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El cuerpo diplomático acreditado en Colombia llegó cerca de las 11 de la mañana a la Casa de Nariño para una reunión en la que el presidente Petro detalló cuál sería la estrategia del “golpe de Estado” que ha denunciado en su contra tras la apertura de una investigación del Consejo Nacional Electoral a su campaña, con la esperanza de obtener más respaldos a nivel internacional. Por ahora, los apoyos se mantienen por la línea progresista, con Brasil y México en cabeza, mientras que los otros gobiernos evalúan si sentar posición sobre el tema, pues podrían señalados de injerencia en asuntos internos.
Con la jefa del Departamento Administrativo de Presidencia, Laura Sarabia, y el canciller Luis Gilberto Murillo, el mandatario presentó ante los delegados el “paso a paso cómo se ha desarrollado el golpe de estado en Colombia y lo que vendrá en los próximos meses”, como explicó a través de una publicación en X. En ella, aprovechó para volver a referirse a una supuesta “alianza criminal que se ha forjado contra el voto popular en el país”.
El énfasis del Gobierno fue en el carácter informativo de la reunión, y ninguno de los asistentes dio declaraciones sobre lo hablado, especialmente sobre el CNE. De acuerdo con Murillo, el presidente realizó una presentación del contexto político actual, de la mano con “las amenazas a la democracia y sobre todo del fuero presidencial”. Sin embargo, la respuesta más contundente que habría recibido el mandatario habría sido la de la participación en la COP16 y el compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz, los otros dos temas tratados en el encuentro.
“Esto es una reunión informativa. Como funciona la diplomacia, obviamente hay un intercambio de preguntas, de respuestas, un diálogo muy constructivo y, obviamente, los diplomáticos acreditados en Colombia informan a sus gobiernos, tienen planteamientos de primera mano que les permite aún mejor informar sobre lo que está sucediendo”, señaló el canciller. Y agregó que los participantes habían enfatizado en su compromiso con el mantenimiento de la democracia.
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La lista inicial contaba con la presencia de 90 delegaciones, pero para la mañana del miércoles se había definido la participación de 73 representantes. Entre ellos, los embajadores de la Unión Europea, España, Reino Unido, México, Chile, Venezuela y China, así como el encargado de negocios de Estados Unidos, Francisco Palmieri, y el de Brasil, Luis Nascentes Da Silva. El Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia— junto con otros órganos de la ONU con presencia en el país— también asistieron a la reunión.
Aunque el ministro de Exteriores resaltó las “mociones de agradecimiento” por parte de algunos diplomáticos por su participación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la posibilidad de que varios Estados se pronuncien sobre la investigación del CNE podría tardar. La razón es simple: el hecho de que den declaraciones al respecto podría significar cierta injerencia en los asuntos internos de otro país.
Los homólogos de Petro que sí se han pronunciado al respecto son aquellos que están en la misma línea progresista del mandatario: México, en cabeza de la recién posesionada Claudia Sheinbaum, y Brasil, dirigido por Luiz Inácio Lula da Silva. Tras las declaraciones de la presidenta mexicana, el senador Humberto de la Calle envió una carta a la embajadora de ese país en Colombia, Martha Patricia Ruiz Anchondo, en la que le recordó que “su propia condición implica que ella habla a nombre del estado mexicano, estado que se ha caracterizado por la defensa superlativa del principio de no intervención”.
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“Respetuosamente sugerimos que, si México va a romper esa tradición y se va a ocupar de nuestros problemas internos, se asegure de mirar con equilibrio las diversas complejidades de un tema tan importante, examinando no solo las opiniones diversas sino también la conducta de nuestras instituciones que creemos logrará superar las actuales vicisitudes”, se lee en la misiva que el senador publicó a través de redes sociales.
En la lista también está Venezuela, que ha tenido ciertas fricciones con el Gobierno Petro por cuenta de las elecciones en ese país. El canciller venezolano, Yván Gil, propuso “un amplio proceso de discusión política entre actores colombianos, con la medicación directa de la República Bolivariana de Venezuela”.
No obstante, la respuesta de Colombia a esa propuesta no habría sido entusiasta y desde el Palacio de San Carlos no estarían dispuestos a seguirle la cuerda al régimen de Maduro en esa cuestión, menos aún cuando desde el Palacio de Miraflores ya habían acusado de injerencia a Colombia por pedir que se publicaran las actas de los cuestionados comicios.
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Entre todo eso, lo presentado por el presidente permitiría a los diplomáticos llevar una cronología de lo ocurrido a sus propios jefes de Estado, que tendrán que analizar la situación. Eso sí, no sería nuevo para ninguno de los gobiernos un llamado similar por parte de Petro, que en junio de 2023 ya advertía sobre un “golpe blando” que se estaría gestando en su contra con la investigación en la Comisión de Acusaciones, y que, para mayo de este año, ya señalaba al CNE como uno de los responsables.
Desde entonces hasta ahora, Petro no ha soltado ese discurso e insiste en que, además de formular cargos en su contra, no está permitido siquiera que una instancia como el CNE lo investigue, como sí lo ordena la ponencia presentada por los magistrados Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático).
Entre los temores del Gobierno, y sobre lo que se ha hecho ya un llamado, está la posibilidad de que el presunto golpe se concretara en menos tiempo de lo esperado. El vicecanciller Jorge Rojas, en diálogo con El Espectador, indicó que podría compararse con el caso de Dilma Rousseff, la expresidenta de Brasil quien fue destituida por una presunta malversación de los recursos del Gobierno brasileño.
“Hay quienes sostienen que ya la investigación la hizo el Consejo Nacional Electoral; entonces, la Comisión solo le daría trasladado a la plenaria de la Cámara. Y si la plenaria de la Cámara lo aprueba, va directo al Senado. Dilma Rousseff duró 30 días en ese proceso y fue destituida”, aseguró el vicecanciller. Y añadió que “podría ocurrir algo así y no para dentro de dos años. Lo están empezando ya”.
Mientras la Casa de Nariño busca sumar firmas al respaldo internacional que espera recibir el presidente, así como el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la decisión que ya acoge al presidente por su caso de la Alcaldía de Bogotá, Petro mantiene vivo el discurso de que buscan sacarlo del poder. La ciudadanía, además, ya fue convocada a las calles, como lo hizo el mismo mandatario durante la alocución presidencial posterior a la decisión del CNE. Y será ahí donde también se defina parte del futuro del caso y de la misma suerte del Gobierno.
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