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Ya comenzó la carrera por la rectoría de la universidad pública más grande del país: la Universidad Nacional. Luego de que se cerrara el proceso de inscripción, hay una lista de diez candidatos que aspiran a reemplazar a Dolly Montoya en el cargo. Es un proceso que culminará el 21 de marzo y, como buena elección, no se ha librado de una que otra controversia. Una de ellas, que no haya una sola mujer entre el grupo de aspirantes. Otra, las denuncias por violencia de género que ha habido contra uno de los candidatos. Y una más, el papel del gobierno de turno en el proceso. (Lea: El Mineducación quiere darle un nuevo rumbo a la Historia en los colegios)
Pero antes de explicar los motivos de aquellos debates, primero hay que aclarar que este proceso no es, propiamente, una “elección” sino una designación hecha por el Consejo Superior Universitario. De la decisión que tome, depende el rumbo que tomará, por ejemplo, la modernización de programas, de promoción de áreas de formación o investigación. También, como asegura Víctor Manuel Gómez, profesor de Sociología en la Nacional, “allí se definen las prioridades de inversión de recursos. De ahí la gran importancia política de dicha composición”.
Hoy, ese grupo está compuesto de la siguiente forma: por la ministra de Educación, Aurora Vergara; dos miembros de la universidad designados por el Presidente (uno, estudiante de maestría y otro de doctorado de la institución); una persona designada por el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) (Humberto Rosanía, exintegrante de la Misión de Sabios); un exrector de la institución (Ignacio Mantilla); un integrante designado por el Consejo Académico (Verónica Orozco, decana de la facultad de Minas); un representante elegido por los profesores (Diego Torres, de la facultad de Ciencias) y otro elegido por los estudiantes (Sara Jiménez). También está la actual rectora, Dolly Montoya, que tiene voz, pero no voto. En total, ocho personas votan.
Aunque once personas se presentaron para aspirar a la rectoría, solo clasificaron diez: Germán Castaño, Moisés Cetré, Jorge Eliécer Córdoba, Juan Pablo Duque, Giovanni Franco, Jairo López, Carlos Mora, Leopoldo Múnera, José Ismael Peña y Raúl Sastre. (Lea también: Estos son los candidatos a rectoría de la Universidad Nacional; no hay mujeres)
Estos aspirantes tienen que presentar sus propuestas ante la comunidad educativa y asistir a los debates organizados por la universidad. Un proceso que, apunta Amanda Lucía Mora, Secretaria General, debe recibir el acompañamiento de una comisión, conformada por un delegado de cada una de las campañas, la personería, el delegado de la Defensoría del Pueblo y el Jefe de Control Interno.
En medio de ese camino, habrá un evento que genera incomodidad entre algunos estudiantes. Se trata de la consulta previa (que es electrónica), en la que profesores, estudiantes y egresados votarán por su candidato preferido el 12 de marzo.
“La decepción tiene que ver con que la gente ha perdido la esperanza y la expectativa, porque saben que sus resultados no se van a respetar”, dice la congresista y exestudiante de la Universidad Nacional, Jennifer Pedraza.
Como explica Sergio Lancheros, integrante del Grupo de Investigación en Políticas Públicas de Educación Superior, el punto es que “los resultados de esta votación de opinión no son vinculantes; simplemente se toman una consulta de opinión de la comunidad universitaria”.
Pero, como asegura Ignacio Mantilla, exrector de la institución, la consulta tiene un Índice Ponderado de Opinión, en el que los profesores tienen el 60 % del peso, seguido de los estudiantes con el 30 % y los egresados con el 10 %. (Puede leer: Subsidio por estudiar en el SENA 2024: requisitos y cómo aplicar)
Sin embargo, en opinión de algunos actores, que solo sea una consulta ha generado desinterés de la comunidad universitaria. Un buen ejemplo para Pedraza es lo que ocurrió hace dos semanas: hubo debate entre los candidatos en el auditorio León de Greiff, de la U. Nacional, pero solo fueron 200 personas, pese a ser un espacio habilitado para 1.600.
En todo caso, los resultados de esa “consulta”, definirán quiénes serán los cinco candidatos finalistas. Pero, mientras eso sucede, hay otro elemento que algunos actores no pueden dejar pasar desaparecido: la posible injerencia del Gobierno de turno.
La política en las elecciones de la rectoría de la U. Nacional
A los ojos del exrector Mantilla, la universidad se ha caracterizado por ser muy seria en el proceso de elección de rector y ha evitado que haya politiquería. “No se quiere que los vicios de la política penetren la institución para la elección de rector y por eso se adelantan foros donde asisten todos los candidatos”, agrega. Estos foros de los que habla Mantilla se llevan a cabo en las nueve sedes del plantel, desde Bogotá, hasta Tumaco, Amazonas u Orinoquía. (Le puede interesar: Cursos gratis en la Universidad de los Andes: así puede inscribirse)
Pero Ronald Vargas, representante estudiantil ante el Consejo Superior de la Nacional, tiene otro punto de vista. Como el Gobierno tiene tres votos (el ministerio, el CESU y los delegados de Presidencia), para él son actores que “votan en bloque”. Dice que no se puede negar que es un cargo muy llamativo, porque la institución tiene presencia en todos los territorios y “cuenta con un presupuesto de $2.2 billones”.
