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Respetando la reserva, ¿qué nos puede comentar de cómo han avanzado las pesquisas para dar con los cerebros del atentado, como alias “El Costeño”?
La Fiscalía adelanta una investigación estructural enfocada en identificar, individualizar y judicializar a los coautores, cómplices y determinadores del atentado. El equipo de fiscales e investigadores ha puesto en práctica diversas técnicas en el desarrollo de más de 400 actividades investigativas como búsquedas en bases de datos, inspecciones, registros, allanamientos, recolección y análisis de vídeos, testimonios y documentos. Los primeros hallazgos se están manejando con rigurosidad y la mayor reserva posible para garantizar el éxito integral de la indagación. Como se ha informado, en esta fase del proceso ya varias personas están respondiendo ante la justicia.
¿Existen resultados en las investigaciones que apunten a algún grupo como determinador del atentado, por ejemplo, la Segunda Marquetalia?
Esa es una de las hipótesis junto a otras probabilidades que permanecen abiertas en la indagación.
También la Fiscalía ha mencionado que se sigue la pista de Caquetá. ¿Cuál es la relación de este departamento con la organización del atentado? ¿Las investigaciones podrían establecer si hay otros presuntos responsables en ese departamento?
Por ahora, reitero, esa es una de las líneas de investigación. Como se sabe, en el Caquetá se produjo la captura de una de las personas involucradas, por lo cual deben ser evaluados los posibles vínculos de organizaciones que delinquen en ese departamento.
Se ha mencionado que los autores materiales del atentado tenían conocimiento del mitin político ocurrido en el parque El Golfito dos días antes del día del atentado. ¿La Fiscalía tiene indicios de que personas cercanas al senador Miguel Uribe hayan entregado información sobre el evento?
Detectamos que algunos de los partícipes, que ya están capturados, hicieron un primer reconocimiento al lugar del atentado el miércoles 4 de junio, un día antes que se promocionara por redes sociales el evento político que tendría lugar el sábado 7. Naturalmente, esa es otra ruta de investigación que busca establecer cómo se enteraron con anticipación de la convocatoria política del precandidato y quién pudo darles esa información.
¿Cuál es el estado actual de los cinco capturados? Si bien el panorama para el menor es diferente, ¿existe la posibilidad de acceder a un principio de oportunidad?
Las personas detenidas tienen calidad de imputadas de acuerdo con diferentes roles en el atentado. Con respecto a la pregunta sobre el principio de oportunidad, es necesario tener en cuenta la diferencia legal para los mayores de edad, a quienes es aplicable por colaboración eficaz a la justicia en el desmantelamiento de organizaciones criminales, y el adolescente, en cuyo caso es una herramienta para garantizar sus derechos en el marco del Código de Infancia y Adolescencia. Por lo demás, siempre están abiertas las posibilidades del uso de mecanismos de terminación anticipada de los procesos, como lo dispone el actual direccionamiento estratégico de la Fiscalía y, siempre y cuando, sean útiles a la justicia.
En los últimos días, ha tomado fuerza la hipótesis de que habría personas en Ecuador que podrían estar vinculadas al atentado. ¿La Fiscalía revisa posibles autores vinculados al crimen en ese país?
Por el momento, la Fiscalía no tiene una línea investigativa sobre personas vinculadas al atentado que se encuentren o hayan actuado desde Ecuador.
¿La Fiscalía mantiene la teoría de que se trató de un crimen político contra Miguel Uribe por ser precisamente un político de oposición?
Teniendo en cuenta la calidad y condición de la víctima, el escenario y las circunstancias del ataque, la Fiscalía formuló ante los jueces de garantías el agravante de ser un hecho violento contra un servidor público e integrante de una organización política, claras condiciones del doctor Miguel Uribe como senador y precandidato presidencial.
