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El 30 de abril de 1991, cuando salía de dar clase en la Universidad La Salle en Bogotá, el exministro de Justicia, Enrique Low Murtra, fue asesinado de cuatro balazos. Había enfrentado con valentía a los carteles del narcotráfico en los años más duros de la guerra contra las drogas en Colombia. Una lucha que adelantó incluso sin la protección que el Estado le debía brindar y que hace 35 años, el 30 de abril de 1991, le costó la vida.
Al también exconsejero de Estado nunca le tembló la voz para señalar de forma directa a quienes alimentaban la violencia más dramática de finales de los años 80, especialmente desde los carteles de Medellín y Cali. Ante un aniversario más del magnicidio, el crimen sigue sin resolverse y, en palabras de quienes lo conocieron, su caso ha quedado en el olvido.
Hijo de un padre colomboalemán y una madre española, el exministro nació y creció en un hogar de intelectuales. Su padre, Rodolfo Low Maus, fue un destacado científico que llegó a ocupar el cargo de rector de la Universidad Nacional de Colombia. Su madre, María Murtra Casanovas, también fue una científica que se dedicó a la docencia.
La pareja llegó a Colombia a inicios de los años 30, huyendo de las guerras en Europa y el 23 de marzo de 1939 nació Enrique Low Murtra, el segundo hijo del matrimonio. Hizo el colegio en el Gimnasio Moderno, en Bogotá, y luego estudió Derecho en la Universidad Nacional y realizó posgrados en Economía en las universidades de Illinois y Harvard (Estados Unidos).
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La genialidad académica e intelectual de Enrique Low Murtra permitió que, al regresar a Colombia con dos posgrados en su mochila, empezara a ocupar algunos de los cargos más relevantes del Estado. Durante varios años se dedicó al servicio público con la convicción de servirle al país. Fue contralor del Distrito de Bogotá, director de Impuestos Nacionales y secretario económico de la Presidencia de la República.
También delegado de Colombia ante el Banco Mundial y catedrático de la Universidad del Valle. A mediados de los años 80 llegó a la cúpula de la justicia colombiana: se convirtió en consejero de Estado. Sobrevivió en noviembre de 1985 a uno de los momentos más oscuros del país: la toma y retoma del Palacio de Justicia.
Después de ese episodio de violencia en el que 11 magistrados fueron asesinados y del edificio del Palacio de Justicia solo quedaron cenizas, Enrique Low Murtra dejó su despacho en el Consejo de Estado y llegó en 1986 a la dirección del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). En ese cargo solo estuvo durante un año.
En 1987, el entonces presidente Virgilio Barco lo llamó para pedirle que asumiera uno de los trabajos más temidos y peligrosos de ese momento: ser ministro de Justicia. Sobre su escritorio estarían, entre otros temas claves, la boleta de extradición para los capos del narcotráfico que, mientras ponían bombas y libraban una guerra sin precedentes, le hacían el quite a su envío a Estados Unidos.
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Los antecedentes de ese cargo no eran para nada amables. El 30 de abril de 1984, el exministro Rodrigo Lara Bonilla fue asesinado a manos de “Los Priscos”, una estructura criminal vinculada al cartel de Medellín. Por el mismo despacho pasó después Enrique Parejo González, quien salió del país y fue nombrado embajador de Colombia en Hungría.
El 13 de enero de 1987, el entonces exmnistro fue gravemente herido en un atentado en la ciudad de Budapest, atribuido también a órdenes de Pablo Escobar. Pese a toda la sangre que había corrido, Enrique Low Murtra no dudó en aceptar ser ministro de Justicia. “Fue fundamental en valores, en ejemplo de integridad y conocimiento”, le dijo la también exministra Ángela María Buitrago a El Espectador.
El 7 de septiembre de 1987, Enrique Low Murtra se posesionó como ministro de Justicia, el cuarto del gobierno Barco. Un mes después, el 11 de octubre, fue asesinado Jaime Pardo Leal, candidato presidencial y máximo líder de la Unión Patriótica (UP). El alto funcionario señaló ante el país al capo Gonzalo Rodríguez Gacha y al narcoparamilitarismo como los autores del crimen.
Su indignación por el hecho lo reafirmó al defender la convicción de que la única autoridad legítima en Colombia era el Estado. El 21 de noviembre de ese mismo año fue capturado Jorge Luis Ochoa Vásquez, uno de los fundadores del cartel de Medellín. El entonces ministro ordenó que lo encerraran en la cárcel La Picota, de Bogotá.
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Su objetivo era extraditarlo, pero las amenazas dilataron el proceso al punto de que el 30 de diciembre de 1987, Ochoa Vásquez se escapó de la cárcel usando una boleta de libertad falsa. Enrique Low Murtra no se detuvo ante ese revés. El 5 de enero de 1988 firmó la primera orden de captura con fines de extradición en contra del narcotraficante Pablo Escobar.
En ella incluyó a Gonzalo Rodríguez Gacha y los hermanos Fabio, Juan David y Jorge Luis Ochoa. “Era un hombre cálido y preocupado por el país. Fue ministro en momentos de violencia máxima, con hechos atroces de los carteles. Con convicción insistió en la necesidad de extraditar por crímenes graves y narcotráfico”, señaló la exministra Buitrago.
El 18 de julio de 1988, tras nueve meses de trabajar para enfrentar a los violentos con las leyes, las amenazas lo obligaron a salir de su cargo. Viajó a Berna (Suiza), designado como embajador de Colombia. El extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) descubrió una grabación entre Pablo Escobar y el abogado Guido Parra.
En ella se hablaba de un negocio con la organización terrorista ETA para asesinar a Enrique Low Murtra en cualquier parte del mundo. Suiza lo protegió, pero en diciembre de 1990 el entonces presidente César Gaviria nombró a un nuevo embajador y el exministro tuvo que regresar a Colombia sin ningún tipo de protección.
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Las intimidaciones persistieron y, pese a que pidió protección del Estado, le dijeron que no había carros suficientes para asignarle uno con escolta. Se dedicó a la academia y fue nombrado decano de Economía en la Universidad de La Salle. Justo cuando salía de esa institución, a las 8:15 de la noche del 30 de abril de 1991, hombres armados le dispararon en cuatro oportunidades y acabaron con su vida.
Una muestra más de que la mafia no olvidaba a quienes consideraba sus enemigos, como ocurrió también con el juez Gustavo Zuluaga Serna, el oficial de la Policía Jaime Ramírez Gómez y el periodista Guillermo Cano Isaza, director de este diario. La Procuraduría intentó investigar el caso, pero terminó archivándolo en 1992.
La esposa e hijas de Enrique Low Murtra demandaron a Colombia y, en junio de 1997, el Consejo de Estado reconoció la responsabilidad del país al haber desprotegido a uno de sus más férreos defensores. Los responsables del crimen, declarado de lesa humanidad en 2011, no han sido condenados y la memoria de Low Murtra se refundió en el tiempo.
“El país olvida normalmente a quienes muestran valor y templanza. Pero quienes lo escuchamos, aprendimos que siempre estará presente por su coherencia y valentía”, expresó la exministra Buitrago. A 35 años de su asesinato, no es tarde para honrar la memoria de quien defendió la justicia con gallardía, incluso a costa de su propia vida.
Nota de la editora: En la versión original de esta nota, fue incluida la frase “me puede temblar la voz, pero no la moral”, como si el exministro Low Murtra la hubiera dicho. En realidad, el autor es el exministro de Justicia, Roberto Salazar Manrique.
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