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El Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Educación (Sintrenal), que agrupa a cerca de 30.000 profesionales, entre técnicos, auxiliares financieros, operarios, personal de servicios generales, celadores o auxiliares administrativos de los colegios públicos y las secretarías de educación del país, suspendió el paro previsto para este lunes 14 de julio. La decisión, explica Germán Patiño, su representante, se tomó luego de que se levantara la reserva del concepto que emitió el Consejo de Estado que buscaba encontrar una salida para saldar una deuda salarial de más de 14 años y que, según sus cálculos, supera el medio billón de pesos.
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El tema no siempre estuvo siempre en manos de la justicia. La consulta se elevó hasta el Consejo de Estado porque el Ministerio de Educación, en los diferentes Gobiernos, y Sintrenal no habían podido llegar a un acuerdo. Entonces, buscaron con la ayuda del Consejo responder ¿hasta cuándo tiene derecho un trabajador administrativo de un colegio público a reclamar el pago de lo que le deben si lo ubicaron mal en la escala salarial? Esta consulta, precisa el colegiado, se debe a que en el proceso de descentralización se cometieron errores al pasar los cargos y los sueldos de los trabajadores administrativos.
Este proceso de descentralización del servicio educativo se remonta a varios años atrás, y fue impulsado por las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001. Allí se trasladó a los entes territoriales la administración de las plantas docentes y administrativas. Antes de este cambio el control estaba en manos del Gobierno Nacional. La transición dejó al descubierto una realidad desigual: trabajadores con funciones similares recibían salarios distintos y la brecha se ampliaba según la región. “Un administrativo de Bogotá ganaba más que uno pagado directamente por la Nación”, detalla Patiño.
Frente a esta desigualdad, Sintrenal exigió un proceso de homologación que tenía un propósito: mismo trabajo, mismo salario. Así fue como en 2008 se realizó el primer ejercicio de homologación y nivelación. Consistía en analizar las funciones de cada cargo y, en caso de coincidir, se ajustaran los sueldos. “Encontramos contratos para empleados que hacían lo mismo, pero que estaban clasificados en grados tres, cuatro, cinco o seis”, recuerda Patiño, y lo ejemplifica con el caso de los celadores: había porteros de grado 1, 2 y 3. Todos cuidan la institución educativa, pero al grado uno le pagan menos que al tres. A algunos incluso les homologaron mal el cargo y los ubicaron en escalas salariales inferiores. De allí surgió la pregunta clave que hoy responde el Consejo de Estado.
Aunque se dio un primer paso para corregir los desajustes, el sindicato vio falencias en este proceso, como que la posibilidad de pagar retroactivos se limitaba a tres años y muchos seguían ganando menos dinero. Desde entonces Sintrenal ha solicitado al Ministerio de Educación revisar la deuda y, en caso de tener que hacer ajustes, certificarlos al Ministerio de Hacienda para que se encargue de los pagos.
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Sin embargo, dicen desde el sindicato, “esto nunca pasó. Los diferentes gobiernos siempre pusieron trabas, y eso hizo que la deuda creciera”. La discusión se reactivó en 2024 con la firma de un acta, en la que participó Germán Patiño, representante de Sintrenal; Óscar Sánchez, el entonces viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media; y la senadora Clara López.
Un acta, acuerdos incumplidos y un paro suspendido
En el acta, firmada el 30 de mayo de 2024, se estableció que el Ministerio de Educación elevaría una consulta con mensaje de urgencia a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Mauricio Katz, quien era en ese entonces el director de Fortalecimiento a la Gestión Territorial del Ministerio, cuenta que la idea era aclarar hasta cuándo se puede reclamar el pago, cómo se calcula lo que se debe y a quién se le debe pagar. Ambas partes se comprometieron a acatar el resultado.
Mientras esperaban el concepto, que fue radicado el 1.º de octubre, el Ministerio de Educación y Sintrenal acordaron adelantar otras acciones, como verificar las deudas en aquellas zonas donde se ha evidenciado un mayor avance en su liquidación. Estos territorios son Córdoba, Neiva y Montería.
