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Gran revuelo causó la decisión del fiscal Karim Khan, de la Corte Penal Internacional (CPI), de cerrar la investigación que adelantaba ese organismo por actos perpetrados en el marco del conflicto armado interno. En términos generales, la decisión de cerrar el examen preliminar del caso por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante 17 años de conflicto armado fue celebrado de manera unánime, tanto por miembros del gobierno como la oposición.
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Sin embargo, mientras el gobierno se limitó a festejar el cierre de la investigación, varios congresistas subrayaron que la decisión significa un gran reconocimiento a labor de la JEP y que, por lo mismo, desde este momento está blindada contra posibles intentos de modificarla o suprimirla.
El presidente Iván Duque fue el primero en aplaudir la clausura del examen preliminar a Colombia. Tras el encuentro con el fiscal Kahn, el mandatario señaló que de esta forma se abre una nueva etapa de relaciones con la CPI y que eso no significa que la corte se aleje de Colombia; por el contrario, dijo, “habrá un trabajo mucho más estrecho”, por lo que incluso anticipó que a comienzos de 2022 visitará la CPI para llevar los avances del acuerdo alcanzado.
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“Se sella un acuerdo entre Colombia y la CPI para estar compartiendo información, para tener reuniones periódicas y para seguir mostrando los avances de nuestro país en este proceso que es fundamental para darle tranquilidad a millones de víctimas de la violencia”, dijo Duque en sus conclusiones del encuentro.
Y es que, sin duda, el aspecto más importante de la reunión con Kahn fue el compromiso del presidente Duque de cumplir el Acuerdo de Paz firmado con las Farc y asegurar que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tendrá todo lo necesario para realizar su trabajo. Ese compromiso se traduce en un revés para el partido de gobierno, Centro Democrático (CD), teniendo en cuenta que en múltiples ocasiones ha buscado la manera de reformar este mecanismo de justicia transicional.
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Para no ir muy lejos, tras la firma del acuerdo el senador Ernesto Macías, del CD, expresó que ahora “el paso siguiente debe ser el de someter a la JEP a una reforma profunda y estructural.” Pero la firma del compromiso dio paso a múltiples reacciones sobre todo de la oposición, resaltando los efectos de ese compromiso.
El senador Iván Cepeda (Polo Democrático), aseguró que el acuerdo no implica que el país quede por fuera del escrutinio internacional respecto a violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. “Este no es un cheque en blanco para la impunidad. Por el contrario lo que va a hacer la fiscalía y la propia CPI es observar muy detenidamente lo que ocurra con la JEP pues el Gobierno se ha comprometido a respetarla”.
En eso coincidió la representante Katherine Miranda (Alianza Verde), quien aseguró que el acuerdo entre el Gobierno y la CPI “está supeditado a que no podrán reformar jamás la JEP” y celebró que de esta forma se pone punto final a las “perversas intenciones” de modificar la JEP.
La senadora Sandra Ramírez (Comunes), quien obtuvo su curul gracias al Acuerdo de Paz, Iván Duque se vio obligado a reconocer el Acuerdo de Paz ante la CPI, a respetar la JEP y la CEV, todos sus esfuerzos y los de su partido por hacer trizas la paz y por torpedear la JEP siguen fallando. ¡Insistimos en que el camino es la paz, la verdad y la reconciliación.
Por su parte, el senador Roy Barreras, electo por el Partido de la U pero hoy en la Colombia Humana, destacó que el fiscal Kahn no mencionó que la JEP “es un tribunal de impunidad”, como en repetidas ocasiones han insinuado los miembros del CD. “Ojalá el Gobierno deje de atacar la JEP y reconozca ante el mundo la legitimidad de la justicia transicional que está haciendo posible los caminos de la verdad y, por esa vía, los caminos de la paz que quisieron hacer trizas”.
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Si bien elogió ese espaldarazo a la JEP, la representante María José Pizarro (Colombia Humana) reprochó que es “extraña y preocupante” la postura de la corte internacional ante los crímenes de lesa humanidad que, a su juicio, son “evidentes”. Por esa misma vía, el senador Antonio Sanguino (Alianza Verde) se mostró preocupado por que la clausura del examen, “con un uribismo empecinado en hacer trizas la paz y destruir la JEP le abra paso a una enorme ventana de impunidad y graves crímenes”.
Al respecto, la representante Ángela María Robledo hizo una crítica al cierre del examen preliminar, teniendo en cuenta que todavía hay quienes insisten en derogar la JEP. “El Fiscal de la Corte Penal Internacional debe ignorar que en la Cámara de Representantes cursa de nuevo un proyecto para acabar con la JEP. Una razón más para considerar apresurada su decisión de cerrar el caso Colombia por violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”.