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“Tradicionalmente la violencia ha sido y es un mecanismo más de competencia electoral en el país”, se lee en el Segundo Informe de Violencia Política y Electoral, de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Siendo así, en Colombia hablar de elecciones significa hacerlo sobre una forma específica de violencia política, esa que se ejerce contra una persona o un colectivo por hacer ejercicio de su derecho a elegir o ser elegido.
Pero la violencia político-electoral empieza a asomarse mucho antes de que los votantes lleguen a las urnas, antes incluso de que se cierren las listas de inscripción de candidatos. Este año, como lo registra Pares, no es la excepción. En este período de campaña “no formal”, que va desde el 29 de octubre de 2022 hasta el próximo 29 de julio de 2023, cuando se cierran las inscripciones de quienes aspiran a las alcaldías y gobernaciones, se ha presentado una víctima cada día de por medio.
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En este documento, publicado el pasado lunes, Pares da cuenta del monitoreo que ha llevado sobre el tema entre el 29 de octubre de 2022 y el 30 de abril de 2023. En total, se trata de 67 hechos violentos que han dejado un saldo de 99 víctimas en estos seis meses. De estas víctimas, 18 fueron asesinadas, 13 sufrieron atentados y 68 recibieron amenazas. Esto significa un aumento en el 63 % de los hechos registrados en el primer informe, que se publicó el 28 de febrero de este año.
De las 18 víctimas fatales, la fundación destaca la gravedad de dos asesinatos de miembros del Partido Comunes en Valle del Cauca, el asesinato de un concejal y líder indígena en Caldono, Cauca, y el asesinato de un excandidato a la Alcaldía de Puerto Rondón y militante del Centro Democrático en Arauca. Sobre los 13 atentados, dos de ellos tuvieron lugar en el departamento de La Guajira, uno contra un diputado y candidato a la Alcaldía de Maicao y otro contra un militante del partido MAIS.
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“Cabe aclarar que conforme avanza el calendario electoral suele haber algunas víctimas que sufren hechos victimizantes más de una vez. Este es el caso del alcalde de Sitionuevo, Magdalena, José Manga, quien ha sido amenazado en dos ocasiones: una por un concejal y la otra a través de un panfleto presuntamente atribuido al Clan del Golfo”, dice el informe que, según la Fundación Pares, causa gran preocupación. “La tendencia ha mostrado que, al acercarse el momento de la inscripción de candidatos y los comicios, aumenta notoriamente el número de hechos contabilizados y, por supuesto, sus víctimas”, anota el documento.
Desde octubre hasta abril el mes con más hechos violentos registrados fue marzo, en el que se contabilizaron 33 víctimas, particularmente por un panfleto amenazante que incluyó a 16 miembros del Pacto Histórico en Sucre.
Con respecto a la distribución territorial, durante esta etapa los hechos victimizantes se registran en 21 (65 %) de los 32 departamentos de Colombia, más Bogotá. Estos hechos violentos se concentran en Antioquia (7), Nariño (6), Santander (6), Huila (5), Valle del Cauca (5) y Cauca (4), y el 57 % (57) del total de las víctimas se concentran en Santander (21), Sucre (17), Antioquia (7), Huila (6) y Nariño (6).
La violencia político-electoral, como explica Pares, está ligada tanto a las dinámicas locales de conflicto armado y criminalidad como a las redes políticas clientelares y corruptas. En cuanto a los victimarios, en el 65 % de los casos no se ha podido esclarecer quiénes han sido los perpetradores de los hechos de violencia política-electoral. “En el otro 35 % de los hechos se identificaron como presuntos agentes perpetradores al Clan del Golfo o las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en ocho (8) hechos, a las disidencias o grupos armados pos-FARC en seis (6) hechos, a otro tipo de grupos o personas en seis (6) hechos y al ELN en tres (3) hechos.
La Fundación Pares, que ya ha hecho este tipo de análisis para las elecciones regionales de 2019 y las elecciones presidenciales de 2022, continuará haciendo estos informes en el marco de las elecciones de 2023, con el propósito de “llamar la atención sobre prácticas dañinas para la democracia colombiana que aún persisten en el sistema político”.
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