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El departamento de Santander fue condenado por la muerte de Camilo*, un niño de siete años quien murió luego de que el puente El Tablazo, en San Vicente del Chucurí (Santander), se desplomara el 2 de marzo de 2011. La familia de la víctima, vecino de la zona rural cercana a Bucaramanga, será reparada por la falta de gestión administrativa por parte de las autoridades locales, quienes intentaron salvar la vida útil de un puente que estaba al borde del colapso.
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La caída del puente El Tablazo fue una tragedia para la comunidad. Para empezar, el desplome de la estructura, construida en la década de los 40, significó la muerte temprana de Camilo*, quien según los vecinos tenía libre acceso a una infraestructura que, para 2011, tenía en reparación uno de sus estribos (apoyos). Justamente, el día del evento, quedó bajo los metales el obrero Abelardo Badillo Silva, cuya familia también inició un proceso de responsabilidad contra el Santander y su empleador.
Esta historia comienza en diciembre de 2010. Las lluvias provocadas por el fenómeno de la niña ocasionaron daños en la tierra de la que nacía el puente El Tablazo. El estribo afectado se desplazó por más de tres metros, cifra que triplicaba la diferencia esperada para cada cinco años. El Santander declaró urgencia manifiesta en la vía San Vicente – La Renta y, entonces, celebró un contrato de obra para conservar y atender las emergencias en las vías secundarias del departamento.
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El contratista Andrés Julián Montero quedó a cargo del contrato, el cual pretendió reparar únicamente el estribo desplazado del puente El Tablazo. El contratista, a su vez, delegó las obras a la sociedad Sánchez Constructores Ltda, la cual se encargó únicamente a lo que le mandaron: reparar el estribo. Durante el expediente, ambos fueron vinculados por las familias de las víctimas, sin embargo, tanto el contratista como el subcontratista quedaron libres de toda culpa. ¿La razón? Les mandaron a hacer un trabajo que no correspondía a las necesidades reales.
Según consideró el Consejo de Estado, el puente El Tablazo no necesitaba un remedio en una de sus bases, en realidad, tocaba hacer de ceros la estructura vital para el transporte en esa región. Lo que jamás advirtió el departamento de Santander en los estudios previos al contrato, y por lo cual fue condenado, es que no solo se desplazó el estribo durante la temporada invernal. También se generó una falla en la articulación superior del arco metálico del puente.
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“Esa falla en la articulación del arco condujo a que el puente llegara a un punto de equilibrio inestable, lo cual se traducía en que cualquier manipulación sobre su estructura, a través de la ejecución de obras de reparación, podría ocasionar su colapso inminente. En secuencia con lo anterior, al haber ejecutado las obras de recuperación del estribo en una estructura que tenía un fallo en el arco de su articulación, se originó una pérdida total del equilibrio del puente que llevó a su colapso”, consideró el Consejo.
En síntesis, se le reprocha al departamento de Santander haber adelantado un proceso de contratación sin sentido, pues la autoridad no adelantó los estudios correspondientes para determinar que el puente estaba por colapsar. Cualquier intento por remendar algunas de sus partes iba a terminar con la destrucción de la misma infraestructura, que justo ese día sostenía a un niño de siete años y a un trabajador, miembro de la comunidad.
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Durante el proceso, el Santander aseguró que la muerte de Camilo* era “culpa exclusiva de la víctima”, por cuanto “debió prever que la introducción en dicha estructura sin mecanismos de protección generaría un riesgo mayor”. Y aportó prueba de que la obra tenía toda la señalización que indicaba lo riesgoso de estar en el puente y, además, explicó que en ese apoca había socializado el riesgo para la comunidad.
No obstante, el Consejo de Estado le respondió que la muerte del menor de edad no es culpa suya ni de su familia, pues incluso estando en compañía de un adulto responsable, el daño se habría producido. Es decir, la clave del problema es que el paso por el puente estaba permitido, cuando no debía estarlo. Y lo recomendable, desde el punto de vista técnico, era sellar la estructura por completo y reemplazarla por una nueva.
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Para decidir, la alta corte contó con la intervención de la Universidad Industrial de Santander (UIS), la cual presentó un informe sobre las causas del colapso. La voz experta consideró que la autoridad local jamás conoció el problema real y, aparte, intentó solucionar el problema enfocando todos los esfuerzos en uno de los estribos, directriz que siguió el contratista. La familia del obrero Abelardo Badillo Silva no obtuvo resarcimiento alguno, más de una década después del siniestro, pues el Consejo le respondió que debía iniciar un proceso laboral contra su empleador.
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