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Aumentan las pruebas del abuso del Ejército y la Policía de Perú durante las manifestaciones en ese país entre diciembre del año pasado y febrero del presente. Un informe de Human Rights Watch (HRW) —que entrevistó a más de 140 personas, verificó más de 37 horas de video y 663 fotografías de las manifestaciones, y revisó autopsias e informes de balística— demuestra que el Gobierno de Dina Boluarte fue, cuando menos, complaciente con la violencia estatal. Se trata de crímenes que deben ser investigados por una comisión internacional y son un recordatorio de que ese país está en medio de un deterioro institucional alarmante.
Las manifestaciones las causó el entonces presidente Pedro Castillo, quien intentó dar un golpe de Estado para cerrar el Congreso, tomar control de la Rama Judicial y quedarse en el poder. Como el Congreso peruano lo detuvo y lo destituyó, ubicando en la Presidencia a Dina Boluarte (siguiendo lo dictado por la Constitución de ese país), hubo un estallido social. Las personas de los sectores más pobres de Perú salieron a las calles a protestar no solo porque sentían que Castillo había sido destituido injustamente, sino porque el sistema político de ese país lleva años en crisis y los congresistas mismos tienen un aluvión de denuncias encima. Las personas que salieron a las calles tenían todo el derecho a protestar, pero el Estado aprovechó algunos actos de violencia para responder de manera desproporcionada. Lo vimos en su momento en videos difundidos en redes sociales y ahora lo viene a confirmar HRW.
Las conclusiones del informe son contundentes: “El Ejército y la Policía de Perú son responsables de muertes que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, así como de otros abusos brutales contra manifestantes”. Adicionalmente, la organización internacional encontró que “al menos 39 personas murieron por heridas de bala. Más de 1.300 resultaron heridas”. El hallazgo de las balas, que coinciden con el tipo de armamento que usaron las autoridades peruanas, es particularmente preocupante, pues el Gobierno lo ha intentado negar. De hecho, en varias declaraciones públicas, la presidenta Boluarte, quien ahora tiene su propia investigación en el Congreso, les restó importancia a las denuncias que se han hecho.
Hasta ahora la respuesta institucional peruana ha sido que hay investigaciones en curso. Pero los hallazgos y la crisis democrática producen dudas sobre su capacidad de dar con los responsables. Entre las denuncias de HRW también hay detenciones arbitrarias, lo que termina de completar un panorama de profunda desconfianza en las autoridades.
Para empezar, el Gobierno peruano debería pedir una comisión de investigación internacional independiente. El resto de Estados democráticos necesitan presionar para que haya procesos transparentes. La diplomacia de varios países ha perdido mucho tiempo en la defensa de Castillo, cuando el pueblo peruano necesita el apoyo para que su sistema salga de la crisis.
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