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“Alcaldesa de Bogotá no es la única responsable por hacinamiento”: Asocapitales

La Procuraduría investiga a Claudia López Hernández para determinar si hubo incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la creación de nuevos centros de prisión preventivos.

La Corte Constitucional realizó una inspección judicial a estaciones de policía del sur de Bogotá para poner en evidencia la crítica situación de la población privada de la libertad. Esta es la primera de varias visitas que se realizarán en el territorio nacional.
El dato general de hacinamiento en centros de detención transitoria en Bogotá no baja del 150 % y hay estaciones con cifras que siguen por encima del 500 %.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Luego de que la Procuraduría General de la Nación anunciara la apertura de una investigación a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López Hernández, por presunta omisión de responsabilidades en la creación de nuevos centros de detención para así reducir el hacinamiento, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) se pronunció.

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De acuerdo con el Ministerio Público, se “ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra la Alcaldesa Mayor por el posible incumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con la obligación de crear, dirigir, organizar, administrar, sostener y vigilar las cárceles, o centros de prisión preventivos, y los casos de hacinamiento registrados en la capital”.

Luego de conocida la apertura de la investigación, Asocapitales indicó que tanto López como los demás alcaldes vinculados “no son la única autoridad responsable frente a problemas de hacinamiento en centros de detención transitoria. A pesar de que existen ciudades capitales con recursos para la construcción de cárceles no han contado con el aval o permisos por parte del Gobierno Nacional para avanzar con dichos proyectos. Invitamos respetuosamente a las autoridades competentes a que nos ayuden”.

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De igual forma, la asociación solicitó a la Procuraduría que se revise el alcance de la sentencia SU 122 de 2022 que ordena a todas las entidades nacionales, departamentales y locales establecer una planeación de fuentes de financiación de gastos que incluya el aumento de cupos a favor de la población procesada bajo detención preventiva.

“Invitamos al Gobierno Nacional, al INPEC y a todas las entidades territoriales a que respondan también en este proceso, teniendo en cuenta el constante esfuerzo adelantado por los mandatarios de las ciudades capitales. La sociedad y la Corte Constitucional esperan medidas a corto plazo para superar esta situación”.

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La problemática de hacinamiento en centros de detención transitoria en Bogotá viendo siendo estudiada por la Corte Constitucional, que en 2022 ordenó mejoras en las condiciones. El dato general de hacinamiento no baja del 150 % y hay estaciones con cifras que siguen por encima del 500 %.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

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