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En la zona suroccidental de Barranquilla, la más pobre de la ciudad, el agua es escasa. Pero no por falta del líquido, pues se capta del río Magdalena, sino por la capacidad de potabilización, almacenamiento y distribución. Para aumentar esa capacidad, en 2013, la Alcaldía y el Ministerio de Vivienda firmaron un convenio para construir un nuevo megatanque que, según dijo el entonces ministro y exvicepresidente Germán Vargas Lleras en una visita al tanque en 2017, permitiría abastecer por completo a la zona suroccidental de la ciudad durante, al menos, cuarenta años.
A pesar de que la construcción del megatanque Siete de Abril terminó hace más de cuatro años y costó más de $30.000 millones, hoy el barrio que tiene su nombre y al menos tres más en esta zona siguen teniendo servicio limitado a algunas horas. En la mañana, durante tres horas, los vecinos recogen agua para el resto del día. El Espectador los visitó en horas de la tarde y pudo constatar que no había servicio y no se habían anunciado obras de mantenimiento.
El escándalo detrás del megatanque
El escándalo por la contratación de este enorme tanque con capacidad para almacenar 25 millones de litros —lo suficiente para llenar siete piscinas olímpicas y media— ha sido abordado en varias ocasiones por la prensa nacional. Especialmente, luego de la denuncia de Luis Enrique Guzmán Chams, socio de Carlos Vengal, el contratista, quien se encargó de la mayor parte de la obra. Guzmán Chams aseguró en 2017 que tuvo que pagar una coima para poder entrar al negocio y otras durante la ejecución para que le pagaran las actas parciales. Luego, al ver que Vengal lo sacó del negocio, decidió contar todo.
En su testimonio ante la Procuraduría y la Fiscalía, Guzmán Chams dijo que parte de esa coima fue utilizada para comprar votos durante la campaña de 2015, para beneficiar a Alejandro Char, quien fue elegido alcalde ese año y ahora repite en el cargo. La Procuraduría, al mando de Margarita Cabello, entrevistó al denunciante Guzmán Chams y a los implicados Carlos Vengal, Héctor Amaris y Luis Fernando Vásquez. Pero, ante la imposibilidad del organismo de control de obtener evidencias concretas, ordenó archivar la investigación, sin mucho alarde mediático. El proceso en la Fiscalía sigue activo y Guzmán Chams está negociando un principio de oportunidad. Este diario se contactó con el alcalde Char para conocer su versión sobre las posibles coimas y este dijo, a través de su apoderado, Francisco Bernate, que no se referiría al asunto, pero que interpuso una denuncia por calumnia contra Chams por sus declaraciones.
El Espectador solicitó a la Procuraduría una copia del expediente archivado y encontró un oficio enviado por la procuradora Margarita Cabello, el 8 de febrero de 2021, que contiene su manifestación de impedimento y conflicto de interés. En la carta, la procuradora Cabello explicó que el denunciante Guzmán Chams la mencionó cuando dijo que varias personas cercanas a Char, entre ellas el congresista David Name, lo amenazaron con acudir a las instancias de Margarita Cabello, cuando era ministra de Justicia, para que sus denuncias no avanzaran. Por eso, explicó Cabello, debía apartarse de la investigación y encargársela al viceprocurador, Antonio Emiro Thomas, quien a su vez la remitió a la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 6 Primera para la Contratación Estatal, que finalmente archivó el 27 de noviembre de 2023.
Entre los argumentos en los que basó la decisión de archivar la investigación disciplinaria, la Procuraduría aseguró que Guzmán Chams no entregó pruebas de sus acusaciones y, por lo tanto, no había elementos materiales para continuar investigando. Por su parte, Guzmán le dijo en entrevista a El Espectador desde su casa de Barranquilla que de ninguna manera habría entregado su teléfono celular a la Procuraduría de Cabello por su cercanía a Char, pero le explicó al organismo de control que ya había entregado una copia espejo de su celular a la Fiscalía y que podía solicitarla. La Procuraduría así lo hizo, pero la Fiscalía negó la remisión argumentando que se trataba de materiales probatorios dentro de una investigación activa.