El 29 de abril de 2025 el Ministerio de Educación recibió la respuesta por parte del Consejo de Estado, pero el sindicato solo se enteró del concepto hasta el 11 de junio a través de las noticias que se publicaron en los medios de comunicación, señala Patiño. “Estaba bajo reserva”, añade. Esa falta de acceso provocó un plan tortuga desde el 1.º de julio, y el anuncio de un paro nacional para el 14 de julio, que podría cerrar más de 7.000 colegios. El sindicato alegó que el Ministerio había incumplido el acta firmada el año pasado.
“No fue lo que acordamos”, sostiene Patiño, y argumenta que la reserva generó retrasos, intereses moratorios y un perjuicio económico tanto para el Gobierno como para los integrantes del sindicato. Esta decisión, sin embargo, asegura Katz, quien hoy es el Director de Cobertura y Equidad, los tomó por sorpresa y sostiene que no se ha incumplido el acuerdo. “Nos extrañó que convocaran un paro cuando veníamos avanzando en la mesa sectorial que concluyó con un acuerdo que ellos firmaron”, responde.
Sobre la reserva del concepto, la cartera, por medio de un documento oficial, le explicó al sindicato, liderado por Patiño, que existe un proceso normativo, el cual no se pueden pasar por alto y que, una vez se conoció el concepto, desde la oficina jurídica del Ministerio le solicitaron al Gobierno Nacional que se levantara. Esta noticia llevó a que el sindicato cancelara el paro nacional indefinido y que se declarara en asamblea permanente.
La asamblea, detalla Patiño, consiste en mantener reuniones informativas, presenciales o virtuales, en la que los integrantes del sindicato constantemente estarán al tanto de los avances que vayan teniendo en las mesas establecidas con el Ministerio, que, por su parte, ha tomado estas semanas para que su equipo jurídico estudie y analice la respuesta del Consejo de Estado. “Tratándose de reclamaciones de orden presupuestal fiscal, que tienen un impacto tan delicado en las finanzas públicas, tenemos que hacer un análisis a fondo y defender los intereses de la nación”, sugiere Katz.
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¿Qué dice el concepto del Consejo de Estado?
La reserva del concepto 2535, de 44 páginas, fue levantada la semana pasada. Allí, el Consejo respondía la pregunta que le hacía Sintrenal y el Ministerio de Educación para aclarar los inconvenientes que se habían originado durante el proceso de descentralización. En el documento indican que “se cometieron errores al pasar los cargos y los sueldos de los trabajadores administrativos”.
De acuerdo con la decisión, los trabajadores de sector de la educación que quedaron mal homologados, y que han sido mal pagos por esa misma razón, tienen derecho a reclamar lo justo, pero solamente hasta tres años atrás. Es decir, que si un trabajador lleva cinco o 10 años ubicado en escalas inferiores, con esta homologación solo se le podrán ajustar hasta tres años atrás y nada más. Este tiempo, según se lee en el documento, se contará de dos maneras: desde que la entidad territorial reconozca que cometieron un error y lo corrijan, o que desde que el trabajador haya hecho la petición de reajuste (lo que ocurra primero).
Las personas que pueden acceder a esta homologación y nivelación salarial son aquellas que venían del nivel nacional y fueron mal homologadas o quienes entraron después de la descentralización, pero ocuparon un cargo mal homologado y se vieron afectadas. En ambos casos, precisa el Consejo, deben demostrar que la homologación estaba mal hecha y que se corrigió oficialmente. En cuanto al dinero, el Consejo responde que, “los costos derivados de una corrección a la homologación deben ser cubiertos con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) y, en su defecto, con recursos del Presupuesto General de la Nación, o excepcionalmente, con recursos de los municipios o departamentos”.
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A los ojos del Ministerio de Educación, no hay alguna razón para que el sindicato vuelva a entrar en paro y, por el contrario, reitera que están analizando el concepto para convocar a unas mesas técnicas y llegar a una serie de acuerdos. “Estamos en disposición de escuchar la interpretación que ellos hagan o las reclamaciones que presenten. Hemos abierto permanentemente el diálogo”, añade Katz. Sintrenal, por su parte, advierte que si el Ministerio incumple con esta reunión y con el avance de los otros puntos que quedaron estipulados en el acta, se verán en la obligación de retomar el paro nacional.
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