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A las 5:22 p.m. se hizo oficial. La unión temporal Integración Logística Electoral 2026 se quedó este miércoles con el billonario contrato para la organización de las elecciones del año entrante. Se trata de una unión en la que Thomas Greg & Sons Limited tiene el 59,98 % de la participación y otras ocho empresas suman un 24,38 % adicional.
La decisión de la Registraduría de Hernán Penagos materializa la pérdida de un pulso que el presidente Gustavo Petro ha tenido con esta firma, a la que ha acusado de favorecer un supuesto “fraude” en las elecciones de 2022 y que, adicionalmente, ha hecho todo lo posible para evitar que continúe con la responsabilidad de la expedición de pasaportes. Una pelea en varios frentes.
Con un puntaje total de 55,25 de 100 posibles, Thomas Greg se hizo con la licitación. La Registraduría consideró que la propuesta “acoge la evaluación final y definitiva realizada a la oferta por el Comité Evaluador en ejercicio de su competencia y responsabilidad funcional, por encontrarla debidamente sustentada y conveniente”.
Las nueve firmas que lograron ese concepto del ente electoral, y que conforman plenamente la unión temporal, son Thomas Greg & Sons Limited (Guernsey), Thomas Greg & Sons de Colombia (11%), Thomas Processing & Systems (8,38%), el Grupo ASD (7,15%), Thomas Greg Express (5%), Colombia Telecomunicaciones (3,64%), Sociedad Operadora Opesa (2,92%), Securid SAS (1%) y Compañía Colombiana de Seguridad Transbank (1%).
Desde que se conoció que Integración Logística Electoral figuraba como único oferente, el presidente Petro no solo se opuso sino que, incluso, lanzó un manto de duda sobre todo el proceso del que saldrá su sucesor: “Desconfío de la transparencia de las elecciones de 2026”. Ese mensaje, que ha reiterado en varios escenarios, se da al tiempo que libra la pelea para que Thomas salga del proceso de elaboración de pasaportes. Para ello, el Gobierno inició la formulación de un nuevo modelo a contrarreloj, reconociendo de forma tácita que, pese a los deseos del jefe de Estado, el país aún no está del todo preparado desde lo público para asumir esa responsabilidad vía Imprenta Nacional.
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De hecho, por ese cambio, salieron los tres primeros cancilleres de Petro: Álvaro Leyva (acusado ahora de intentar gestar un presunto golpe de Estado), Luis Gilberto Murillo (precandidato presidencial en este momento) y Laura Sarabia. Y la canciller encargada, Rosa Villavicencio, llega con la responsabilidad de afinar todos los detalles para que, en 55 días, el próximo 1° de septiembre, la Imprenta –en compañía de la Casa de la Moneda de Portugal– asuma el proceso. En el intermedio, ya la Procuraduría les abrió una investigación disciplinaria a Murillo, a Sarabia y al jefe del gabinete, Alfredo Saade.
Pero no es solo el presidente quien ha planteado las dudas en el cuantioso proceso de contratación, que le da a Integración Logística Electoral la responsabilidad de encargarse de la etapa preelectoral, electoral y poselectoral de las elecciones al Congreso, a la Presidencia y a los Consejos de Juventud. Miembros de algunas de las empresas, que hablaron bajo reserva por la complejidad del tema, aseguraron que, por los términos del pliego, solo Thomas estaba habilitado para cumplir condiciones, como la experiencia en varios de los procesos y del transporte de los kits electorales.
En efecto, los $2,1 billones se destinarán a lo que la Registraduría bautizó como una “solución integral”, que abarca: la inscripción de ciudadanos, candidatos y jurados de votación, la impresión y transporte de 100.000 kits electorales en los 1.104 municipios colombianos, la operación de la plataforma de infovotantes, la implementación de la biometría, el control de puestos de votación, el preconteo y las comunicaciones, los escrutinios, las actas de escrutinio de mesa de los jurados (el formato E-14), las actas de instalación y registro de votantes (formato E-11), toda la infraestructura tecnológica y la mesa de ayuda.
“Todos estos componentes, que conforman la solución integral hacen parte de la etapa preelectoral, electoral y postelectoral, se requieren entre sí para posibilitar que los ciudadanos puedan participar en la conformación del poder político y ejerzan el derecho fundamental al voto, con plenas garantías y transparencia”, dijo la Registraduría.
