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La región del Catatumbo es uno de los principales enclaves de cultivos de coca en Colombia, país que, según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), concentra más del 67 % las hectáreas cultivadas de coca en el mundo. Esta condición, entre otros factores, ha convertido a este territorio, ubicado en el norte de Santander, en un escenario histórico de violencia. Pero también, como advierten sus habitantes y varios estudios, es una zona gravemente afectada por el deterioro ambiental.
Como explica Yenis Navarro, líder social de Ocaña, “el cultivo de la coca, al ser un monocultivo intensivo, esteriliza el suelo, y, junto a otras prácticas, llega un punto en que ya no se puede sembrar nada. Ni siquiera crece maleza. Por esto, aunque se erradiquen todos los cultivos hoy mismo, la situación en el Catatumbo seguirá siendo compleja por un buen tiempo, a pesar de todas las potencialidades agrícolas del territorio”.
El escenario que describe Navarro, quien lidera una Agencia de Desarrollo Local —una instancia reconocida por las Naciones Unidas para la organización económica de comunidades— también le preocupa en otras zonas cocaleras de Colombia.
Otro informe del Cesed apunta, por ejemplo, a que el llamado ‘auge de la coca’ (2014-2019) impulsó un aumento del 104 % en la deforestación de la región amazónica. Sin embargo, los cultivos, por sí solos, no explican la pérdida de bosque, actúan como catalizadores de otras actividades que aumentan la presión sobre los ecosistemas.
“Siempre nos hemos preguntado cuál es el impacto de los cultivos de coca. Sí existe un impacto, pero es limitado. Hay muchas otras aristas que no estamos considerando”, explica María Alejandra Vélez, directora del área de Desarrollo rural, economías ilícitas y medio ambiente del Cesed. “Por eso, recientemente nos propusimos descubrir qué es lo que realmente está impulsando estos procesos”.
En un documento técnico que publicaron hace unos días, los investigadores revelan cómo la economía cocalera estaría siendo un motor indirecto de deforestación y de daños ambientales en Colombia, al impulsar —al menos— otras dos actividades: la ganadería y la minería de oro.
Los hallazgos del estudio coinciden con un momento sin precedentes: los cultivos de coca en Colombia alcanzaron su punto más alto en décadas, con más de 253.000 hectáreas en 2023 —casi el doble del área de Bogotá— y un potencial de producción anual de cocaína superior a las 2.664 toneladas métricas; es decir, más de un tercio del peso de la Torre Eiffel.
Además, como lo advierte la UNODC en uno de sus informes más recientes, “las tendencias muestran un desplazamiento geográfico [los cultivos de coca] hacia áreas protegidas fronterizas y regiones de alto valor ecológico, incluyendo Reservas Indígenas, Consejos Comunitarios Afrodescendientes, Parques Nacionales Naturales y Zonas de Reserva Forestal. Estas zonas albergan actualmente el 59 % del cultivo de coca”.
Un acelerador de la deforestación
Para empezar a entender estas relaciones entre la economía cocalera y otras actividades, se realizaron tres estudios de caso en municipios de Putumayo y Meta, donde se presencia una desconcentración de cultivos, y en Nariño, donde están en auge. En estos lugares se registraban tanto producciones de coca, como ganadería o minería de oro.
“En Putumayo, por ejemplo, hasta el 30,8 % de los municipios acogen tanto minería de oro como cultivos de coca, mientras que otras regiones como Chocó y Cauca muestran solapamientos fluctuantes. Estas dinámicas subrayan la necesidad de abordar los retos medioambientales y socioeconómicos que plantea la coexistencia de estas economías ilícitas”, se lee en el estudio.
Para estudiar la correlación entre esta actividad con una variable ambiental, la deforestación, explica Diana Millán, investigadora del Cesed, “analizamos imágenes satelitales de fuentes como el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) o el Instituto Hansen de Estados Unidos, que nos permiten observar, píxel a píxel, la pérdida de cobertura boscosa y la aparición de nuevas actividades productivas alrededor de los cultivos con el paso de los años”.
“Cuando hablamos de deforestación, en términos generales, nos referimos a la desaparición de bosques con árboles de al menos tres metros de altura. Pero esta definición varía según la región: en la Amazonía, por ejemplo, los árboles pueden superar los diez metros”, añade.