Otro de los factores claves, en opinión de Lancheros, es que es la universidad pública más importante del país y juega un papel muy relevante por su posición en el Sistema Universitario Estatal (SUE). “Tiene una voz valiosa y autorizada en las discusiones sobre educación superior en el país, sobre todo ahora que el Gobierno propuso una agenda de reformas educativas”, añade.
De acuerdo con Pedraza, la designación de este cargo es tan importante en términos políticos, que, en los últimos años, no se ha elegido al candidato que escoge la comunidad académica en la consulta. De hecho, recuerda, a la rectora actual, Dolly Montoya, le ganó el voto en blanco y fueron “Santos y Duque los que la pusieron de rectora”.
Sin embargo, en esta ocasión puede haber un ingrediente que, cuenta Vargas, podría alterar ese fenómeno: el designado del CESU no es afín al Gobierno Petro. “Es probable que no voten en bloque, como sí ocurrió en 2021″, argumenta. Para él, es posible que, esta vez, los representantes de estudiantes, profesores y del Gobierno “sean un poco más proclives a respaldar el resultado de la consulta estudiantil”.
Esta posible “jugada”, apunta Pedraza, exintegrante del movimiento estudiantil de la Nacional, muestra una esperanza de que el Gobierno adopte el resultado de la consulta, lo que, añade, “sería coherente con las propuestas de Petro. Aunque, en caso de que no sea así, no sería la primera que incumpla. Desde el movimiento estudiantil, profesoral y de trabajadores exigimos que respete la consulta. No que ponga un rector dócil y leal al Gobierno, como se ha hecho en el pasado”.
Violencias Basadas en Género, sin atención
Estas elecciones tienen una particularidad: no hay ninguna mujer entre los candidatos. Además, uno de ellos tuvo dos investigaciones disciplinarias por presunta violencia basada en género, aunque el caso fue archivado, al parecer, por vencimiento de términos. Se trata de Moisés Cetré, profesor del Instituto de Estudios Urbanos de la Nacional. (Puede leer: UNAL admite a profesor cuestionado por acoso sexual como candidato a rectoría)
Por medio de un correo enviado al grupo de estudiantes y egresados de la universidad, el candidato Cetré dijo que no estaba de acuerdo con esa política de cancelación que pretendían impulsar algunos integrantes del plantel. Además, anotó que “esta es realmente una acción de matoneo grupal, en la que se ataca, descalifica, persigue y bloquea a alguien, ya sea por sus declaraciones, puntos de vista, trayectoria o acciones específicas”.
También envió una carta al Consejo Superior Universitario en la que describía el caso por el que fue investigado. Añadió que la hermana menor de la denunciante “tildó de mentirosa a la hermana mayor, puesto que este servidor estuvo cenando con las dos. Como entenderán, la hermana mayor es feminista y quería ganar notoriedad en la pasada contienda a la rectoría”.
Ante la polémica, Cetré, quien también se presentó en las elecciones pasadas, se defiende: “con mi número de cédula pueden buscar en la Fiscalía y no tengo ni siquiera una orden de caución por este tema. Les he escrito a las personas que me han señalado que me muestren las pruebas y se quedan callados. Ellos han sido instrumentalizados”. Resalta que en la Universidad Industrial de Santander (UIS), donde trabajó hasta 2004, no lo despidieron por denuncias de violencias basadas en género, sino que presentó su carta de renuncia por otros motivos.
Más allá de este caso, la pregunta es si los estamentos de la institución prohíben que algún candidato con uno de estos casos se pueda postular. La respuesta, dice Mora, Secretaria General, está en un documento que los aspirantes deben firmar para postularse. “Deben hacer una manifestación expresa de no haber sido condenados por hechos punibles, salvo delitos políticos o puniciosos, ni sancionados en el ejercicio de su profesión o disciplinariamente por faltas graves”. Además, la universidad tiene que verificar si tienen o no procesos abiertos.
A Vargas le genera inquietud este punto, pues la universidad solo se cerciora de que no tengan ningún proceso disciplinario fallado en contra, “se basan en la presunción de inocencia y permite que puedas aspirar al cargo”. Esto, a su vez, complementa Pedraza, va en contravía de lo que dice la Corte Constitucional, pues señala que “para garantizar que la educación sea un derecho como tal, debe garantizarse a su vez que sea libre de todo tipo de violencias basadas en género”. Algo que, advierte, no está pasando en la institución.
En su opinión, a pesar de que la Nacional cuenta con uno de los protocolos de violencias basadas en género más antiguos del país, hasta la fecha no ha habido, a su parecer, ninguna rectoría comprometida con adoptar las medidas cautelares, para prevenir que las mujeres sigan siendo víctimas de este tipo de violencias. Por eso, añade Mónica Godoy, antropóloga y maestra en estudios de género, el mensaje que está enviando la universidad es que no está tomando las medidas preventivas necesarias. (Le puede interesar: ¿Quiere estudiar un posgrado en Estados Unidos? Fulbright tiene becas disponibles))
“Ahora las víctimas de violencia no solamente tienen que sufrir el hecho victimizante, sino toda la revictimización que sus pares y otros profesores hacen. El efecto que se quiere lograr con estos ejemplos es uno de silenciamiento. Es decir, no vayas a decir lo que te pasó porque estás promoviendo la cancelación”, complementa.
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