La trasescena y las dudas
El pasado 28 de mayo, en la página del Secop II, que reúne todos los procesos de contratación del Estado, se publicó el aviso de convocatoria SA 03 de 2025. Su objeto decía “contratar una solución integral logística, tecnológica, informática y de servicios, para la organización y realización de los procesos electorales a llevarse a cabo en los años 2025 y 2026”.
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Desde ese momento, empezó la cuenta atrás que terminó este miércoles con la publicación de la resolución 8135 de 2025 –de cuatro páginas y firmada por Sabina Cajiao Cabrera, gerente administrativa y financiera de la Registraduría– que dio como ganadora a la mencionada unión temporal.
No obstante, como consta en las carpetas del proceso a las que accedió en su integridad este diario, diez empresas manifestaron su interés de participar en el proceso. Se trató de Multidestinos JRB SAS, S3 Simple Smart Speedy SAS, Colservicio & Suministros SAS, Servientrega, Comercializadora Empresarial Decordoba SAS, Smartmatic, Cadena SA, Portes de Colombia, Toppan Secury Colombia SAS y la unión temporal dirigida por Thoma Greg & Sons.
Pero esa manifestación de interés, que tuvo como plazo máximo el pasado 17 de junio, no significó la presentación de una oferta. De hecho, varias firmas enviaron observaciones que evidenciaron no solo la complejidad del proceso, sino las tensiones alrededor de una licitación que hoy capta la atención del país por su trascendencia.
En ellas se habló desde posibles cambios en los términos hasta duras críticas, pasando por una audiencia, solicitada por Servientrega, para “garantizar la transparencia”, pero que la Registraduría no accedió a realizar.
Pero los cuestionamientos más duros llegaron de Cadena SA –que también, en su momento, ha manifestado interés por ocupar el lugar de Thomas Greg en el proceso de los pasaportes– y de Portes de Colombia. Sobre todos los procesos que entrará a implementar la unión temporal, Cadena indicó en sus observaciones que “la inclusión de numerosos procesos dentro de un único contrato ha sido gradual, lo que ha permitido al contratista de los últimos 20 años, establecer una cadena de valor que se adecúa a los suministros y servicios objeto de contratación, mientras que otras empresas nacionales e internacionales que no han tenido la oportunidad de participar en procesos electorales en Colombia no cuentan con la misma ventaja comparativa”.
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Y Portes de Colombia fue más allá al aseverar: “Es evidente que el único oferente que ha cumplido por más de 20 años con todas las condiciones del objeto a contratar es la compañía Thomas Greg & Sons de Colombia S.A.S., además de que todos los requisitos habilitantes de este proceso presuntamente se ven direccionados a esta empresa, cuál es el sentido de convocar a las empresas a presentar oferta”.
El Espectador buscó a ambas empresas, pero declinaron pronunciarse. En todo caso, en las respuestas que les dio la autoridad electoral se aseguró que no tenía sustento decir que el proceso buscó “favorecer a un interesado en particular, afirmaciones que además de que se encuentran en el límite de una conducta violatoria de la ley penal y prácticamente resultan temerarias, por su carácter genérico y por su ausencia de sustento preciso”.
Además, como quedó consignado en los documentos del Secop, tres empresas enviaron cotizaciones: Tigo UNE, Smartmatic Holding International y la misma Thomas Greg & Sons.
Aunque esas cotizaciones no eran propuestas formales, sino que correspondían a un estudio de mercado, la entidad electoral consideró que “la cotización presentada por la firma Tigo UNE no resulta comparable, porque solo contempló el componente de plan de comunicaciones; la firma Smartmatic cotizó los componentes generales, pero no los ítems desagregados, lo cual impide conocer con certeza el origen de los valores cotizados, y la firma Thomas Greg & Sons Ltd cotizó todos los componentes incluidos los ítems desagregados”.
Al final, cuando llegó el plazo, en la oficina de la Registraduría solo había una propuesta. A las 4:50 p.m. del pasado 24 de junio, Integración Logística Electoral 2026 envió una propuesta por $2,1 billones, en el límite del presupuesto publicado por la entidad. A las 9 de la mañana del siguiente día cerró la ventana para ofertar.
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En la evaluación técnica, la propuesta obtuvo 30 de 59,75 puntos y en la económica 25 de 25 puntos posibles. Había otros factores, que no se aplicaron a la unión temporal, como 15 puntos para empresas de la industria nacional y 0,25 para emprendimientos y empresas de mujeres.
