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En noviembre del año pasado, en medio de un álgido debate, se aprobó la reforma tributaria y con ella un artículo que, desde entonces, ha generado una intensa discusión en el sector educativo. Se trata del artículo 95, en el que se establece que las universidades deben hacer un aporte a los créditos que algunos de sus estudiantes tienen con el Icetex. La medida no cayó bien entre algunos académicos, quienes se unieron para demandarla en diciembre ante la Corte Constitucional porque, según dicen, es inconstitucional. En febrero ese tribunal la admitió y hoy se encuentra en estudio. (Puede leer: Los reparos a la reforma tributaria que ya aceptó estudiar la Corte Constitucional)
El argumento principal de este grupo de 10 abogados es que esa decisión viola los artículos 157 y 160 de la Constitución. En estas normas, ahorrándonos las partes técnicas, se estipula que los proyectos de ley deberán estar publicados oficialmente por el Congreso, ser aprobados en varios debates por la Cámara y tener una sanción del Gobierno. A sus ojos, eso no sucedió con este artículo, pues no fue discutido ampliamente como otras propuestas.
“La norma acusada fue aprobada sin explicación ni deliberación democrática; fue solo hasta último momento, en plenaria del Senado, que fue incluida, y este aporte de las universidades podría crearse en una norma distinta a la reforma tributaria”, escriben en el documento de más de 400 páginas.
El equipo, del que forman parte Enán Enrique Arrieta Burgos, Andrés Felipe Duque Pedroza, Carlos Mario Restrepo Pineda y Hernán Vélez Vélez, además alega que en el artículo 95 el Gobierno debió definir otra serie de detalles de esa contribución, pero la responsabilidad quedó a manos de la junta directiva del Icetex, un ente independiente del Gobierno, aunque esté presidido por el ministro de Educación.
Mauricio Toro, presidente del Icetex, reconoce que la decisión generó sorpresa en el sector educativo, pero añade que cuando asumió la dirección de la entidad se topó con un panorama complejo: “Había una caída en la solicitud de los créditos y se registró un incremento del IPC, lo cual conducía al aumento del valor de los préstamos. La metimos en la reforma sin que hubiera una conversación muy amplia, porque no había tiempo”, puntualiza.
En caso de que se declare inconstitucional este artículo, añade Toro, en el segundo semestre de este año se verían afectados cerca de 57 mil jóvenes, quienes no podrían acceder a los créditos con 0 % de tasa de interés. “Lo que les estamos diciendo a las universidades es que pongan $15 mil millones, que es lo que valen los créditos de corto y mediano plazo, frente a $2 billones que les giramos”, apunta. (Le puede interesar: En Colombia, el 11.2% de los estudiantes de 15 años fue agredido por compañeros)
Pero a los abogados no fue a los únicos que tomó por sorpresa esa decisión en la reforma tributaria. Hay rectores de instituciones de educación superior que aseguran que también se enteraron luego de que fuera aprobara la reforma tributaria.
Diego Alonso Marulanda, rector de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), por ejemplo, cuenta que en las universidades privadas se establece un presupuesto que lo invierten en bienestar, tecnologías o nuevos edificios. “Una decisión de esas, que no fue construida en comunidad y en diálogo, pues va a generar sorpresa. Nos ocasiona grandes problemas, porque no teníamos presupuestado ese gasto”, asegura.
¿Cómo funciona esa contribución?
Toro insiste en que la medida servirá como un soporte para muchos jóvenes colombianos y aclara que “por medio de este esfuerzo que hacen las universidades podremos ofrecer créditos al 0 % de interés. Los estudiantes que adquieran un crédito nuevo solo pagarían el IPC”. En la actualidad, añade, las tasas de interés que ofrece la institución están entre el 9 y 14 % más el IPC.
Con esta contribución, dice Toro, también se podrá acabar con uno de los fenómenos que más quejas suscitan entre los deudores: la capitalización de intereses, que es la deuda que se va acumulando mientras la persona finaliza su carrera. “Los deudores no pueden hacer pagos durante sus estudios, entonces se acumulan mensualmente los intereses y por eso se presentan casos en los que los jóvenes piden un crédito de $30 millones y, cuando se gradúan, le están debiendo al Icetex $60 millones”, explica.
