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La investigación contra Petro iniciada desde el Consejo Nacional Electoral sigue a la orden del día. Los juristas ya hacen sus reflexiones sobre los alcances y límites del fuero presidencial. Ellas son importantes y respetables, pero creo que en este caso toma precedencia la comprensión de las tres grandes dimensiones sustantivas del asunto.
La primera es la naturaleza de los personajes que lo encabezan. Se trata de dos políticos profundamente degradados, acusados de delitos gravísimos, que tienen mucho por ganar si desestabilizan la rutinaria alternación en el poder a la que deberíamos estar aspirando. Álvaro Prada y César Lorduy representan lo peor del sistema político colombiano. También tienen muchísimas cuentas por cobrar. ¿Por qué no se han declarado inhabilitados?
La segunda es el supuesto delito electoral que se está denunciando. Se trata de un aporte –dados los costos de nuestras campañas electorales, bastante modesto— para vigilar el conteo de los votos el día del escrutinio, por parte de un sindicato. La defensa ha argumentado que esto no era un aporte para la campaña. Pero supongamos, en gracia de discusión, que hay alguna duda razonable sobre el punto. En un país en el que varias de las principales fuerzas políticas han estado vinculadas a formas masivas de corrupción electoral, grandes y pequeñas, la ciudadanía tiene el derecho de preguntarse por qué este es el único caso que hace curso. Cosa de magia.
Se me podrá contraargumentar que “dura es la ley, pero es la ley”, y que mi acusación implícitamente llama a la nivelación por lo bajo. Ni lo uno ni lo otro. El punto es precisamente ese: que la manera en que están conformadas nuestras autoridades electorales, y no solamente ellas, garantizan estos desenlaces torcidos: revancha contra mis enemigos, impunidad para mis amigos. Así que en Colombia las financiaciones de campañas por parte de Odebrecht, o de mafiosos, o de despojadores, o de narcoparamilitares, o de los Ñeñes, o de La Gata, o las compras masivas de votos, pudieron carecer de efecto visible. Mientras que la participación de un sindicato se convierte en crimen abominable, que necesita ser revisado con lupa por doctos juristas. De nuevo: se necesita magia pura para llegar allí.
Todo acto de magia tiene su prestidigitador. En este caso, hay varios: no solamente las autoridades electorales, sino los organismos de control (¿todavía se acuerdan del escándalo de Aída Merlano? ¿Qué efectos ha tenido, aparte de destruir la vida de la implicada, como sucedió también con Yidis?). Si no estoy alucinando (nuestra vida pública está tan llena de absurdos que uno termina dudando de lo que leyó cien veces), el acuerdo de paz contenía varias provisiones para mejorar nuestro sistema electoral, pero esto también desapareció con un pase mágico: hicieron conejo, sacándolo esta vez de la chistera. Y entonces tenemos lo que tenemos. Contar con organismos de control y autoridades electorales ferozmente politizadas, incapaces de tomar un mínimo de distancia con respecto de los apetitos del momento, es una buena manera de correr directamente hacia los varios desastres que nos esperan.
Este torcido proceso tiene mucho de nigromancia y poco o nada de estado de derecho. No creo que valga la pena insistir en que toda la cosa es malsana: la planta es malsana, el terreno sobre el que crece es malsano, los jardineros son (increíblemente) malsanos, los frutos que dará son malsanos. Déjenme más bien recordar que habría otra ruta, otra manera de pensar y hacer las cosas. Necesita un poco menos de miopía y brutalidad. Es, en cambio, sencillo. Consiste en desarrollar políticas tanto desde el oficialismo como desde la oposición, con todos los debates que eso implica, pero reconociendo la alternación en el poder y la existencia de la diversidad política que caracteriza, afortunadamente, al país hoy; en reclamar la legitimidad que dio a la democracia colombiana una alternación real en el poder, y en construir desde allí.
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