En video: Los hechos clave del expediente Miguel Uribe un mes después del crimen
La Fiscalía ha sido protagonista en investigaciones de graves y recientes crímenes, pero más por su falta de esclarecimiento, que por un proceso que permita avanzar en los autores intelectuales. Por mencionar algunos: el del fiscal Marcelo Pecci y el del director de la Modelo, Élmer Fernández. La Fiscalía no ha esclarecido quiénes dieron las órdenes de asesinarlos. ¿Qué garantía puede tener el país de que, con el caso de Uribe Turbay, no va a pasar lo mismo?
No coincido con esa visión sombría. La realidad que encontré en la Fiscalía, al igual que los avances de esta administración, contrasta con ese panorama negativo: por el crimen contra el fiscal Marcelo Pecci hay siete condenados, tres de ellos como determinadores y se avanza en el trabajo de un Equipo Conjunto de Investigación internacional (ECI), liderado por Colombia, para identificar a los otros autores intelectuales; y, por el homicidio del director de cárcel Modelo, se han logrado cuatro condenas y estructurar una investigación que se está consolidando con muy buen pronóstico. Estos son resultados importantes. En el caso del precandidato Miguel Uribe, la Fiscalía ha dirigido y está construyendo una investigación estructurada y profesional. Ha empleado toda la capacidad investigativa con la que cuenta. Debida diligencia: esa es la garantía de la Fiscalía al senador Uribe Turbay, a su familia y al país. (Pese a las explicaciones de la fiscal, ni en el caso Pecci ni el de Fernández la Fiscalía ha avanzado en el esclarecimiento de los autores intelectuales).
El presidente Gustavo Petro se ha puesto la camiseta de investigador y ha insistido en que el atentado fue un crimen para desestabilizar a su gobierno. ¿Cómo caen en la Fiscalía este tipo de atribuciones del jefe de Estado? La entidad que usted dirige fue severa en sacar de la investigación a entidades como la UNP y el DNI…
La Fiscalía tiene el claro mandato constitucional de investigar los delitos y, como titular de la acción penal, es la única institución competente para dirigir investigaciones por hechos como los perpetrados contra el precandidato Uribe Turbay. Así lo hemos venido haciendo, con la dedicación de importantes esfuerzos de nuestros investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el apoyo de la Policía Nacional (Dijín y Sijín), liderados por los fiscales a cargo. El seguimiento de este trabajo se realiza desde la propia Delegada para la Seguridad Territorial, buscando preservar, cuidar y garantizar íntegramente el desarrollo de la investigación, la vida y seguridad de los testigos, y evitar intervenciones ajenas a la misión de investigar.
Según la Fiscalía, Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), se encuentra en Nicaragua, y si no se presenta en Colombia en caso de que se defina una medida de aseguramiento, se emitirá una circular roja para hacer efectiva su captura. ¿La Fiscalía sabe si el exfuncionario del gobierno Petro ha solicitado asilo en el país centroamericano? ¿Definitivamente se va a solicitar circular roja o, por el contrario, tiene información sobre si volverá al país?
La fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia no tiene conocimiento de que esta persona haya solicitado asilo en algún país, pero lo claro es que está en el exterior y no se tiene conocimiento de que regresará para cumplir la detención preventiva que le fue decretada en primera instancia. Por eso, se adelantan trámites para que se expida la circular roja, la cual no emite la Fiscalía ni ninguna autoridad nacional, sino Interpol.
Hace más de un mes, la Fiscalía anunció que tenía lista la imputación contra el exministro Ricardo Bonilla, pero que dependía de que un juez avalara el principio de oportunidad para María Alejandra Benavides. Solo hasta esta semana, se supo que ese principio será presentado ante un juez el próximo 22 de julio. ¿Por qué tanta demora?
Nuevamente discrepo de esa visión sombría. En poco más de un año, la Fiscalía ha estructurado una investigación sólida respecto al entramado de corrupción descubierto en la Ungrd, en la cual, a la fecha, ha vinculado penalmente a 16 personas, siete de ellas con medidas de aseguramiento en centro carcelario, y ha logrado tres condenas por preacuerdo y el aval de dos principios de oportunidad por parte de los jueces. En este gran caso, la acción penal garantizó el reintegro de $9.714 millones producto de los sobrecostos y las coimas. El Centro de Servicios Judiciales programó para el próximo 22 de julio la audiencia de verificación del principio de oportunidad a favor de María Alejandra Benavides. La investigación continúa y se indaga la presunta intervención de al menos otras 24 personas que habrían participado en esta organización delictiva.
