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La apuesta por fortalecer el movimiento sindical, que fue una de las prioridades que trazó el presidente Gustavo Petro a su llegada al poder hace tres años y nueve, tuvo en las últimas 72 horas un empujón definitivo. De hecho, y justo cuando comienza la recta final de la campaña por la primera vuelta, se estructuraron una serie de medidas que empoderan a las centrales obreras, las cuales van desde alternativas para inyectarles recursos hasta movilización de masas vía marchas.
La estrategia está contenida en un paquete de alrededor de 180 acciones concretas y que, a través de un decreto que se enmarca dentro de los procesos de reparación colectiva a las víctimas de la guerra, sienta las bases de un plan a largo plazo que tiene un objetivo claro: “superar la fragmentación del movimiento sindical”.
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Las palabras son del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien le confirmó a El Espectador que el país conocerá antes del 7 de agosto próximo la ruta total para alcanzar esa meta. Eso sí, pese a que la contienda electoral está en un punto álgido, descartó que se trate de medidas proselitistas para fortalecer a organizaciones que al fin de cuentas apoyan al candidato del continuismo de la izquierda, el senador Iván Cepeda (Pacto Histórico), y que además promueven la asamblea constituyente que impulsa el actual Ejecutivo.
¿Qué es lo que se consolidó? Justo este 1° de mayo quedó en firme un decreto que en 21 páginas estructura una serie de acciones para resarcir al movimiento sindical como objeto de derechos de reparación colectiva por el accionar criminal que por décadas recayó sobre sus militantes. Incluso, según el sustento jurídico del documento, hay registrados oficialmente “15.481 hechos victimizantes contra 1.075 organizaciones sindicales”, entre los cuales —de acuerdo con el Gobierno— hay “3.295 homicidios registrados y un índice de impunidad superior al 94 %”.
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Es por eso que se le dio más peso a la llamada Mesa Permanente de Concertación para la Reparación Colectiva al Movimiento Sindical, la cual se creó jurídicamente desde 2016 en medio de los desarrollos de la Ley de Víctimas y con los alcances del acuerdo de paz que se firmó con las extintas Farc. En esa instancia están la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).
Las cuatro son organizaciones que precisamente este 1° de mayo movilizaron a sus afiliados para revestir de respaldo popular a la administración del presidente Petro y, de paso, las que llevaron a la Plaza de Bolívar en Bogotá al candidato Cepeda para ratificar que apoyan su campaña. Además, recogieron firmas a lo largo del país durante este Día del Trabajo para darle sustento al proyecto constituyente con el que la izquierda busca una suerte de reestructuración del Estado.
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Esas centrales y por cuenta del decreto vigilarán que las medidas de reparación colectiva sean aplicadas, independientemente de la tendencia ideológica que esté en el poder. En el decreto se estableció que el presidente de la República —más allá de quien ejerza esa dignidad— realizará “un acto solemne de reconocimiento a las víctimas de la violencia antisindical en Colombia”, a lo que se sumará un periodo anual todos los primeros días de mayo que se denominará “semana por la dignificación y el reconocimiento de la labor y las memorias sindicales”.
Estas acciones incluirán, además, programas de formación en torno a temas sindicales que se diseñarán para varios niveles educativos. Lo que se busca, en conjunto con la Unidad de Víctimas y otras entidades, es “la construcción de lineamientos pedagógicos y la elaboración de materiales educativos dirigidos a instituciones de educación básica, media y superior, con el propósito de visibilizar la importancia de la libertad sindical, los derechos laborales y el papel del movimiento sindical en la consolidación de la democracia y la paz”.
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En medio de todo esto también se desplegarán estrategias comunicativas, con el respaldo del sistema de medios públicos que actualmente controla el petrismo purasangre, por lo que se impulsarán iniciativas de “formación, capacitación y acompañamiento a medios y espacios de comunicación sindical, tales como emisoras, plataformas digitales, redes sociales y otros espacios de comunicación propia”, que permitan potenciar este mensaje de resarcimiento.
