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Jaime Roncancio, conocido por sus amigos y familiares como “Calabazo”, fue uno de los líderes sociales más influyentes y reconocidos del centro de Bogotá. El pasado 8 de octubre lo asesinaron en el barrio Egipto, tras recibir dos disparos. Durante años le apostó a la construcción de paz a través de proyectos de turismo social, que buscaban, además de recorrer puntos claves de las zonas altas del centro de la ciudad, cambiarle la percepción a este sector. Su crimen devela el crudo panorama de violencia, amenazas y persecución que se cierne sobre decenas de líderes y lideresas sociales que trabajan desde sus territorios por los cambios y las necesidades que las comunidades reclaman.
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“Calabazo” fue uno de los cofundadores de “Breaking Borders”, un proyecto de turismo que nació en 2016 con la idea de mejorar la percepción que se ha tenido del centro de Bogotá y, particularmente, el barrio Egipto y otros sectores aledaños. La idea inicial consistía en ofrecer recorridos guiados por exintegrantes de grupos delincuenciales, quienes narraban la riqueza histórica de la zona, sus vivencias personales y sus historias de superación.
El modelo fue un éxito, y poco a poco escaló hasta ser referente local y nacional, el cual, incluso, obtuvo apoyo de la Universidad Externado de Colombia, que brindó asistencia académica a los miembros del proyecto, y de empresas de turismo internacional, que hicieron de “Breaking Borders” un imperdible en su agenda en la capital y una manera, como su nombre lo indica, de romper fronteras y estigmas sociales, posicionando la zona como un referente turístico al que llegan extranjeros seducidos por conocer la Bogotá que no ofrecen las guías turísticas tradicionales.
“El proyecto empezó en 2016 gracias a la idea de Jaime Roncancio, quien fue uno de los líderes de la banda delincuencial De la décima. Tras salir de la cárcel, él conoció los proyectos de turismo social en Medellín y llegó con la idea de implementarlo en su barrio, para cambiar las situaciones de violencia de quienes nacimos en un territorio estigmatizado por la violencia y sin oportunidades. Buscó el cambio por los niños de nuestros barrios, que para entonces ya consumían o manejaban armas. De ahí surgió la idea de evitar que los pelados tomaran el camino de violencia y delincuencia que vivieron muchos de sus mayores”, señala Carmen Ibáñez, amiga de “Calabazo” y parte activa del proyecto.
La iniciativa se fue fortaleciendo hasta ser referente de turismo. Sin embargo, el ascenso de la idea generó conflictos. “Él estuvo detenido por un caso de homicidio, en el que se demostró su inocencia. Pero mientras estuvo detenido, los liderazgos del barrio se reacomodaron. Cuando él regresó, la realidad era otra. El 18 de abril tuvo un primer atentado, en el que le propinaron siete disparos; en agosto, cuando realizaba un tour por el barrio, incluso con presencia de la Policía, sufrió otro. Finalmente, pasó lo que pasó el 8 de octubre, y me lo mataron”, contó Viviana Ramírez, esposa de Jaime.
“Entre trámite y trámite no nos aceptaron la denuncia del atentado de abril y estamos seguras de que con ese antecedente la realidad hubiera sido otra y su muerte se hubiera podido evitar”, señala Ramírez. Cabe aclarar que Roncancio, en su papel de líder comunitario, denunció en varias oportunidades que en el territorio se estaba recrudeciendo la venta de drogas y armas, hecho que para la familia también pudo haber incidido en el crimen. Este patrón, como vemos, se repite en varias de las amenazas que recaen sobre líderes sociales de la ciudad.
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La difícil tarea de asumir un liderazgo social en Bogotá
En un artículo publicado en este medio, en junio de 2024, a propósito del atentado que cobró la vida de Alba Rocío Ríaño, presidenta de la JAC El Verbenal, en Ciudad Bolívar, según la Red de Alianza líderes por Colombia, para esa fecha en Bogotá había 25 personas con amenazas directas por su actividad de liderazgo. La situación, lamentablemente, sigue escalando.