¿Cuáles son los avances en la investigación en contra del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco?
La investigación contra el exministro Velasco está en etapa de indagación, porque es lo que hasta ahora permiten los hallazgos probatorios que son los que, en definitiva, conducen a avanzar o desvincular a las personas que resulten mencionadas directa o indirectamente.
Olmedo López, exdirector de la Ungrd, dijo que se sentía abandonado por la justicia. La Fiscalía respondió que él no era una víctima, sino un victimario. ¿Se va a caer la negociación con el exfuncionario?
No existe preocupación respecto a la negociación con este procesado. Simplemente se está a la espera de la apelación sobre inquietudes subsanables respecto al preacuerdo. Por otro lado, la judicatura tiene programada para el próximo 18 de julio la verificación del principio de oportunidad a su favor.
¿Cuándo empieza el juicio contra Sandra Ortiz?
Esta es una decisión que compete a los jueces de la República y no a la Fiscalía. Sin embargo, le comento que en el proceso contra Sandra Ortiz, la audiencia de acusación fue suspendida para resolver la nulidad solicitada por la defensa y negada por la jueza de primera instancia. Una vez se resuelva la apelación de esa decisión, debe continuar dicha audiencia, posteriormente la preparatoria y luego la fijación de fecha para el juicio.
Más detalles: Carlos R. González: la ficha más alta del Gobierno que iría a la cárcel por Ungrd
Pasando a otros temas, el presidente Petro aseguró durante su visita a Medellín el pasado 21 de junio que iría a las cárceles para revisar los procesos contra jefes de bandas delincuenciales e invitó a la Fiscalía a esa gestión. Usted respondió que acompaña la propuesta. ¿Se han definido detalles para adelantar las visitas a prisiones antioqueñas?
En el marco de la Ley 2272 de 2022, el Gobierno viene impulsando un diálogo de paz urbana con integrantes de bandas de Medellín y el Valle de Aburrá. En el marco de nuestras competencias, la Fiscalía debe examinar el tema en los términos de la legislación vigente, como personas dispuestas a someterse a la justicia por conductas punibles que cometen actualmente, con miras a definir cómo desmantelar las estructuras criminales en las que participan. Por ahora, sabemos que esos voceros en la mesa de diálogos son personas privadas de la libertad que están cumpliendo altas condenas de prisión.
Como jefe del ente investigador, y tras sus reiteradas afirmaciones sobre su gestión, que se centra en las víctimas, ¿cómo ve que en un acto público hayan tenido voz, delante de víctimas, algunos miembros condenados de bandas delincuenciales de Medellín?
Como funcionaria judicial, no me corresponde emitir consideraciones ante contingencias y escenarios de carácter político.
El presidente dijo que la puso a escuchar un audio en el que, supuestamente, se estaría gestando un golpe de Estado. Petro dijo que quienes hablan serían “dirigentes de extrema derecha de Colombia, aliados con el narcotráfico”. ¿Algo tan grave como un posible golpe de Estado no es algo que el presidente debería denunciar oficialmente?
En compañía del director especializado contra la Corrupción de la Delegada contra la Criminalidad Organizada, acudí a un llamado del Presidente de la República en el que recibimos, como Fiscalía, una información derivada de un audio entre particulares por presuntos actos conspirativos en contra del jefe de Estado. Por este reporte, se han adelantado las actuaciones necesarias para recaudar elementos materiales probatorios para establecer la posible existencia de alguna conducta punible. Estos actos investigativos están sometidos a la reserva de la Fiscalía a cargo del caso, con el fin de preservar la integridad de la investigación.