Los ecos de la selección
Con esa decisión, la compleja logística electoral quedó en manos de una empresa, que, desde hace ya varios años, está en el proceso. Pese a esa experiencia, el presidente Petro ha cuestionado que esa empresa, además, pudiera acceder a la base de datos de los colombianos. Algo que la Registraduría ha negado de tajo.
En efecto, el exregistrador Juan Carlos Galindo Vácha (2015 – 2019) aseguró que “el software está centralizado por el Estado. [La unión temporal] apoyará la logística y las labores tecnológicas para el adelantamiento de los escrutinios”.
Además, advirtió que las elecciones, por su importancia, reúnen a la totalidad del Estado: “En el proceso interviene la Procuraduría, estarán los testigos en las mesas y en las comisiones de escrutinios. Habrá observadores nacionales e internacionales. Y toda la información del preconteo, digitalización y escrutinios se entregará a los partidos para que ellos puedan revisar lo que consideren y poner las alertas del caso”.
Una de las preocupaciones planteadas por el jefe de Estado también es que exista la posibilidad de un fraude. “Yo no quiero aplazar [las] elecciones. Pero eso de traer una empresa que fue detectada por su software en un fraude electoral, ni más ni menos que por la justicia de Colombia, pone en riesgo, por completo, la transparencia electoral”, escribió este miércoles antes de que se conociera, de manera oficial, el resultado de la licitación.
Hay momentos de máxima estupidez humana: Yo no quiero aplazar elecciones. Pero eso de traer una empresa que fue detectada por su software en un fraude electoral, ni más ni menos que por la justicia de Colombia, pone en riesgo, por completo, la transparencia electoral https://t.co/3tQydIJ7TI
— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 9, 2025
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El presidente se refería al proceso iniciado en 2014 por el Partido Mira y que desencadenó, en 2018, en un fallo del Consejo de Estado que le dio tres curules en el Congreso a esa colectividad, otorgándole validez al argumento de que, a través del software utilizado para el escrutinio de esos comicios, hubo omisiones que los dejaron, durante ese periodo, sin representación en el Capitolio.
Pero al respecto, el concejal Samir Bedoya Piraquive, como vocero del partido –que envió observaciones en el proceso de la Registraduría sobre el acceso a la información– aseguró: “Pudimos acceder a los prepliegos para revisarlos de manera detallada, que es el anexo más complejo y presentamos observaciones, que van destinadas a que los partidos y las organizaciones puedan acceder de forma oportuna a la información”.
En ese sentido, y luego de esa revisión, la colectividad encontró que “el proceso de contratación fue transparente. No fue un proceso oscuro. Todos tuvimos acceso a las condiciones y el país debe estar tranquilo”. E incluso, sobre Thomas Greg, aseguró que “ha garantizado que los kits [electorales] lleguen a tiempo y la seguridad se garantice, creo que el país debe quedar tranquilo. Nosotros respaldamos este proceso”.
En esa línea, y según bases de datos públicas, desde 1991, el presidente Petro ha aspirado a siete cargos de elección popular. Y todos, menos en uno, en las elecciones de 2018, fue elegido en procesos en los que Thomas Greg & Sons participó en la logística.
Organizaciones como la Misión de Observación Electoral (MOE), que estuvo en varias mesas técnicas sobre la licitación con la Registraduría, validaron el resultado. Frey Alejandro Muñoz, subdirector de la veeduría, resaltó que se trató de “un proceso enmarcado dentro del orden legal colombiano, bajo una modalidad de selección abreviada, contemplada en los estatutos contractuales justificada por ese bien y servicio en un contexto de seguridad nacional”. Y Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, resaltó que “es la primera vez que se tienen consideraciones en temas de transparencia de tecnología, hay varias consideraciones que la Registraduría ha intentado tomar en cuenta para darle más apertura y visibilidad y no hay ninguna inhabilidad”.
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Hasta el cierre de esta edición, el presidente Petro no se ha manifestado de forma directa sobre el resultado de la billonaria licitación. De momento, Thomas Greg & Sons empezará los preparativos para unas elecciones envueltas en ruidos de fraudes, con la prioridad de la seguridad en la agenda pública y con la expectativa del progresismo de hacerse reelegir en la Casa de Nariño. Mientras tanto, varios sectores políticos, no solo desde la oposición sino también desde aliados del Gobierno, le dijeron que debe garantizar las elecciones.
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