condena y se determinó que los hermanos Dávila Abondano eran responsables de, por lo menos intentar, quedarse con dineros públicos. En ese momento, el caso parecía haber terminado, ya que había recorrido todo el sistema judicial, pues arrancó en juzgado, pasó a tribunal y llegó luego a la Corte Suprema.
Sin embargo, la defensa de los hermanos Dávila Abondano interpuso una tutela contra ese fallo, argumentando vulneraciones al debido proceso y la presunción de inocencia, pues consideró que todo el sistema judicial había valorado erróneamente las pruebas y le había dado validez a un preacuerdo que, supuestamente, estuvo mal construido. Pedían que se anulara la condena y se regresara el proceso hasta el punto donde estuvo el error: la construcción del preacuerdo en primera instancia. Esa petición fue resuelta por la Sala de Casación Laboral recientemente.
En la decisión del pasado 11 de marzo, esa Sala dejó sin efectos la orden de julio del 2025 argumentando la importancia de proteger los derechos a la defensa y al debido proceso por parte de los empresarios. El centro de esa decisión está en un preacuerdo al que habían llegado con la Fiscalía al inicio del proceso. En las revisiones del Tribunal Superior de Bogotá y de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ambas instancias dejaron en firme la negociación del preacuerdo y la condena a los empresarios por esa vía.
Cuando el caso llegó a la Sala Laboral, allí se encontró que ese preacuerdo que se hizo en primera instancia no debió haber sido avalado y que hubo una “inaplicación o aplicación deficiente del control judicial integral por parte de los jueces de instancia”. Para esa instancia, “las autoridades accionadas incurrieron en la lesión de los derechos invocados al exhibir, en realidad, una anomalía con trascendencia constitucional desde el preciso instante en el cual se verificó y aprobó un preacuerdo sin tomar en cuenta las verdaderas razones que rodearon el desistimiento“.
También se resaltó que “el juez eludió su función de control, la que pudo enmendar en la audiencia de individualización de la pena recalcando que el delito preacordado u objeto de aceptación de responsabilidad era abiertamente atípico“. Asimismo, que los hermanos Dávila Abondano no recibieran el dinero ”hace que el actuar de los encartados sea imposible para defraudar el erario“. Por eso, se lee en la decisión, es ”imposible era pensar en una lesión al bien jurídico siquiera bajo una conducta imperfecta (tentada); no obstante, aflora el componente del desistimiento que tiene soporte cognitivo a partir del oficio de declinación, independientemente de si eran o no elegibles».
De dejar la condena en firme, determinó la Sala Laboral, “básicamente los ciudadanos serían destinatarios de una pena que desde sus albores subyace en una contradicción y detrimento de sus derechos fundamentales“. En esa línea, la Sala Laboral dejó sin efecto la última orden que condenaba a los empresarios y le ordenó al juzgado 25 penal de Bogotá retomar el caso a la mayor brevedad para definir si es necesario o no rehacer todo el proceso penal en contra de ellos, a pesar de ya haber recorrido todo el sistema judicial durante más de una década.
Por ahora, el expediente regresa a donde arrancó en 2012: el juzgado 25 penal de Bogotá, al cual se le ordenó retomar el caso a la mayor brevedad para definir si es necesario o no rehacer todo el proceso penal en contra de ellos. Lo que tiene que hacer concretamente esa instancia nuevamente es revisar si el preacuerdo entre la Fiscalía y los empresarios es válido y si se cometió o no el delito, teniendo en cuenta que el dinero nunca llegó a las arcas de los hermanos Dávila Abondano.
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