En el expediente, la Procuraduría no se pronunció de fondo sobre el proceso de licitación que terminó con la adjudicación del contrato a Vengal, un contratista frecuente de la Gobernación del Atlántico.
El Espectador revisó en detalle los documentos contractuales publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) y encontró posibles inconsistencias. Por ejemplo, a pesar de que varias empresas manifestaron interés en participar de la licitación, le advirtieron al Área Metropolitana de Barranquilla (AMBQ) que los pliegos de condiciones limitaban la participación de múltiples oferentes y la invitaron a abrir la competencia.
En una carta enviada al AMBQ, en febrero de 2016, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) le advirtió a esa entidad que “las condiciones y requisitos establecidos en el proyecto de pliego de condiciones son altamente excluyentes de oferentes interesados en el proceso”. Hablamos con la CCI y nos explicaron que son una entidad gremial, que promueve los intereses de sus asociados y que con esa carta buscaban un trato igualitario para todos los interesados en la licitación. Una copia de esa comunicación fue enviada al despacho del entonces ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, abogado antioqueño que ha hecho casi toda su carrera política de la mano de Germán Vargas Lleras, a quien sucedió como ministro en esa cartera.
Sin embargo, y a pesar de la solicitud de modificar los pliegos que hicieron Manuela Plazas y la firma de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, otros interesados en el proceso, el AMBQ no cambió lo solicitado y al final solo pudieron participar dos consorcios: el Consorcio Metropolitano y el Consorcio Hidrotanques, ganador de la licitación, compuesto por Carlos Vengal Pérez y su empresa PVC Soluciones. Vengal ha protagonizado otros escándalos de posible corrupción, como el caso de la reconstrucción del Polideportivo Villa Olímpica de Sabanalarga, por el que fue capturado en 2018 y su empresa, PVC SAS, pasó por un proceso de extinción de dominio.
En conversación con El Espectador, Vengal aseguró que no tiene ninguna relación con el alcalde Char, aunque reconoció que tuvo una cercanía con Amaris que, dijo, ya no existe. Además, explicó que no cobró ninguna coima, como dice Guzmán Chams, sino que simplemente fue su socio en el proyecto del megatanque y que todo el dinero que invirtió le fue retribuido. Sobre su captura por el proyecto en Sabanalarga, Vengal explicó que fue dejado en libertad luego de que un juez declarara ilegal la orden de aseguramiento. “Le pudimos demostrar a la Fiscalía que no hubo nada mal hecho y me devolvieron la empresa el año pasado”, aseguró.
Por su parte, el exministro Henao indicó que no recuerda haber recibido la carta de la Cámara Colombiana de Infraestructura que advertía de los pliegos que limitaban la participación de múltiples oferentes, pero afirmó que esa contratación era responsabilidad del AMBQ y el Minvivienda no podía interferir debido a la autonomía que tienen los entes territoriales.
“Yo con yo”
Una vez establecido el control sobre el contratante y el contratista, hubo otro cambio determinante: la escogencia de la interventoría. En principio, esta fue contratada a través de Fonade, por encargo del Minvivienda, y se le entregó a un consorcio llamado Agua 14. Pero la obra se demoró en comenzar y, aunque se pagaron varios meses de ejecución, tanto de la obra como de la interventoría, el Minvivienda decidió liquidar anticipadamente el contrato con el interventor elegido. Eso causó la molestia del Consorcio Agua 14, que le respondió a Fonade que podía seguir siendo interventor con una adición al contrato, y dejó su inconformidad por escrito en el acta de liquidación.
En un oficio enviado en 2016 por el director de programas del Minvivienda a la Alcaldía de Barranquilla, se informó que el Ministerio le solicitó a la administración distrital que contratara la interventoría “con la entidad que, a su juicio, posea la idoneidad necesaria para ese tipo de actividad”. Esa comunicación del Ministerio llegó en abril de 2016 y luego en mayo la Alcaldía contrató la interventoría del megatanque con la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla (Edubar), una empresa mixta con participación pública mayor al 51 %, lo que le permite firmar convenios interadministrativos entregados directamente.