Al analizar los efectos de la densidad de cultivos de coca se encontró una correlación baja con la deforestación, con un aumento del 2,2%. En el caso de la minería de oro no hay una relación significativa con la deforestación, ya que esta práctica suele desarrollarse en zonas de cuencas y no en áreas boscosas. No obstante, cuando se analiza específicamente la presencia de economía cocalera, los efectos fueron más evidentes: se identificó un aumento de 15,8% de la deforestación. Eso se debe, según los investigadores, a toda la actividad económica que genera la actividad cocalera. ¿A qué se debe?
Una economía que transforma el uso del suelo
De acuerdo con los investigadores del Cesed, la economía cocalera sería el “detonante” de otras actividades económicas que sí estarían poniendo gran presión en los bosques, en particular la ganadería. Estos recursos impulsarían una transición hacia economías legales que implican una transformación del uso de la tierra.
Los investigadores sugieren que esta transición podría ocurrir debido a varios factores: la degradación del suelo por químicos y tóxicos que cambia el valor y uso de la tierra, por programas estatales de sustitución (desarrollo alternativo) y la ganadería, la ausencia de restricciones a la tala de bosques después del proceso de paz de las FARC-EP y, entre otras, compras masivas de tierras que sugieren patrones de acaparamiento de tierras.
“Uno de los elementos más reveladores de los casos de estudio es que en departamentos en los que la coca se fue, pues se transitó hacia otras economías como la ganadería y el oro”, explica Vélez, del Cesed. “Y esto nos llama a cambiar esta narrativa de que cuando la coca disminuya van a salir los grupos armados, pues estos, básicamente, cambian el portafolio. Las extorsiones que cobran ahora son de oro o la ganadería”.
Esta transición hacia pastos en el bosque se habría visto acelerada desde el Acuerdo de Paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y muestran un cambio en las formas de gobernanza criminal: ya no buscan una toma de poder central, sino ejercer control territorial.
En estas no estarían presente las políticas en torno a los bosques de ciertos grupos como la Farc, que, según estudio, restringían, incluso con minas antipersona, el acceso a recursos maderables de los bosques. El grupo armado también impulsó la expansión de carreteras y el cultivo de coca que impactaron a estos ecosistemas.
Además, otro de los hallazgos de la investigación alerta sobre el papel de la erradicación forzada impulsada por el Estado mediante aspersión aérea con glifosato en la transición de la coca hacia la ganadería. Según varias entrevistas a comunidades locales, la aspersión aérea dañó el suelo, permitiendo únicamente el cultivo de pastos. Además, los agricultores reportaron que tras la aspersión, los suelos quedaron severamente afectados y no pudieron ser utilizados para agricultura o reforestación durante seis a ocho años.
Otra pregunta que queda sobre esta relación es ¿por qué los cultivos de coca se están desplazando hacia área protegida? Como explica Liliana Duica, asesora de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), una respuesta podría estar en políticas de erradicación y sustitución de cultivos “que han empujado a la gente y estas economías hacia regiones remotas, como las áreas protegidas. Una vez están en estas zonas, se desarrollan asentamientos y vías, provocando cambios dramáticos en la cobertura boscosa”.
Investigaciones de la FCDS indican que el levantamiento de vías no oficiales, solo en su primer kilómetro, aumenta la deforestación en un 40 %. “Eso significa un ahorcamiento del sistema y la pérdida de conectividad de ecosistemas, y, de manera paralela, esto conecta y facilita la conexión de economías en estas áreas protegidas”, sostiene Duica.
Frente a estos hallazgos, los investigadores del Cesed sostienen que es necesario cambiar la narrativa en torno a los cultivos de coca y con ellos las políticas de sustitución de cultivos. “Si bien en el actual gobierno se propusieron cambios interesantes, en el fondo no se han logrado cambios notorios en los territorios. Y algo central es dejar el lado punitivo de los planes de erradicación y entender las nuevas dinámicas de los grupos armados”, puntualiza Vélez, del Cesed.
*Nota del editor: Esta nota fue ajustada para aclarar que Colombia concentra el 71 % de las hectáreas cultivadas de coca.
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Por Fernán Fortich
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