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Una casa ecológica construida con 6.500 botellas plásticas es uno de los legados de la Asociación Chicas F, un grupo de mujeres que en 2014 se dieron a la tarea de recolectar esa cantidad de botellas para construir un lugar donde reunirse con las niñas y adolescentes del asentamiento La Fortaleza, un barrio ubicado cerca de la zona fronteriza de Cúcuta con Venezuela.
Fueron tres meses en la recolección del material y la construcción de la casa que lideraron 10 mujeres, y que luego con la ayuda de Save The Children, la organización internacional no gubernamental que trabaja por los derechos de la niñez, embellecieron con murales. “Aquí en Cúcuta en algunas partes han iniciado, pero no las terminan porque siempre llenar tantísimas botellas es difícil. En los murales participó Save The Children, pero también las niñas de los clubes”, dice Odalis Hernández, líder de la Asociación.
En este espacio lleno de colores y manualidades hechas con llantas, botellas, plásticos, hojas y, en general, materiales reciclables, las Chicas F trabajan con cerca de 170 niñas y adolescentes, muchas de ellas migrantes, en talleres que les permiten desarrollar sus habilidades a través del arte, conversatorios, clubes de lectura y escritura, especialmente para niños y niñas entre 8 y 12 años que no han podido acceder a un cupo en alguna institución de educativa.
“La Asociación Chicas F es un sueño hecho realidad, conformado por un grupo de mujeres cabezas de hogar, con ganas de sacar su familia adelante, con muchas metas, muchos sueños. Desde la Asociación hemos ayudado en capacitaciones para que las niñas sean empoderadas, aprendan a conocerse más que todo, quiénes son y para dónde van. Muchas de ellas sueñan con ser lideresas, con ser grandes. Es el legado que en la Asociación queremos dejarles a las niñas”, manifiesta Odalis.
Y es que ser niña o adolescente en una frontera por donde transitan a diario aproximadamente 16.000 personas es una característica que las expone a múltiples vulneraciones, entre ellas las violencias sexual, psicológica, doméstica, xenofobia y estereotipos de género. Tan solo en las dos últimas semanas de mayo, la Secretaría de Frontera de Norte de Santander denunció por lo menos 11 casos de abuso sexual a mujeres migrantes en la vía que comunica Pamplona con Cúcuta.
En aquella ocasión el personero de Pamplona, David Bernal, manifestó que hay más delitos a los que están expuestas, especialmente las mujeres. “Hemos expresado la preocupación de que las personas migrantes estén siendo víctimas no solo de trata de personas, sino de violencia sexual contra las mujeres e inducción a la prostitución. Los delincuentes instrumentalizan la ruta, aprovechan la condición de calle en que vienen las personas caminantes”, dijo el funcionario.
Para el caso de las niñas, hay múltiples factores que llevan a estos tipos de violencia no solo en el tránsito, sino en la estadía en el país, que afecta tanto a migrantes como a colombianas. Uno de ellos nació de los estereotipos que se imponen desde el hogar, que refuerzan la idea de que las mujeres deben ser las encargadas de las labores de la casa, según la investigación de Save The Children, sobre las barreras que tienen las niñas en las fronteras.
“Dentro de las familias vemos naturalizada la idea de que las niñas deben realizar los trabajos domésticos sin remuneración, es un estereotipo que agudizó la pandemia, porque al no asistir al colegio las niñas se quedaban en casa y se exponían a las labores domésticas. Eso tiene efectos graves en la continuidad del aprendizaje, porque aumenta la deserción, o se desesperan y termina siendo un factor expulsor del hogar aprovechado por grupos armados para temas de reclutamiento e incluso de explotación sexual y comercial. En el caso de Cúcuta, hay evidencia de casos de vinculación a redes de pornografía y explotación sexual y comercial en redes infantiles que nacen a partir de esta situación”, explica Felipe Cortés, director de Incidencia de Save The Children.
Hay otros factores que se interponen en el acceso a la educación, en especial de los menores de edad migrantes, entre los que resaltan los papeles migratorios como el Permiso Especial de Permanencia (PEP), el cual les permite a los migrantes permanecer temporalmente en condiciones de regularización migratoria, y de esta manera acceder a la oferta institucional en materia de salud, educación, trabajo y atención de niños, niñas y adolescentes; la falta de puntos de información en zonas y departamentos fronterizos, y el bullying de la mano de la xenofobia.
Es por esto que organizaciones no gubernamentales como Save The Children trabajan en mejorar el acceso y la calidad de la educación en las zonas fronterizas del Norte de Santander, Arauca y La Guajira. “Los cambios que estamos viendo son un aumento en la capacidad de las niñas para reivindicar sus derechos y en particular de las que no asisten a la escuela. Hemos facilitado incentivos a las familias para que después del trabajo que se hace con ellas, y de ver la importancia que tiene la educación para sus hijas, también tengan la posibilidad de solventar algunos temas básicos”.
Cortés explica que es importante la formación de los docentes para que sean conscientes que muchas veces sin quererlo están sesgando el proyecto de vida de las niñas con la imposición de estereotipos, y añade que a través de clubes trabajan en los derechos sexuales y reproductivos para que ellas demanden sus derechos. “A nivel institucional, con las secretarías de Educación y el Ministerio del ramo, se apoyan iniciativas que tienen que ver con mejorar la educación de calidad”, señala Cortés.
De acuerdo con Migración Colombia, en 2020 había 389.244 migrantes venezolanos menores de 18 años en el país. Para ese mismo año, 40.374 estaban matriculados en instituciones educativas de Norte de Santander, según cifras del Ministerio de Educación. Sin embargo, en 2020 el indicador de inasistencia escolar pasó del 2,7 al 16,4 %, mientras que en las zonas rurales el panorama es más alarmante: el índice pasó del 4,8 al 30,1 %.