El diario El País reveló audios del excanciller Álvaro Leyva, en los que asegura buscar encuentros para “sacar” al presidente. Si bien ya existe una indagación por estos hechos, ¿qué ha encontrado la Fiscalía durante estas investigaciones preliminares, teniendo en cuenta que los audios fueron conocidos por el ente investigador hace más de un mes?
Como se conoció públicamente, el Presidente de la República, a través de su abogado Pedro Alejandro Carranza, instauró esa denuncia, radicada y ampliada el pasado 2 de julio, la cual fue remitida al despacho de la Dirección Especializada contra la Corrupción que ya venía conociendo del caso.
Usted lleva un poco más de 15 meses en la Fiscalía. Ha sido cauta en hablar mucho, en no cazar peleas innecesarias y de dejar que la política no contamine sus investigaciones. Sus contradictores la han calificado como una fiscal de pocos resultados. ¿Qué les quisiera contestar?
Que la Fiscalía General de la Nación está dando el salto a una transformación profunda en la justicia penal. Llegué a una Fiscalía que archivaba nueve de cada 10 denuncias. Ahora a lo sumo se archivan dos o tres de cada 10. Es decir, hoy tenemos una Fiscalía que se ocupa de entre el 70% y 80% de las denuncias ciudadanas. Bogotá, para dar un ejemplo, pasó de archivar un promedio mensual de 32.000 a 1.700 denuncias, reduciendo la tasa de archivos en más del 94%. Al inicio de mi gestión, de cada 10 casos llevados a jueces se obtenían seis sentencias absolutorias y cuatro condenatorias. Quiero contarle que el panorama actual es bien distinto: en los primeros seis meses del 2025, fueron proferidas 27.880 sentencias correspondientes a la Delegada para la Seguridad Territorial, que agrupa a las 35 direcciones seccionales del país. De ellas, 19.810 fueron condenatorias y 8.070 absolutorias, es decir, obtuvimos siete sentencias condenatorias y tres absolutorias por cada 10 casos presentados ante los jueces.
En este mismo semestre, las direcciones especializadas adscritas a las Delegadas contra el Crimen Organizado y Finanzas Criminales obtuvieron 910 sentencias de las cuales 841 fueron condenatorias y 69 absolutorias, es decir, de cada 10 casos obtienen nueve condenas por una absolución. Todo ello indica un renovado trabajo de nuestros fiscales, quienes han mejorado sensiblemente la estrategia de litigio y su participación en juicios. Todo esto sin contar la resolución de casos por medio de mecanismos de terminación anticipada de los procesos, en los que nos hemos empeñado. Así, durante el primer semestre del año se aplicaron 12.354 preacuerdos, 8.102 principios de oportunidad y 16.317 conciliaciones. Nuestro propósito es, al final de estos cuatro años, entregar al país un sistema penal acusatorio plenamente renovado.
La dinámica de la Fiscalía está involucrando una gran transformación en la cultura organizacional de la entidad, que ya se está observando en atención al usuario, presencia de la justicia penal en los lugares más distantes con la puesta en marcha de ocho Centros de Atención de Fiscalía (CAF) en los municipios como Pizarro (Chocó), Barrancominas (Guainía) y San Martín de Loba (Bolívar). También estamos poniendo la tecnología al servicio de la justicia, con el desarrollo e implementación de modelos de inteligencia artificial que hoy nos permiten, por ejemplo, procesar más de 20 millones de datos en pocos minutos, al punto que una dirección seccional puede conocer el análisis de toda su carga laboral en solo dos minutos.
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De lo que ha podido evidenciar en esos 15 meses, ¿cuáles son los temas más graves que dejó Francisco Barbosa en la Fiscalía?
La problemática de la criminalidad no es de los fiscales o de algún fiscal general en particular. La delincuencia común, el auge de los delitos informáticos, la violencia y el crimen organizado son fenómenos estructurales que tornan muy compleja la labor de persecución penal, pero que estamos comprobando que es posible.
¿La Fiscalía considera que aún hay margen para ofrecerle un principio de oportunidad a Nicolás Petro?