Edubar es una entidad controlada por Char y ha concentrado la mayor cantidad de contratos de interventoría en la ciudad. Entre los socios privados de Edubar está la Sociedad Portuaria Río Grande, que a su vez ha tenido entre sus accionistas a Supertiendas y Droguerías Olímpica y a la Sociedad Colombiana de Inversiones S.A. – Socinsa, ambas propiedad de la familia Char, como lo reveló la periodista Laura Ardila en La Silla Vacía.
Para José Vicente de la Cruz, líder del barrio Siete de Abril y veedor del proyecto del megatanque, que Edubar se encargue de la interventoría de proyectos que contratan la Alcaldía y sus entidades descentralizadas es la forma más visible del “yo con yo”.
La comunicación del Minvivienda que la administración Char estaba esperando para poder entregar la interventoría a su voluntad llegó en un oficio con fecha de 13 de abril de 2016. Esa misma noche, el entonces ministro Henao y el alcalde Char se encontraron con Héctor Amaris, en el concierto de Coldplay en El Campín, de Bogotá.
La foto, que fue revelada por Caracol Radio, en octubre de 2020, le llegó a Guzmán Chams por mensaje de WhatsApp el día siguiente, el 14 de abril, según dijo él mismo en entrevista con El Espectador. Por su parte, Amaris, en diálogo con este diario, explicó que no recuerda si escribió o no ese mensaje y tampoco sabe si ese contacto era efectivamente el suyo. Guzmán Chams explica que Amaris le envió una foto diciendo “el que te la firmó”, refiriéndose “precisamente a Henao”, quien habría autorizado el cambio de interventoría, según su relato.
Preguntamos a Henao por esa fotografía junto a Char y sobre el hecho de que se haya tomado el mismo día en que el Ministerio otorgó su visto bueno para cambiar la interventoría. El exministro explicó que asistió al concierto de Coldplay con su esposa y allí se encontró por casualidad con el alcalde Char y su equipo. Además, aseguró que es simplemente “una coincidencia” que la foto se tomara el mismo día en que se envió el oficio, pues asegura que él no fue quien entregó esa autorización y no recuerda que se le haya consultado sobre el cambio de interventoría.
Hablamos con Diego Rojas, exdirector de proyectos y exviceministro de Agua y Saneamiento Básico, quien firmó el oficio remitido a la Alcaldía de Barranquilla. El exfuncionario nos explicó que no se trató de una autorización para que la Alcaldía contratara la interventoría con quien quisiera, sino un pedido de que asumiera, a su cuenta y costo, la nueva interventoría que necesitaba el proyecto, porque la que se había contratado por Fonade se quedó sin recursos. Según el convenio entre el Minvivienda y la Alcaldía, si el proyecto necesitaba dinero adicional, tendría que provenir de las arcas de Barranquilla. Por eso, explicó Rojas, se le pidió a la Alcaldía que asumiera el costo de contratar una nueva interventoría.
En la lista, pero sin agua
Los habitantes del barrio Siete de Abril no entienden por qué no han sido beneficiados con el agua que prometió el megatanque si dijeron que la construcción ya estaba terminada y la Alcaldía ha dicho que funciona al 100 %. Y no lo entienden porque desde el inicio fueron convocados a todas las reuniones del proyecto. El Espectador revisó los estudios previos que justifican esta licitación, publicados en el SECOP, y este barrio sí hace parte del área que desde un primer momento iba a impactar el proyecto.
Preguntamos a la Triple A por qué el Siete de Abril no tiene agua, a pesar de estar desde el inicio en el proyecto licitado, a lo que contestaron que es cierto que hace parte de los barrios incluidos dentro del plan de integración al sistema del tanque, pero, para que se beneficie, se requiere una obra más. “Se requiere la ejecución de una nueva obra que consiste en la reposición de 700 metros de tubería de 20 pulgadas HD (…) para empalmar el barrio Siete de Abril al suministro desde el megatanque, ya que en la actualidad recibe el servicio desde la Estación Ciudadela”. Lo mismo pasa con los barrios San Luis, Las Granjas y la Urbanización Las Gardenias, nos confirmaron.