Este aspecto es importante, porque así como lo dijo el presidente Petro desde Medellín este viernes, y lo respaldó el candidato Cepeda en su intervención en Bogotá, la cohesión de la izquierda y sus fuerzas debe sostenerse en el tiempo para que el proyecto político que le da vida a este tipo de iniciativas perdure. Eso, incluso, conecta con los movimientos constituyentes, pues bajo el mensaje de la “no repetición” también se cobijan acciones proselitistas que buscan movilizar respaldos para las votaciones del 31 de mayo (primera vuelta).
Fabio Arias, presidente de la CUT, le aseguró a este diario que la politización de las medidas de reparación sindical no tiene que ver con la campaña. “Esa evaluación es de alguien que piensa que esto es inconveniente, pero de ahí no pasa”, precisó. En todo caso, su organización y las otras tres centrales obreras ahora más empoderadas vitorearon a Cepeda este viernes y ayudaron a sumar apoyos a las más de 900.000 firmas que se han recogido para la constituyente de la izquierda.
“Todo esto ha sido un proceso que comenzó antes de Petro, ya que en el gobierno de Iván Duque también se trabajó”, añadió Edgar Romero, vicepresidente de Fecode, sindicato que además tiene choques con el Gobierno por el modelo de salud que se les dio a los maestros del sector público y que aún es objeto de varias críticas por fallas en la atención.
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Pero como el trasfondo es político y entra en la ecuación por la disputa de la jefatura de Estado, el presidente Petro dejó claro desde Medellín su objetivo. Y lo hizo en un plazoletazo que lideró desde el Parque de las Luces y muy cerca de La Alpujarra, epicentro del poder antioqueño y donde están las oficinas de la Alcaldía y la Gobernación, actualmente dominadas por la oposición de derecha: Federico “Fico” Gutiérrez y Andrés Julián Rendón, respectivamente.
Justo ahí, a mediados de 2025, el mandatario se rodeó de varios de los capos que lideran las bandas narcotraficantes del Valle de Aburrá para retar al estamento antioqueño bajo el relato de impulsar una política de paz total que hoy está estancada. Eso hace que su mensaje de este 1° de mayo, en clave electoral, con la constituyente de por medio, busque impactar en las votaciones: “El próximo gobierno será el que en las urnas elija el pueblo colombiano”.
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“La asamblea constituyente, si se convoca, le agregará los capítulos que hagan realidad efectiva la garantía de los derechos fundamentales de los colombianos, es decir las reformas sociales que congresistas y algunos magistrados no han permitido y la reforma al sistema político y judicial que permiten la corrupción. No cambiaremos más”, precisó Petro, quien en todo caso ha dicho que sí quisiera liderar ese proceso y no ha descartado, pese a los llamados a la claridad, que además sea un vehículo que le permita volver a ocupar el solio de Bolívar.
Esta es la ruta para fortalecer su incidencia
En esto es clave otro de los apartados del decreto que fortalece el sindicalismo y que establece las medidas de reparación colectiva. En efecto, con otro de sus artículos se le da sustento jurídico a la llamada Escuela Nacional de Liderazgo Sindical, una iniciativa que deben materializar los ministerios del Trabajo y de Educación.
Se trata, además, de “una estrategia de formación orientada al fortalecimiento de capacidades de jóvenes sindicalistas y al relevo generacional del movimiento sindical colombiano”, con la cual se impulsarán “procesos de formación que incluirán, entre otros, contenidos relacionados con formación jurídica, liderazgo, defensa de los derechos humanos, enfoque de género, construcción de paz y cultura ciudadana, así como mecanismos de negociación, diálogo social y solución de controversias”.
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Todos estos sindicatos, que marcharon este viernes por Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y otras ciudades —y que incluso confirmaron su respaldo económico a la financiación de la constituyente—, contarán también con una inyección de recursos a través de la creación de estrategias de recaudación en las que lo público jugará un papel determinante.
