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A pocas horas de que se cumpla el plazo que públicamente puso el jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, Alfredo Saade, para que se dé el paso hacia un proceso eminentemente público en elaboración de pasaportes, la Imprenta Nacional siguió siendo objeto de varias dudas. Con 17 días para que se acabe el contrato actual, está en movimiento una estrategia con la que la Casa de Nariño busca fortalecer a la entidad que no tiene, a la fecha, la infraestructura suficiente para su propio funcionamiento.
Ese plan, al menos de forma interna, ya comenzó a andar desde el 25 de junio, con una reunión de la junta directiva para tratar una “renovación” de la planta, pero el tema de pasaportes todavía sigue en el tintero. Y a la expectativa está no solo la ciudadanía para conocer el convenio que se firmará entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Impensa Nacional- Casa da Moeda de Portugal este martes, sino también la misma entidad que se encargará de asumir todo el modelo.
Los cuestionamientos de su capacidad no han venido solo de la Cancillería, con Laura Sarabia renunciando precisamente ante las imposibilidades de continuar con lo planeado para el convenio con Portugal, sino de la misma Procuraduría, que tras inspecciones a la planta de la Imprenta confirmó que esta no tenía las capacidades para asumir el modelo. Y no dependerá únicamente de la firma del convenio, pues hará falta maquinaria y mano de obra para poner a andar un esquema que pueda producir, al menos, 8.000 libretas al día, como lo confirmó la misma gerente, Viviana León, al ente investigador.
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“La entidad que deben prestar el servicio bajo el nuevo esquema adoptado por el Gobierno Nacional es la Imprenta Nacional de Colombia, empresa que según se informó en el marco de la vigilancia preventiva, carece de las capacidades e infraestructura física y de personal para prestar el servicio de suministro de pasaportes actualmente”, se estableció en uno de los informes de la Procuraduría, con fecha del 7 de julio.
Este mismo martes se dará la primera reunión de la junta directiva de la Imprenta Nacional para tocar el tema pasaportes. Tan solo el mes pasado, dos encuentros ocurrieron (el 18 y el 25 de junio), pero en ninguno se trató, al menos específicamente, lo que será el reto más grande de la entidad, según personas consultadas por este diario cercanas al proceso.
Aunque esa reunión para conocer la propuesta que firmaría el Gobierno para sacar, de una vez por todas, a Thomas Greg & Sons de la contratación pública, estaba prevista para ocurrir este lunes, fue aplazada, y los detalles de ese nuevo modelo quedaron en pausa incluso para los mismos directivos. Hasta ahora, y de acuerdo con el borrador que dio a conocer Blu Radio, uno de los cambios claves que se conocen en el esquema es que el valor unitario por pasaportes sería de 17 euros (aproximadamente $79.796), con el pago dependiendo del cambio en esa moneda.
De todas formas, ya se está moviendo una estrategia para blindar a la Imprenta de cualquier tipo de duda sobre sus capacidades internas —especialmente con las que dejó su producción de cédulas de extranjería— y poner en curso un plan para que sea parte vital de la contratación estatal, en todos sus niveles para la “producción y gestión documental”. En esa última reunión del 25 de junio se dejaron tres líneas de acción con la mira en “modernizar la planta de producción”.
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Bajo ese objetivo, se comprometieron a destinar el 30 % de los Títulos de Tesorería (TES) como fuente de financiación para esta “renovación” y se delegó a la gerente de la entidad, Viviana León, con la responsabilidad para “definir la tecnología más adecuada para el cumplimiento misional de la entidad”. Para supervisar este proceso, se determinó la creación de un “comité asesor técnico”, integrado por un representante del Legislativo, uno del Ejecutivo y un trabajador designado por la misma junta.
Pero eso no termina de convencer ni a las autoridades ni a los mismos integrantes de la Imprenta para el proceso de transición que, de ser firmado el convenio este martes, tendría apenas 15 días. León reconoció que la Imprenta solo tiene el 10 % del porcentaje necesario para asumirlo y que en su planta hacen falta al menos 250 personas, sumadas a las 262 que ya están en la planta, para hacerle frente al nuevo esquema, como ya lo contó El Espectador.
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Estas acciones serían, en todo caso, los pasos previos para firmar un decreto que busca que todas las entidades del Estado contraten a la Imprenta para “los servicios relacionados con la producción, personalización, distribución, impresión, edición, divulgación y comercialización, de documentos oficiales, normas y publicaciones, impresos y demás necesidades de comunicación gráfica”. Con este, en pocas palabras, se adelantaría la tarea que impuso el mandatario a sus funcionarios de sacar a Thomas Greg & Sons de la contratación pública y poner en manos del Estado cualquier tipo de requerimiento en materia de servicios logísticos y documentales.
El mismo borrador de decreto explica que con este se cumple la tarea de “consolidar capacidades institucionales sostenibles, proteger la soberanía documental y fortalecer la memoria institucional a través de mecanismos seguros, trazables y alineados con estándares modernos de producción y gestión documental”.
Entre todo eso, sigue habiendo versiones cruzadas, y ya tres figuras clave en el proceso —Saade y los excancilleres Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia— ya son sujeto de indagación por parte del ente investigador. Mientras el jefe de gabinete, quien llegó como “articulador del proceso” el pasado 27 de junio, dos días después de su posesión, asegura que la expedición de los pasaportes está asegurada y está todo listo para firmar con Portugal, los documentos y las declaraciones entregadas al ente investigador muestran que 15 días de transición no serán suficientes.
Lo cierto es que la pelea ya es el centro de una polémica interna. Saade, quien es el que “lleva la batuta”, según dicen los mismos integrantes del Ejecutivo, en el tema de los pasaportes, es acusado de haber dado órdenes a funcionarios de la Cancillería para “racionalizar” las citas para dar abasto ante la alta demanda de las libretas.
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“Yo quisiera ser muy respetuoso del trabajo de la Procuraduría, por eso no quisiera ir más allá y estamos a la espera de que revele y haga públicos sus hallazgos. En cuanto al tema de pasaportes, me parece importante respetar lo que ha querido hacer Presidencia, que es básicamente que el jefe de gabinete sea quien lleve la batuta para la comunicación con los medios”, aseguró Mauricio Jaramillo Jassir, el viceministro de Asuntos Multilaterales y quien rindió testimonio al ente contra Saade.
Tampoco es visto con buenos ojos que sea una oficina de la Casa de Nariño, y no del Palacio de San Carlos, la encargada de llevar adelante tal proceso. Por el momento, la Cancillería que tiene a Rosa Villavicencio como la encargada de encabezarla, está en segundo plano tras la salida de Sarabia.
A poco menos de tres semanas para que se acabe el plazo de la urgencia manifiesta que aplazó la salida de Thomas Greg de la contratación, siguen las dudas sobre cómo terminará el proceso para cambiar por completo el modelo de expedición de pasaportes. Mientras las oficinas para las libretas siguen estando rodeadas de filas, en la Casa de Nariño se mantiene el silencio expectante a la revelación del convenio.
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