Según el estudio previo, una de las principales razones para construir un megatanque elevado era para aprovechar la gravedad y ahorrar energía. Obtener el agua del tanque subterráneo, conocido como Ciudadela, que hoy sigue abasteciendo durante algunas horas por día al barrio Siete de Abril, implica que hay que bombear constantemente agua hacia la red principal porque no es posible hacerlo por gravedad.
Por eso, el megatanque fue construido en la cima del cerro Sevilla, una pequeña colina de unos 150 metros, el punto más alto de la ciudad, incluso en contra de las recomendaciones de los ingenieros, según recuerda. Guzmán Chams. Detalla que en ese entonces la Sociedad de Ingenieros del Atlántico dio un concepto negativo a la construcción del tanque en la cima de ese cerro, pues está compuesto por depósitos aluviales con alto riesgo de deslizamientos.
La Triple A, por el contrario, le dijo a este diario que tiene los estudios geotécnicos que demuestran que la construcción era viable y aseguró que “no existe ningún riesgo de tragedia”, porque “es una gran obra de ingeniería”.
Sobre la falta de cimientos resistentes, Guzmán Chams aseguró que parte del dinero adicionado en los múltiples otrosíes de esta obra se utilizó, además de para pagar las coimas, para construir unos pilotes cuando ya el tanque estaba hecho, y no antes, como debió hacerse. Por eso, dice estar seguro de que el megatanque no funciona al 100 % de su capacidad, como ha dicho la Triple A, pues, en su opinión, “llenar el tanque completamente sería peligroso”.
Sin hallazgos fiscales
A pesar de que la obra no ha cumplido con lo que prometió, no ha habido ninguna sanción por parte de las entidades de control. El Espectador conoció una presentación, de mayo de 2023, en la que la Contraloría General de la República, a través de su delegada para Participación Ciudadana, da por cerrado el seguimiento que le estaban haciendo a esa obra, aunque reconocen que “el proyecto presentó dificultades en su ejecución” y ratifican que desde que la obra fue entregada en 2020, “las comunidades beneficiarias del sector suroccidental de Barranquilla constantemente manifiestan su inconformidad con la prestación del servicio del acueducto debido a que las líneas de distribución que salen del tanque no alcanzan a todos los beneficiarios”.
A pesar de eso, aseguran que las denuncias ciudadanas por posible detrimento patrimonial “terminaron sin hallazgos con incidencia por no existir daño cierto”. Aunque, en la misma presentación también confirman que “las redes siguen en proceso de instalación, dado que muchos sectores no estaban conectados a la red central”.
Este diario consultó con la Contraloría General si hay algún otro proceso de seguimiento y vigilancia sobre esta obra y esta contestó que la delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico ha atendido dos denuncias más con relación al megatanque y que, de acuerdo con el informe técnico del ingeniero civil que lo visitó, “no hay hallazgos porque está en funcionamiento”. Por eso, proyectó y presentó recientemente un informe para cerrar el caso dentro del plan nacional de vigilancia fiscal. Es decir, nunca se ha abierto un proceso de responsabilidad fiscal por posible detrimento patrimonial con esta mega obra.
Entretanto, los vecinos de Siete de Abril recuerdan perfectamente cuando las autoridades distritales fueron a socializar el proyecto por primera vez. Les prometieron el servicio confiable y continuo, que solo reciben hoy algunas horas al día. Según explicó José Vicente de la Cruz, la tubería principal que abastece al megatanque, y que viene desde el tanque subterráneo, está por debajo de la calle principal del barrio y aún no olvidan las molestias que les trajo esa obra. “Muchos negocios quebraron, porque se demoró más de lo previsto. Nos la tuvimos que aguantar por la promesa de tener agua todo el día. Pero, se supone que la obra terminó, todavía estamos sin agua”, concluye de La Cruz.
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