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Hace unos días se conoció que el Ministerio de Educación, en cabeza de Daniel Rojas, estaría trabajando en una posible reforma del Decreto 1279 de 2002, que define cómo se calculan los salarios de los profesores de planta de las universidades públicas. Es un modelo que fue creado, en principio, para incentivar la investigación en el país, pero tras más de dos décadas, hoy genera tensiones y preguntas en el sector. Los casos de algunos pocos docentes que han reportado salarios mensuales que oscilan entre los COP 50 y los COP 60 e, incluso, se acercan a los COP 90 millones, constituyen una de las razones para que algunos actores pidan una reforma urgente.
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Una de las primeras aclaraciones que hace Diego Cortés, del Observatorio Colombiano de Políticas Educativas y Profesión Docente de la Universidad Pedagógica Nacional, para abordar esta discusión, es que estos casos no representan a la mayoría de los profesores de las universidades. Por ejemplo, un análisis de Guberney Muñeton, profesor de la Universidad de Antioquia (UdeA), encontró que en 2024 el salario promedio de los docentes de planta en esa institución rondaba los COP 10.500.000. Al ampliar la mirada a nivel nacional, identificó que apenas el 1 % alcanza esos salarios exorbitantes. “Esos casos provienen de prácticas específicas que ya se conocen, pero siguen intactas”, dice.
En la Universidad Nacional ocurre algo similar. Según Andrés Mora, quien se desempeñó recientemente como rector encargado, antes de Ismael Peña, la mayoría de los profesores gana menos de COP 15 millones mensuales. Un grupo menor se ubica hasta los COP 20 millones y, a partir de ahí, los salarios más altos son escasos, pues no representan ni el 1 %.
Sin embargo, justo por esos profesores es que, nuevamente, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de reformar ese sistema, pues, para algunos conocedores del sector, tiene unas grietas que hay que sellar.
Se trata de un sistema que, como explica Ignacio Mantilla, matemático y exrector de la Universidad Nacional, estableció un esquema que le permite a los profesores “ganar” puntos, lo cual se ve representado en un mejor salario. Son puntos que, anota, son asignados principalmente por los títulos que tenga cada persona, su trayectoria y su producción académica. Su valor se ajusta cada año con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Así, mientras en 2002 cada punto costaba cerca de COP 6.000, hoy ronda los COP 23.924.
Son puntos que se acumulan a lo largo de la carrera y tienen efectos permanentes. Por ejemplo, una publicación hecha hace diez años sigue impactando el ingreso actual de un docente. Es decir, que si un profesor obtuvo 100 puntos en 2010, ese valor se incorporó a su base salarial y, desde entonces, es dinero que se ha mantenido hasta este año. “Hay maestros que han acumulado a lo largo del tiempo muchos puntos por esas publicaciones”, reconoce Mantilla.
En su más reciente columna de opinión, Luz Karime Abadía, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana, sintetiza lo que está sucediendo: “el problema no es que se premie la investigación, sino que ese premio sea permanente, acumulativo y salarial, sin topes efectivos ni relación clara con la disponibilidad presupuestal de las instituciones”.
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Ramón Fayad, profesor emérito y exrector de la Nacional, tiene una analogía para señalar que, si bien con el decreto de 2002 se buscó incentivar la producción académica, ha habido algunos casos que abusaron de esa falta de límites y comenzaron a publicar artículos a un ritmo sorprendente. “Es como si Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa hubiesen publicado cinco o seis novelas en un año. No es algo ilegal, pero es imposible”, plantea.
Un modelo pensado para incentivar la investigación
El modelo que hoy está siendo debatido no nació con el decreto de 2002. Es la versión más reciente de un esquema que empezó a tomar forma en los años noventa. Orlando Acosta, químico y profesor de la Nacional, recuerda que surgió en esa universidad en medio de los bajos salarios de los profesores de carrera.
Uno de los primeros cambios quedó consignado en el Decreto 910 de 1992. La idea era simple: buscaba convertir la formación, la experiencia y la producción académica en puntos, y esos puntos, a su vez, en salario. Con ese sistema, un docente podía sumar un puntaje por casi todo su recorrido: desde el pregrado y el posgrado hasta su lugar en el escalafón y sus publicaciones. Cada punto tenía un valor definido y el ingreso resultaba de toda la acumulación.
