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Las últimas semanas han sido claves para el fútbol internacional, no tanto por lo que ocurre dentro de las canchas, sino más bien en los tribunales de la Unión Europea (TJUE). La semana pasada hubo un fallo histórico respecto a la libre circulación de jugadores en el Viejo Continente —Caso Diarra— y esta semana los principales sindicatos de futbolistas elevaron ante el alto tribunal una denuncia conjunta contra la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), por abuso de poder en el desarrollo del calendario internacional.
La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) y las ligas europeas, que representan a más de 1.000 clubes en 33 países de todo el continente, presentaron el pasado lunes una denuncia conjunta contra la FIFA ante la Comisión Europea por la “imposición unilateral” del calendario internacional de partidos.
Carlos González Puche, director ejecutivo de Acolfutpro, el sindicato de futbolistas profesionales de Colombia y miembro del comité ejecutivo de FIFPRO, le contó a El Espectador que con este proceso se busca que “se abra la puerta a la negociación, porque los que van a jugar no son ni los directivos de la FIFA ni las federaciones, sino los futbolistas que son partícipes de esas actividades”.
Uno de los eventos que motivó la denuncia es el Mundial de Clubes de la FIFA 2025, agendado entre junio y julio del año entrante. Los futbolistas reclaman que cada vez hay más partidos y que eso interrumpe los tiempos adecuados de descanso y recuperación, lo que aumenta el riesgo de lesiones. El malestar también crece porque la Liga de Campeones, organizada por la UEFA, incrementó su número de fechas este año.
Futbolistas como Rodri Hernández, Dani Carvajal y Kevin de Bruyne han expresado su malestar con el fixture actual, que no descartaban ir a huelga y que era un sentimiento generalizado en sus colegas. Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, reconoció que “el calendario de partidos ha llegado a su capacidad máxima”, pero también le restó un poco de importancia a las críticas al afirmar que los que “más se quejan son los mejor pagados”. La FIFA, por su parte, se defiende al decir que su calendario “es el único instrumento que garantiza que el fútbol internacional pueda seguir sobreviviendo, coexistiendo y prosperando junto al fútbol de clubes nacionales y continentales”.
“No pueden imponer calendarios sin que nosotros, quienes representamos a los futbolistas, participemos de la discusión”, dijo González Puche, quien también afirmó que la FIFA “incurre en un conflicto de intereses, porque al mismo tiempo que reglamenta, programa. Es un abuso de su posición dominante”. Se busca, si hay un fallo favorable, que este sea el paso hacia una negociación colectiva global. Para el abogado colombiano, esta denuncia va en concordancia con los casos judiciales más importantes que han llevado a la FIFA ante la justicia europea: el caso Diarra y el de la Superliga.
El primero al que se refiere va sobre Lass Diarra, un exfutbolista francés que a mediados de 2013 fue traspasado al Lokomotiv de Moscú, Rusia. Su relación con el club llegó a un punto crítico cuando le dijeron que le iban a reducir el sueldo. Lo rechazó e incluso se negó a presentarse a los entrenamientos. En agosto de 2014, el francés, quien tenía contrato hasta 2017, fue despedido. Ese apenas era el comienzo. Al ser agente libre varios clubes estuvieron interesados en él, entre ellos el Charleroi de Bélgica, pero el fichaje no se pudo concretar porque la FIFA, basada en sus normas, le negó el permiso de transferencia al tener deudas sin saldar con los rusos, quienes sostenían que él no cumplió su contrato. El ente rector del fútbol mundial además sancionó a Diarra con una multa de 10 millones de euros.
El jugador no se quedó de brazos cruzados y llevó el caso al Tribunal de Comercio de Charleroi en 2017. En esa instancia, el organismo judicial consideró que el máximo rector del fútbol estaba violando el derecho comunitario de la Unión Europea y lo obligó a indemnizar al futbolista. Inconformes con el fallo, junto con la Real Asociación Belga de Fútbol, llevaron el caso hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que estableció que las normas de la FIFA iban en contravía de los artículos 45 y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
El artículo 45 garantiza que quedará asegurada la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión Europea, mientras que el 101 defiende que las empresas no utilicen acuerdos de cooperación horizontal para impedir o restringir la competencia en el mercado interior. Al final, la justicia europea respaldó a Diarra y agregó en su sentencia que las normas de la FIFA “en su conjunto son contrarias al Derecho de la Unión”.
Antes, en 2021, la European Superleague Company (ESLC) propuso la creación de la “Superliga”, con Florentino Pérez —presidente del Real Madrid— como uno de sus principales promotores. La competición planeaba reunir a los equipos más populares e influyentes de Europa. La propuesta no fue del agrado de la UEFA ni de la FIFA, que amenazaron con expulsar a los eventuales participantes, tanto clubes como jugadores. ESLC demandó a dichas organizaciones ante un tribunal comercial en Madrid y de ahí el conflicto fue elevado al TJUE.
La justicia europea determinó en diciembre pasado que las conductas de la FIFA y la UEFA infringían las normas de libre competencia de la UE, entre ellas los artículos 101 (ya mencionado) y 102 —que habla de la prohibición de la explotación abusiva de una empresa de su posición dominante— del TFUE. El Tribunal consideró monopólico el accionar de los entes administrativos.
“Todo viene concatenado: la sentencia de Florentino y luego lo de Diarra. Todo va dirigido a que la FIFA, con sus reglamentos monopólicos, no puede restringir la libre competencia ni la libre circulación de los futbolistas. Esos reglamentos no pueden estar por encima de las leyes de un país”, concluyó González Puche.
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