“Se impulsará la realización de estudios técnicos, jurídicos y presupuestales para evaluar la viabilidad de la creación de un fondo o instrumento financiero destinado al fortalecimiento del movimiento sindical, que contribuya a la implementación de medidas de reparación colectiva, fortalecimiento organizativo y garantía de la libertad sindical”, quedó explícito en otro apartado del decreto.
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La intención de todos estos movimientos en favor del sindicalismo y lanzados precisamente cuando el país entra en la parte definitiva para las votaciones presidenciales del 31 de mayo, es que se amplíe la incidencia en los 32 departamentos de un sector que está jugado con la continuidad de la izquierda en el poder. Incluso, en varios debates públicos, sus voceros han determinado con nombre propio que impedirán vía urnas que los aspirantes Paloma Valencia (Centro Democrático) y Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) tengan viabilidad de llegar a la Casa de Nariño.
En todo caso, para el ministro Sanguino, esto debe verse más allá de la acción proselitista. “El 1° de mayo no se lo inventó Iván Cepeda en su calendario de campaña”, precisó el funcionario, quien advirtió que lo contenido en el decreto “es un acto que beneficia a todas las organizaciones sindicales independiente de su orientación política, porque hay unas de izquierda y otras que no lo son”.
Sin embargo, en la oposición hay alerta por las formas en las que se están usando decisiones estatales para pavimentar un camino electoral que mantenga al petrismo en la jefatura de Estado. Paloma Valencia, por ejemplo, aseguró que este tipo de decisiones ligadas a la constituyente solo tienen como objetivo, desde su óptica, masificar el control del Gobierno sobre varias capas de la sociedad colombiana.
“Un gobierno que arrancó volándose los topes de campaña y terminó eliminando los topes morales no tiene autoridad para señalar a nadie. Lo vamos a sacar a voto limpio”, precisó la candidata del Centro Democrático. “La ambición de Petro y Cepeda no tiene límites. Para ellos los bandidos son las víctimas”, enfatizó el aspirante de Defensores de la Patria. Y la carta del Pacto Histórico, con el tono tranquilo que lo caracteriza y haciendo énfasis en el 1° de mayo como una apuesta de continuidad, precisó que “todas las centrales de trabajadores anuncian su respaldo a esta candidatura”.
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La más reciente encuesta de Invamer, financiada por Noticias Caracol y Blu Radio —y difundida también esta semana por El Espectador— marcó una tendencia sobre cómo la intención de voto se inclinó hacia estas tres candidaturas, dejando muy lejos en los guarismos a otros aspirantes, como Claudia López o Sergio Fajardo, que no lograron seducir al centro político. De hecho, con sus matices, son los aspirantes del podio los que ahora se disputan ese espectro ideológico.
En todo caso, con un decreto ya andando —que también busca el “fortalecimiento de la participación e incidencia del movimiento sindical” en varios estamentos— y justo ahora que este sector coincidió en apoyar la candidatura de la izquierda, el Gobierno del presidente Petro potenciará sus apuestas durante este mes previo a la primera vuelta y en el resto de los menos de 100 días que le quedan a su administración.
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El mensaje en torno a reformar al Estado desde sus cimientos, vía constituyente, y la necesidad de darle continuidad a su proyecto a través de la campaña de Cepeda son, según él, las claves de una Colombia que debe fortalecer el ideario de un progresismo que tiene sus bases ideológicas en lo que fue el ahora desmovilizado M-19. La oposición busca cómo atajar esa estrategia, pero la tensión solo se dirimirá en las urnas. El país entró en una etapa decisiva sobre el modelo de democracia que quiere tener desde el próximo 7 de agosto, cuando habrá relevo del poder. Hay expectativa.
Vea aquí el análisis de La Mesa Redonda sobre la campaña:
Este es el borrador de decreto sobre el sindicalismo:
Esta es la memoria justificativa del decreto:
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