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Tras más de siete años desde la firma del Acuerdo de Paz que puso fin a las FARC, la guerrilla más antigua de América Latina, las garantías de protección para las personas que decidieron entregar las armas continúan “fallando gravemente”. Así lo expuso el magistrado Gustavo Salazar, presidente de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP), en medio de una diligencia este 26 de febrero en Pitalito (Huila), en la que la Jurisdicción realizó seguimiento a las medidas que ordenan la protección de los excombatientes. Para la entidad, el actual Gobierno —y el anterior— han sido “incapaces de garantizar la vida” de estas personas.
La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP encontró que entre el 3 de febrero de 2017 y el 10 de febrero de 2024 han sido asesinados 415 excombatientes, siendo el sur del país la zona más peligrosa para los firmantes de paz. En este territorio, dicen, ocurrieron el 23% de todos los homicidios de este tipo en el país. La UIA analizó las características de la zona, encontrando que existen tres principales patrones de riesgo para esta población, los cuales están directamente vinculados con la presencia de los diferentes grupos disidentes de las FARC, el control territorial, las disputas entre ellos y, en algunos casos, al antiguo rol que cumplieron los firmantes en la guerrilla.
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De acuerdo con la investigación de la JEP, en el sur del país los excombatientes se encontrarían en medio de las dispuestas entre el Estado Mayor Central, liderado por alias Iván Mordisco, y la Segunda Marquetalia, ambos considerados disidencias de las FARC. Estos grupos armados estarían buscando a los firmantes para que actúen como colaboradores de sus movidas. Sin embargo, dice el informe, independiente de si ceden o no las propuestas de las disidencias, las consecuencias serían las mismas: el desplazamiento forzado o el asesinato. En los casos en que se niegan a colaborar llega la estigmatización y el señalamiento como traidores. Pero, cuando aceptan realizar algunas acciones, son señalados por el otro grupo armado como colaboradores del enemigo, expone la UIA.
De acuerdo con la JEP, en el territorio convergen varias problemáticas que afectan la seguridad de los firmantes: el “derrumbe de la autoridad estatal”, que como consecuencia hace que el control social lo tengan los grupos armados ilegales, que manejan desde la movilidad y los medios de comunicación, hasta las actividades políticas y electorales. En algunos casos, llegan a ser quienes resuelven los conflictos comunitarios, según el informe. De acuerdo con las cifras expuestas por la JEP, uno de cada cuatro asesinatos en contra de firmantes correspondería a personas que han comenzado con iniciativas de liderazgo social en el posacuerdo. La UIA cree que con esta práctica, los grupos armados ilegales buscarían frenar o someter procesos comunitarios y de autonomía en los territorios.
Los afectados por estas acciones de los grupos armados ilegales, dice el informe, no son solamente los firmantes. Actualmente, de acuerdo con las cifras manejadas por la UIA, 290.000 personas en Caquetá, Huila, Tolima y Putumayo vivirían bajo este tipo de control social por parte de los violentos. Con las prácticas evidenciadas por la JEP, se habrían visto afectadas cooperativas agropecuarias y asociaciones para la paz, iniciativas creadas por excombatientes. Precisamente, es el caso que vivieron los firmantes del espacio de reinserción colectiva Urías Rondón, ubicado en Caquetá, a quienes los grupos armados les habrían ordenado “vaciar el territorio” donde vivían, pues sería un corredor estratégico de conexión del departamento para los grupos armados, expuso la UIA. En la zona se habrían quemado incluso los vehículos que se habían asignado para su protección.
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El último de los factores de riesgo que reconoció la UIA está asociado con el rol que desempeñaron algunos excombatientes durante su paso por la guerrilla. Por ejemplo, aquellas personas que tenían funciones financieras o tenían conocimiento de dónde se encontraban las caletas, campamentos o corredores de movilidad, habrían sido asesinadas o desplazadas forzosamente, tanto de manera individual, como masiva. Por ello, el magistrado Salazar recordó en medio de la diligencia que “los firmantes del Acuerdo son ciudadanos en pleno derecho, sujetos de especial protección a quienes debemos preservar la vida y reincorporación con ahínco”.
Por su parte, el Consejo de Seguridad sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia expuso que el 19% de los excombatientes que fueron asesinados se encontraban a la espera de recibir protección por parte del Estado. Además, la JEP reconoce que actualmente estas personas viven en un “entorno generalizado de desprotección institucional”, en el cual los grupos armados tienen intereses económicos y militares en las zonas que habitan. También, señala el informe, que se han ido debilitando los proceso organizativos locales. La magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo señaló que los requerimientos a nivel nacional para la protección de los excombatientes ya fueron discutidos, pero no se han implementado en los territorios.
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“Yo le pregunto al señor comisionado de paz si el actual Gobierno está dispuesto a construir una hipotética paz total sobre los cuerpos de miles de líderes sociales y firmantes que, comprometidos, trabajan de manera cierta por la paz”, puntualizó el magistrado Salazar sobre la actual situación y la iniciativa de diálogo con grupos armados que tiene el Ejecutivo. Los magistrados reiteraron que esta diligencia no debería ser necesaria, pues esto solo demostraría las fallas que se han tenido en la implementación del acuerdo. También insistió en que en menos de 30 días se publique el decreto que reglamenta el programa de protección integral para firmantes de paz, lineamiento que fue firmado desde 2017.
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Por Luisa Fernanda Moscoso Gutiérrez
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