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La constancia de todas las advertencias que vaticinan desde hace semanas el caos que podría ocurrir en Colombia por cuenta de la expedición de los pasaportes está en un expediente que hoy indaga la Procuraduría. Cartas encontradas, la bitácora de mesas técnicas de trabajo, con sus “peros” y recomendaciones, notas verbales y memorandos de entendimiento en el aire, ácidos trinos que van y vienen de la política de siempre e inspecciones y actas judiciales hacen parte de la trasescena de esta pugnaz confrontación que ya cobró la cabeza del excanciller Álvaro Leyva y que ahora tiene a sus sucesores, Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia, así como al jefe de gabinete del Palacio de Nariño, Alfredo Saade, con una investigación disciplinaria. Hasta el 31 de agosto próximo, el contratista Thomas Greg & Sons tiene garantizado el servicio. De ahí en adelante, según lo trascendido hasta hoy, todo es incertidumbre.
Una de las alertas más crudas al respecto la dio la hoy excanciller Sarabia y su equipo de trabajo al Ministerio Público el pasado 7 de julio. El encuentro quedó documentado en un acta detallada en la que Sarabia sostuvo que era imposible cumplir con el cronograma de implementación para que la Imprenta Nacional y el Gobierno de Portugal manejaran el contrato de los pasaportes, pues no había convenio firmado y existían muchas dudas sobre los términos, costos y calidad de ese negocio. Por esas razones, ella insistió en la figura de la declaración de la urgencia manifiesta para prorrogar el contrato con Thomas Greg & Sons por un periodo de 11 meses más a partir de septiembre. Una propuesta que al final no aceptó el presidente Gustavo Petro, quien terminó entregándole su respaldo a Alfredo Saade para asumir esta negociación, en contravía de todas las advertencias técnicas, jurídicas y de realidad financiera.
Sarabia fue más allá. Calificó como un usurpador a Saade, quien entre sus funciones no tiene la potestad y vigilancia de este tipo de contratos que son del resorte de la Cancillería. Aún más, la excanciller explicó que el jefe de gabinete de Presidencia les hizo saber desde el 27 de junio de 2025 que él era “el articulador del proceso” y que, siguiendo órdenes del presidente Petro, debía firmarse a la mayor brevedad con Portugal. Los detalles de ese encuentro entre altos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y el pastor Alfredo Saade fueron relatados con toda minucia por Laura Sarabia a varios procuradores delegados. Por ejemplo, sostuvo que tiene chats con Saade en los que él le pidió no oponerse a la negociación con el gobierno portugués, pues tenía órdenes perentorias del jefe de Estado, quien ha dejado saber que no quiere que Thomas Greg & Sons siga con ese negocio.
Esta semana el presidente trinó lo siguiente: “Desconfío de la transparencia de las elecciones del 2026”. Un mensaje que el mundo político leyó en la antesala del millonario contrato que le adjudicó la Registraduría a la unión temporal conformada, entre otros, por Thomas Greg & Sons por $2,1 billones para las elecciones de 2026. Las críticas de Petro contra esa empresa han sido públicas y en buena medida explican el pantano del proceso de los pasaportes de hoy. La Procuraduría le preguntó a Sarabia por qué no se estructuró una licitación si era claro que el convenio con Portugal no se alcanzaría a ejecutar a tiempo. Su respuesta fue que tuvo que esperar dos meses para que su antecesor Murillo le entregara el informe de gestión sobre este acuerdo y, respecto de por qué no se adelantó un proceso competitivo, manifestó que “el presidente de la República le dio la orden de no adelantar una licitación”.