Incluso, luego de 11 mesas de trabajo, lideradas por la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún), las instituciones y el Icetex habían llegado a un acuerdo para implementar esta contribución. Propusieron que el aporte de cada plantel será del 3,75 % este semestre y que el porcentaje irá incrementando gradualmente. “Lo que hacemos es descontar ese valor, que nos permite a nosotros garantizar que el joven no tenga que pagar intereses más allá del IPC”, apunta Toro.
Sin embargo, a pesar de esa concertación, el grupo de abogados decidió continuar la demanda ante la Corte Constitucional. Es la segunda demanda contra la reforma tributaria que admite para estudio el alto tribunal. (Lea también: Los líos del 95 % de infraestructura educativa no son el único problema en Medellín)
En opinión de Daniel Libreros, director del Centro de Pensamiento Fiscal de la Universidad Nacional, esto se debe a que en el artículo se establece una figura que es de contribución, la cual se enfoca para un sector específico, en este caso educación, pero terminó funcionando como un impuesto, el cual es obligatorio.
“En el artículo se les exige a las IES un tributo más allá de lo que les corresponde y alegan que este debería sacarse de la bolsa tributaria del Estado y no obligar a particulares. El sector privado insiste en que ellos no tienen por qué asumir esa responsabilidad”, cuenta.
¿Qué solución tiene el Icetex en sus manos en caso de que prospere la demanda? Una de las salidas que Toro ha venido explorando, pero que, aclara, no ha sido discutida, es la de hacer convenios con cada una de las 308 IES que tiene el país. Un proceso que, anota, puede tardar demasiado. Advierte que “el plantel que no tenga el convenio firmado con nosotros para poder asumir ese beneficio no podremos girarle, no podremos prestarle”.
Una norma cuestionada
A los ojos de Darío Maldonado, profesor asociado de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, esta es una mala ley que les podría generar un daño a la educación superior y a las universidades, porque tiene implicaciones sobre sus finanzas y podría convertirse en una iniciativa regresiva.
“Lo que van a hacer las instituciones es que en vez de usar el dinero que tienen para apoyar a los estudiantes que necesitan recursos, como con becas, por ejemplo, lo van a emplear para pagar el valor de lo que implica esta reforma”, comenta Maldonado. Un problema al que, según Gloria Bernal, codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE), se le suma el de la pérdida de focalización.
Bernal, quien también es PhD en análisis de políticas públicas, resalta que el objetivo de esta contribución es esencial al promover el aumento de la matrícula en educación superior, sin embargo, no está focalizada porque puede haber familias que necesiten incluso más subsidio que el propuesto en este artículo o puede presentarse el caso de personas que sí puedan pagar sus créditos. “Les estamos dando a todos el mismo beneficio. Esas medidas hay que pensarlas más en vista de las consecuencias que puede tener”, asegura.
Otro de los efectos, agrega, es que se pondría en riesgo la sostenibilidad financiera de las instituciones, porque deben hacer una redistribución del gasto y eso se vería reflejado en las inversiones en planta física, en investigación o incluso se trasladaría a un aumento de las matrículas para compensar los gastos.
Para evitar que esto pase, Bernal opina que lo mejor es reestructurar la norma y que las universidades y el Icetex lleguen a unos acuerdos, en los cuales “se focalicen a los estudiantes con mayor necesidad, quizá para ellos la tasa pueda ser mucho más flexible, pero que no necesariamente sea todo el mundo”. (Puede leer: “Lamento que Ser Pilo Paga haya desaparecido”: rector U. de Manizales)
Libreros, por su parte, insiste en que la mejor propuesta es que el Icetex deje de ser una entidad financiera de carácter especial y se convierta en un ente público financiado con presupuesto nacional. “Con esta medida lo que intentan mermar es el impacto de la tasa de interés, pero esta seguirá variando mientras sea un sector privado y financiero”, dice.
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