“En la red tenemos un censo de 42 líderes sociales amenazados a la fecha. En cuatro meses hemos visto que aumentaron las denuncias más del 70 %. Actualmente, tenemos amenazas en todas las localidades de Bogotá. La mayoría suceden luego de que los líderes o lideresas denuncian circunstancias de inseguridad en sus territorios. Por ejemplo, la venta de estupefacientes: se denuncia dónde está la olla, dónde venden, quiénes son, etcétera. Lastimosamente, y con el respeto que se merecen las autoridades, debemos decir que es evidente que la información se filtra, o si no, ¿por qué razón la gente que denuncia ante las autoridades, en varios casos que tenemos documentados, es la misma que después es amenazada con panfletos que llevan nombres propios?”, se pregunta Germán Murillo, defensor de derechos humanos, avalado por la Oficina Interamericana para la Paz y presidente de la Red de Alianza de Líderes por Colombia.
Ejemplo de esto es el panfleto que empezó a circular el lunes 7 de octubre (un día antes del crimen de “Calabazo”) en algunos barrios de las partes altas de la localidad de Ciudad Bolívar, firmado por el Estado Mayor frente Capital, de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), en el que se amenazan, con nombres propios, a 22 líderes y lideresas sociales “de todas las localidades”, señala Murillo.
En el panfleto se lee: “Líderes comunales y sociales, no apoyen a ‘venecos’, si lo siguen haciendo iremos por ustedes”. Además, declaran objetivo militar a los líderes mencionados, entre los que se está incluso un edil de Ciudad Bolívar y miembros del Tren de Aragua que delinquen en la localidad, amenazados por las disputas territoriales que libran en la zona con las AGC. “No permitiremos que la escoria de la izquierda triunfe, supuestos defensores de derechos humanos”, puntualiza el panfleto que conoció El Espectador.
Según Indepaz, en lo que va de 2024 hasta el 13 de octubre, en el país han sido asesinados 143 líderes o lideresas. De ese total, según la plataforma, en Bogotá han asesinado a cuatro por sus actividades de liderazgo: Claudia Esther Ocampo (líder ambientalista), Alba Rocío Riaño (lideresa comunal de Ciudad Bolívar) y Camila Ospitia y Camilo Sánchez, (líderes juveniles y de infancia de la localidad de Bosa). A ese listado, según las cifras de la red que preside Murillo, se suma los crímenes de Jaime Roncancio, Genrri Acero (líder de transportadores informales de Ciudad Bolívar) y el de Oswaldo Jiménez (líder comunal en Ciudad Bolívar), que sumarían siete.
Para mitigar el preocupante panorama, la Secretaría de Gobierno activó la Ruta Distrital de Atención a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. La línea busca brindar acompañamiento a las personas que por su liderazgo se encuentren en situación de riesgo. “Esta ruta ofrece orientación jurídica y psicosocial, remisiones a entidades competentes y medidas transitorias, como apoyo económico para arrendamiento, transporte y alimentación.”, explica la entidad.
En lo que va de 2024, a través de la estrategia, se han atendido 994 casos y se han caracterizado a 225 personas, siendo el grupo etario con más solicitudes las personas entre los 28 y 59 años. Ciudad Bolívar, Bosa y Suba son las localidades con mayores casos.
Sin embargo, aunque la ruta funciona, se percibe insuficiente, dados los casos de homicidios y la percepción de abandono de las autoridades que tiene el grueso de los líderes. “Nosotras vamos a seguir con el legado de ‘Calabazo’, aun sabiendo que corremos riesgo, porque es el mejor homenaje que podemos hacerle a su memoria. Ahora mismo nos toca hacer los recorridos turísticos con acompañamiento policial. No obstante, hemos solicitado que se ponga un CAI móvil en la zona, y no ha sido posible. Esperamos que podamos llegar a tener ese acompañamiento de manera continua”, señalan Carmen y Viviana, mientras repasan las fotos del último tour que realizó “Calabazo”.
Por su parte, Germán Murillo señala que ante los líos que han tenido con la solicitud de protección a la UNP, entidad a la que, dice, han solicitado esquemas de protección, que en su mayoría quedan sin resolverse. En el mejor de los casos, cuando se logra la asignación de un esquema, lo retiran sin explicación o le asignan a la persona un botón de pánico y un chaleco antibalas, “que no garantizan una seguridad absoluta”. De momento han buscado protección acudiendo a distintas ONG nacionales e internacionales, que velan por la protección de los derechos humanos, para poder tener “garantías de vida y de trabajo”. Pese a ello, el riesgo para los líderes sigue latente.
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