El Ministerio Público insistió en ese cuestionamiento sobre la ausencia de esa licitación y Sarabia sostuvo que, durante un buen tiempo, las partes le aseguraron que todo iba a estar listo para la implementación del modelo con Portugal, pero con el paso del tiempo pudo verificar que no era cierto. También explicó que el contrato vigente con Thomas Greg & Sons contempla una producción de hasta 8.000 pasaportes diarios, pero que con ocasión del impacto de esta controversia en los medios de comunicación y la incertidumbre que hoy arropa a este proceso, el agendamiento diario aumentó a más de 11.000 citas, lo cual excede la capacidad de atención. El equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que, si se mantuviera un ritmo de atención superior al estimado, el plazo de ejecución del contrato finalizaría antes del 31 de agosto próximo. Una alerta que no hizo la oposición política, sino la propia Cancillería.
Con otra gravedad: el equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores le informó a la Procuraduría que Thomas Greg & Sons le hizo saber que en caso de continuar con la prestación del servicio después del 31 de agosto de 2025, “se debía informar con cuatro meses de anticipación con el fin de contar con el tiempo suficiente para adquirir el papel requerido”. Dicho de otra manera, si quisiera prorrogarse el contrato a fin de evitar una catástrofe en el servicio fundamental de los pasaportes, ya el tiempo no daría. A eso se enfrenta el gobierno nacional hoy. En determinado momento, la Procuraduría le preguntó a Laura Sarabia cómo fue seleccionada la Casa de la Moneda de Portugal, qué norma rige el memorando de entendimiento con ese país y si los costos se mantenían en relación con la expedición de los pasaportes. La excanciller contestó con todo detalle.
Para empezar, aseguró que cuando llegó a su cargo, el memorando de entendimiento con el gobierno portugués ya se había suscrito y que, además, el precio propuesto estaba en euros, “lo que expone a Colombia a la fluctuación de la moneda y bajo la inflación de Portugal”. En ese momento de la reunión, Sarabia tuvo que salir, pero su equipo continuó entregando explicaciones. El episodio más delicado que contaron fue el supuesto maltrato de Saade hacia ellos. El viceministro Mauricio Jaramillo relató que el 27 de junio, el jefe de gabinete les comunicó que la orden del presidente era contratar con la Imprenta y la Casa de la Moneda de Portugal. Jaramillo le contestó a Saade que si la Imprenta no estaba lista, no sería viable cumplir dicha orden, a lo que el pastor le contestó que todos aquí sabían cuál era la orden del jefe de Estado.
Los funcionarios de la Cancillería le narraron a la Procuraduría que Saade les pidió racionalizar las citas a fin de estirar la capacidad de la operación de los pasaportes, a lo cual se negaron. El director jurídico del ministerio, Camilo Escobar, recalcó que cuando se le informó a Saade que no había más remedio que declarar la urgencia manifiesta para impedir el colapso del servicio, este “los acusó de tener intereses a favor del contratista”. Ese mismo 7 de julio, la comisión de la Procuraduría visitó las instalaciones de la Imprenta Nacional. De entrada, Viviana León Herrera, gerente general de esa entidad, les dijo que no se había suscrito ningún contrato con la Cancillería ni con Portugal para el suministro de pasaportes. La funcionaria agregó que, desde la administración del canciller Murillo, se venía estructurando un nuevo modelo para este servicio con el objetivo de que lo prestara la Imprenta con total autonomía en unos 10 años.
“Esto significa que la Casa de la Moneda de Portugal transferiría los conocimientos a la Imprenta Nacional para que, al cabo de 10 años, sea esta la que ejecute todas las actividades”, se lee en el acta. La gerente fue muy explícita al asegurar que esa transferencia de conocimiento tenía una etapa inicial cuyo periodo duraría al menos siete meses y Thomas Greg & Sons finaliza su contrato en siete semanas. La gerente León Herrera aseguró que a la fecha “no existen acuerdos ni obligaciones contractuales pactadas para adelantar el suministro de pasaportes”, pero insistió en que si la Cancillería hubiera celebrado el contrato con Portugal el 15 de marzo de 2025, como se tenía previsto, la Imprenta Nacional tendría todo listo para el suministro de libretas de pasaporte. En otras palabras, la funcionaria le echó el agua sucia a la excanciller Sarabia.