En los acercamientos de la Fiscalía con la defensa nunca se ha planteado la posibilidad de un principio de oportunidad, que consiste en la renuncia al ejercicio de la acción penal. Esos acercamientos, que no han llegado a ningún acuerdo efectivo, se han realizado en términos de un eventual preacuerdo que equivale al otorgamiento de una rebaja de pena a cambio del reconocimiento de responsabilidad penal. La oportunidad para que la defensa y la Fiscalía puedan preacordar una sentencia condenatoria precluye en el momento en que se dé inicio a la audiencia de juicio. Actualmente, está por terminar la audiencia preparatoria, habiendo señalado el 28 de julio para que la Procuraduría haga las observaciones a las solicitudes probatorias de las partes (defensa y Fiscalía) que ya concluyeron su intervención. Realizada esta última sesión, el juez fijará fecha para juicio.
¿Qué le diría a quienes especulan que el caso se diluya con el tiempo o que se use para presionar políticamente al Gobierno?
Hay que insistir en que no existe ni ha insistido el impulso de ningún principio de oportunidad y que la acusación que enfrenta Nicolás Petro es distinta de la actuación de la Dirección Especializada contra la Corrupción, por posible violación de topes electorales o el ingreso de dineros no permitidos a la campaña de Colombia Humana. A la fecha se avanza en la recolección de información, entrevistas, inspecciones, entre otras actividades investigativas. Por supuesto, en el marco de sus competencias, la Fiscalía no puede adelantar investigación alguna contra el Presidente de la República.
¿Cómo califica el trabajo de la fiscal del caso Uribe?
La fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia es una funcionaria de amplia trayectoria que, tanto en el caso del expresidente Uribe, como en los demás que tiene a su cargo, actúa con idoneidad y profesionalismo.
El proceso en contra del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga lleva frenado desde agosto del año pasado, luego de la acusación en su contra. ¿En qué ha avanzado el caso?
No es así. El proceso está avanzando. El pasado 27 de mayo se llevó a cabo la cuarta sesión de audiencia preparatoria en la cual la defensa continuó con la enunciación probatoria. La juez de conocimiento tiene prevista la realización de las sesiones cinco, seis y siete para los próximos 14, 15 y 16 de julio, en las cuales se tiene previsto verbalizar las estipulaciones y elevar las solicitudes probatorias de Fiscalía y defensa.
¿Usted va a anunciar el cierre de Justicia y Paz?
Este mes se cumplen 20 años de la vigencia de la Ley de Justicia y Paz, el primer modelo de justicia transicional con pena reducida en el mundo en vigencia del Estatuto de Roma. Es indispensable evaluar este proceso a partir de sus resultados: ya se consolidó la mayor parte de la verdad del accionar paramilitar, contenida en las versiones libres rendidas por los desmovilizados; se garantizó la expectativa de justicia, puesto que purgaron penas de más de ocho años, y se trabaja para concretar la reparación de perjuicios de las víctimas que concurrieron al modelo. El proceso regido por la Ley 975 de 2005 demanda completar y cerrar la investigación en la Fiscalía y la emisión de sentencias pendientes en las salas de Justicia y Paz. Esto requiere, entre otras actividades, modificar el procedimiento haciéndolo más ágil, lo cual pretendemos a partir de una propuesta legislativa en la cual estamos trabajando.
¿Cómo va el relacionamiento de la Fiscalía con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)?
Tenemos una relación muy intensa a partir de compartir información en función de nuestras competencias. Eso sí, con gran expectativa respecto de la forma en que se van a definir todos los casos asociado a las FARC en el marco del conflicto armado, cuya resolución le corresponde a la Jurisdicción Especial para la Paz. Del inventario inicial de 233.000 casos entregados a la JEP en 2018, sólo nos han pedido hasta ahora cerca de 73 procesos. Estamos a la espera de las decisiones de la JEP que resuelvan esta agobiante situación.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Santiago Díaz Gamboa
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