Para administrarlo, se crearon comités encargados de evaluar la producción y asignar los puntos. Allí se decidía qué contaba como producción académica y cuánto valía. En pocos meses, el modelo empezó a extenderse a otras IES, por petición de los propios docentes, y terminó consolidándose en normas como el Decreto 1444 de 1992. Con el tiempo, sin embargo, empezaron a aparecer las primeras tensiones. Hubo casos en los que se buscaban puntos con publicaciones de baja exigencia (por ejemplo, sin una revisión por pares rigurosa) o con productos que difícilmente pasarían filtros académicos más estrictos, como textos publicados en periódicos.
Esas grietas llevaron a varios ajustes. A comienzos de los 2000, el Gobierno, encabezado por Andrés Pastrana, intentó introducir cambios mediante el Decreto 2912 de 2001 para limitar el impacto de algunos reconocimientos en el salario y trasladarlos a bonificaciones que los docentes recibían una única vez. La reacción fue inmediata: sindicatos y profesores advirtieron que estas medidas afectaban el desarrollo de la ciencia en el país. Tras protestas y negociaciones, se expidió el Decreto 1279 de 2002, que sigue vigente.
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Francisco Lloreda, ministro de Educación de la época y pieza clave en la construcción de este documento, nos contó en 2024 que el objetivo era afinar el modelo, especialmente para que los títulos académicos y la experiencia siguieran siendo los factores que más puntos otorgaran a los docentes. También se dio libertad a las universidades para conformar los comités de asignación de puntos.
Hoy, en la práctica, eso quiere decir que los profesores reciben puntos por publicar en revistas indexadas, clasificadas en categorías como A1, A2, B o C, así como por la difusión de sus trabajos en otros formatos.
En palabras más sencillas, indica Diego Cortés, el sistema parte de una lógica: los profesores ingresan con un salario de enganche, cercano a los COP 4.500.000, y este crece con el tiempo a medida que acumulan puntos. De acuerdo con el decreto, los artículos pueden otorgar 15 puntos si se publican en revistas A1; 12 en A2; 8 en B; y 3 en C. Los puntajes se asignan completos si hay hasta tres autores; se reduce a la mitad si son cuatro o cinco autores; y se divide entre la mitad de quienes firman el artículo, en caso de que sean seis o más.
Si bien el objetivo era fortalecer la investigación, en opinión de Cortés, el modelo también terminó derivando, en algunos casos, en salarios exorbitantes, un aumento acelerado de artículos académicos e incluso coautorías repetidas. Dos décadas después, el sistema sigue siendo el principal referente para determinar los salarios de los docentes de carrera en las universidades públicas.
Las grietas del sistema
Los problemas con las publicaciones aparecieron casi al mismo tiempo que el Decreto 1279. En un comienzo, eran admitidas aquellas revistas que contaran con pares académicos (que garantizan una revisión del artículo) y que hicieran parte de Publindex, el sistema del Minciencias diseñado para evaluar y clasificar la calidad científica de las revistas en el país. Pero con ese ajuste se abrió otro grifo difícil de contener: en muchos departamentos de las universidades empezaron a surgir revistas especializadas y con ellas también aparecieron prácticas cuestionables.
Otro profesor de la U. Nacional, que entiende los retos del modelo pero prefiere no ser citado, recuerda a colegas que se evaluaban entre sí y, en ese proceso, terminaban acumulando puntos.
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Años después, en 2017, Colciencias (hoy Minciencias) encontró que una buena parte de esos artículos tenía bajo nivel de citación. Como el factor de impacto era reducido, decidió disminuir el número de revistas válidas para asignar puntaje salarial, explicó Margarita Garrido, directora de la entidad entre 2008 y 2012, en entrevista con este diario en 2024. Favio Andrés Flórez Carranza, coordinador de revistas científicas de la Editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, también señaló en 2018 que esta depuración se percibía necesaria “por los deficientes indicadores de calidad y los problemas de sustentabilidad en el régimen salarial…”. Así, de 604 revistas postuladas, solo 121 pasaron a la fase final y, finalmente, se clasificaron 100 en categorías A1, A2, B y C.
A pesar de estos ajustes, el valor de algunos sueldos volvió a llamar la atención, pues ha habido profesores que incrementaron su nivel de producción de artículos de forma acelerada. ¿Cómo? A través de otras prácticas como, explica Muñeton, la publicación en revistas predadoras (o Predatory Journals, como las conocen en inglés).
En algunas ocasiones, estas revistas cobran por publicar, pero no cuentan con procesos editoriales rigurosos que garanticen una profunda evaluación de pares. OMICS International es una de las más conocidas. En algunos casos, incluso, los artículos terminan siendo retirados. “Pero los puntos no se eliminan. Siguen siendo parte del salario”, recalca Cortés, candidato a doctor en Ciencias Económicas.