Con una última perla: la gerente Viviana León Herrera, al ser preguntada por la Procuraduría sobre el porcentaje que tiene su entidad hoy para suministrar pasaportes, reconoció que apenas cuenta con un 10% que corresponde a las instalaciones. “Sobre el personal señaló que para que la Imprenta asuma el total de actividades para el suministro de pasaportes, requiere de 250 personas, adicionales a las 262 que se encuentran en la planta global”. Este escenario llevó a que la Procuraduría abriera investigación disciplinaria contra los excancilleres Murillo y Sarabia, y contra el jefe de gabinete, Saade. En particular, sobre este último, porque entre sus funciones no aparece ninguna relacionada con la expedición de pasaportes o la contratación de los mismos y, además, porque posiblemente se extralimitó en sus funciones al impartir órdenes a funcionarios de la Cancillería para que racionalizaran la asignación de citas para la expedición de pasaportes.
Aunque Alfredo Saade ha enviado un mensaje de tranquilidad y asegura que todo estará listo para que el servicio de pasaportes continúe sin ningún contratiempo, hay un sinnúmero de evidencias que parecen refutarlo. Muchas de ellas aparecen en una carta que esta semana le envió la excanciller Sarabia al procurador Gregorio Eljach. Allí la exfuncionaria manifestó que la Cancillería adelantó un proceso de selección a partir de la presentación de ofertas de varios gobiernos, encontrando que la oferta de Portugal era la más viable por sus condiciones técnicas y logísticas. Por eso, el 2 de octubre de 2024 se firmó el memorando de entendimiento para desarrollar una alianza técnica y de cooperación. No obstante, explicó que aunque la aprobación por parte de Portugal estaba prevista para diciembre de 2024, ésta fue otorgada apenas el 28 de febrero de 2025, “lo que impactó los tiempos estimados en el proyecto de acuerdo”.
Y añadió que todo eso terminó “limitando la posibilidad de estructurar oportunamente un proceso contractual en el que se incluyera a la Imprenta”. Ante esa situación, explicó Sarabia, se conformó un equipo institucional que se reunió en seis ocasiones, entre abril y junio de 2025, para tratar de revisar, validar y ajustar el nuevo modelo. Allí “se concluyó que no existían condiciones materiales ni financieras que permitieran adelantar una licitación pública dentro del plazo disponible, sin poner en riesgo la continuidad del servicio de pasaportes”. La bitácora de estas reuniones entre la Cancillería y los actores claves en este proceso la dejó consignada la excanciller en este documento en donde detalla lo que hizo para tratar de conjurar esta crisis. Hoy Sarabia no está y todo quedó en manos de Saade, a quien la Procuraduría indaga porque, al parecer, no tiene la competencia para gestionar este tipo de contrataciones.
La abogada de Sarabia, Lina Sandoval, le dijo a este diario que todo lo que hizo la excanciller fue legal y que el primer mandatario, en un principio, aceptó la figura de la urgencia manifiesta para prorrogar el contrato con Thomas Greg & Sons, pero tras la llegada de Saade a la Casa de Nariño todo cambió. “La Cancillería aceptó firmar con Portugal y la Imprenta Nacional, pero entregar gradualmente el proceso tras una transición responsable, manteniendo entre tanto la prestación con la unión temporal vigente bajo urgencia manifiesta. Así lo autorizó el presidente. Esa ruta fue reemplazada cuando Alfredo Saade asumió el manejo del proceso y ordenó ralentizar las citas. Ante esa decisión, la excanciller renunció. En Colombia, los ministros obedecen o renuncian: ella hizo lo segundo. La defensa demostrará quién actuó con legalidad y quién se excedió”. El jefe de gabinete no contestó a los mensajes de El Espectador.
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