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Excesivo, injusto e imprudente” fue como calificó el juez 35 administrativo de Bogotá el comportamiento de la Policía en los desmanes que se tomaron la Universidad Pedagógica el 18 de febrero de 2016. Ese día, un agente del Esmad, aún no identificado, disparó hacia el rostro de Daniel Bernal Martínez con una de sus armas “menos letales”. Producto del impacto le ocasionó un trauma ocular, una forma de violencia en las protestas que sumó decenas de casos durante el paro nacional de ese año, pero que este caso muestra que es una práctica de vieja data. Tras quedar ciego del ojo izquierdo y sobrevivir a las secuelas emocionales que le dejó lo ocurrido, la justicia condenó al Estado y declaró que Bernal deberá ser indemnizado.
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En ese entonces, Daniel Bernal era estudiante de licenciatura en filosofía y estaba saliendo de clases cuando comenzó el conflicto. En medio de unas protestas por el incremento de las tarifas de Transmilenio, la Policía comenzó a enfrentarse con encapuchados. La situación se salió de control y la Universidad Pedagógica tuvo que ser evacuada. Bernal estaba bajando por las escaleras de uno de los edificios, ubicado sobre la calle 72 al norte de Bogotá, cuando él y un amigo que lo acompañaba notaron que su ropa estaba cubierta de pintura: los agentes del Esmad les disparaban con bolas de paintball. Antes de que pudieran terminar la evacuación Bernal cayó.
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Su rostro estaba cubierto de sangre, según testigos. Sus compañeros, como pudieron, lo llevaron a la enfermería de la universidad, donde le brindaron primeros auxilios y dejaron la constancia del motivo de la consulta: “Trauma en zona frontal izquierda con hematoma y herida profusa”. De allí, una ambulancia lo condujo hacia un hospital, mientras afuera la Policía continuaba disparando para despejar la manifestación. Al cabo de unas semanas Medicina Legal dictaminó que Bernal sufrió: “Deformidad física que afecta el rostro de carácter permanente, perturbación funcional del órgano de la visión de carácter permanente”, además de afectaciones psicológicas.
Con todas estas evidencias la justicia intervino. El juez 35 administrativo de Bogotá declaró que la Policía desconoció “los principios de precaución y proporcionalidad para evitar que se ocasionaran daños a los manifestantes y, en particular, a los no manifestantes, como fue el caso de Daniel Bernal Martínez”. Una de las pruebas reinas del caso, que aportó Humberto Izquierdo, el abogado de Daniel Bernal, fue un video del momento exacto en el que le dispararon al estudiante. Con al evidencia en su poder, el juez reprochó que “al disparar objetos contundentes en forma indiscriminada contra quienes no estaban siendo parte de la protesta social”, el Esmad actuó de forma excesiva, injusta e imprudente.
En el video se observan tres tanquetas del Esmad sobre el costado norte de la calle 72, al frente de la Universidad Pedagógica. La acera está vacía, salvo por dos defensores de derechos humanos, mientras al menos cuatro agentes, desde el separador de la avenida, observan a otros cuatro uniformados que están hablando entre ellos, a poca distancia de los vehículos. Uno de esos policías se voltea, toma su escopeta como si fuera a disparar y avanza cuatro pasos hacia la universidad. Parece que el arma no le dispara, a lo que se escuchan abucheos de algunos ciudadanos. El uniformado la revisa, apunta hacia un edificio de la universidad y dispara.
El video corrobora lo que contó uno de los testigos que declaró en el proceso: desde la Pedagógica no estaban lanzando ningún tipo de objeto en ese momento. En la grabación se escuchan unos disparos más e inmediatamente gritos. Otro testigo declaró que era claro que había un herido y, sin embargo, los disparos continuaron. Asimismo, todos los testimonios fueron “armónicos”, según el juez, en señalar que los únicos que dispararon hacia el interior de la universidad fueron los agentes del Esmad. No los encapuchados, de quienes, por demás, Daniel Bernal no sabía quiénes eran ni conocía.
Además de tener que enfrentarse a la ceguera parcial, el disparo le pasó factura a la salud emocional de Daniel Bernal, como lo reconoció el juez. Él le contó a El Espectador en 2021: “Para mí fue muy difícil, porque todo lo que escuchó mi familia en ese momento era que no podíamos visibilizar lo ocurrido. Era un silencio total después de los actos de violencia, todo lo veíamos con miedo: las relaciones, la vida, los estudios. No volví a la universidad (Pedagógica) porque tenía mucho miedo de que la gente supiera lo que me había ocurrido”. Se pasó a la Universidad Javeriana, donde se graduó de estudios literarios.
También denunció penalmente, pero solo han encontrado impunidad. El fiscal del caso les dijo a los abogados de Bernal que el proceso fue enviado a la justicia penal militar, pero de esa jurisdicción le contestaron al juez 35 administrativo que nunca recibieron el expediente. Al buscar el número del proceso en la web de la Fiscalía, se lee que fue archivado “por imposibilidad de encontrar o establecer el sujeto activo”, pese a que la persona que disparó es un funcionario público. Al respecto, el fallo de reparación aclara: “Aunque no fue individualizado el uniformado que disparó el elemento que causó la herida al demandante, no hay duda de que fue la conducta del Esmad de la Policía, y no otra circunstancia, la causa del daño”.
Un daño que cada vez deja más y más víctimas, según cifras de Medicina Legal. Por ejemplo, en 2017, el año siguiente a la fecha del ataque que sufrió Daniel Bernal, 26 personas en toda Colombia sufrieron traumas oculares presuntamente ocasionados por la Fuerza Pública. En 2018, fueron 23 y el fenómeno ha ido en un aumento vertiginoso hasta alcanzar su punto máximo en 2021, cuando se registraron al menos 68 víctimas por acciones de uniformados. La mayoría de estos hechos en los últimos cinco años han ocurrido en Bogotá, Valle del Cauca, Cauca y Antioquia.
En 2021, Bernal Martínez también le dijo a este diario: “Cuando escucho que la gente muere, como con Dilan Cruz (un estudiante asesinado en medio de protestas en Bogotá), me siento morir. Es como si esa violencia que vemos constantemente la ejercieran una y otra vez sobre mí”. A pesar de que él y su familia han sentido un alivio con la sentencia de reparación, que significa un paso hacia la justicia por el ataque que sufrió, ya apelaron, pues consideran que el juez se quedó corto en la decisión, porque se negó a reconocerle la pensión de invalidez. En los últimos días le pidieron al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que en segunda instancia modifique este aspecto de la condena, que es uno de los primeros casos en los que una víctima de esta forma de violencia policial en protestas logra ser indemnizada.
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