También hay empresas que ofrecen publicar artículos en tiempos cortos en revistas con las que tienen convenios. A esto se suman situaciones en las que el docente es editor o tiene vínculos con la revista en la que publica. “Al final terminan aceptando sus mismos papers”, asegura Muñeton, que agrega una práctica más: hay textos que no cumplen estándares académicos, pero terminan siendo incluidos como artículos formales.
Otra práctica es la que algunos llaman el “cartel de la citación”. “Yo te cito a ti, tú me citas a mí”, resume Cortés. Y a esto se suma la coautoría con estudiantes de posgrado, donde los alumnos escriben los artículos y el profesor, como asesor, aparece como autor. “A veces la contribución es mínima, pero recibe el 100 % del valor del punto. Sin contar que también le pagaron por la asesoría”, menciona Muñeton, economista y especialista en estadística.
Para Andrés Mora, PhD en Desarrollo y Estudios Políticos, estos comportamientos tienen un origen estructural porque el sistema privilegia la investigación sobre otras funciones universitarias: “No premia o no valora a los profesores que hayan hecho formaciones específicas en temas pedagógicos”.
En ese contexto, la prioridad se desplazó hacia la producción de artículos y, como advierte Luz Karime Abadía, de la U. Javeriana, en su columna, el problema no es incentivar la investigación, sino la forma en que ese incentivo terminó operando dentro del sistema. Por eso, como recuerda Cortés, hay un viejo refrán entre quienes hacen parte de la academia: “publica o muere” o publish or perish, como le dicen en inglés.
Topes, ¿una solución?
Desde hace años se han planteado distintas propuestas para modificar este sistema. Ignacio Mantilla, por ejemplo, recuerda que durante su segundo período como rector de la Universidad Nacional (2015-2018), propuso establecer un tope: que a un profesor se le reconociera económicamente una sola vez por cada artículo publicado. “Sería como un estímulo anual o limitar lo que va a la base salarial a un número determinado de puntos”, plantea.
Para Guberney Muñeton, sin embargo, ese tipo de medidas no resuelve el fondo del problema. Antes de poner límites, sostiene, habría que identificar qué prácticas están generando dudas o irregularidades.
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En 2018, el Ministerio de Educación y la Asociación Colombiana de Representantes Universitarios (ASPU) también pusieron sobre la mesa otra alternativa: fijar un tope salarial cercano a los COP 15 millones y, a cambio, otorgar beneficios según la categoría académica (profesor auxiliar, asistente, asociado y titular). La propuesta no prosperó.
Ahora, la discusión volvió a abrirse con el borrador de decreto del Ministerio de Educación que se conoció en las últimas semanas. En una primera versión, que se filtró, una de las ideas que generó mayor rechazo fue la de atar los salarios de los docentes a los de gobernadores o alcaldes. A los ojos de Muñeton, esto habría congelado los ingresos de profesores en ciudades de menor categoría desde el primer día, “condenando a las regiones a una regresividad fuertísima en términos educativos”.
Ese punto fue eliminado en un segundo borrador. En su lugar, reapareció la idea de establecer topes, aunque sin definiciones claras. Jorge Cáceres Malagón, profesor de la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Industrial de Santander (UIS), advierte que, sin reglas homogéneas, estos límites podrían abrir la puerta a nuevas desigualdades entre universidades, al quedar sujetos a decisiones internas y a la disponibilidad presupuestal.
Por ahora, y en medio de todas estas posiciones encontradas, el ministro Daniel Rojas precisa que están recogiendo las inconformidades del sector. “No vamos a emitir ningún decreto modificatorio del 1279 sin antes escuchar a todos los actores implicados”, dice a El Espectador.
El siguiente paso, subraya Rojas, será abrir mesas de trabajo. “Responsablemente, lo que pudiéramos dejar son unas bases para que el próximo gobierno tenga información más detallada y pueda tomar una decisión correcta”, añade.
Mientras avanzan esas discusiones, desde la academia han surgido otras propuestas. Ramón Fayad plantea que las bonificaciones podrían ajustarse con el IPC y entregarse una única vez, como ocurre en la mayoría de las universidades privadas. Muñeton, por su parte, insiste en que es necesario regular los comités que asignan puntajes y revisan cómo evalúan la producción académica, porque, a su juicio, “ese es gran parte del problema”.
Por ahora, el debate sigue abierto y con otras preguntas sobre las que no hay respuesta clara: ¿Cómo construir un sistema que premie el mérito sin terminar desdibujándolo? Si se establecen topes, ¿qué ocurrirá con quienes ya los superaron?
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