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Al menos cinco ministros y tres directores de entidades del gobierno del presidente Gustavo Petro fueron protagonistas de controversias en la última semana, que dejaron en entredicho la gestión de sus sectores y como saldo la salida de dos funcionarios y nuevos ajustes en entidades claves del Ejecutivo.
Y estos, tanto el ruido como los movimientos, derivaron en una avalancha de mociones de censura y controles políticos en el Congreso hacia servidores que se encuentran bajo escrutinio tanto político como judicial -hay algunos incluso en la cuerda floja-, ya que están sujetos a procesos en la Procuraduría y la Contraloría.
Los movimientos dentro del Gobierno no solo reflejan la intención del presidente de cerrar sus filas y rodearse de funcionarios más cercanos a su proyecto político, sino que responden a esa serie de escándalos relacionados con la ejecución de proyectos y contratación estatal. Además, tendría como fin el de atenuar la posible descoordinación en el interior de las entidades, especialmente entre los directivos y los llamados mandos medios que, según el mandatario, no dejan que se concreten sus propuestas.
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En ese contexto, y en la más reciente reunión del consejo de ministros el pasado 26 de febrero, Laura Sarabia recuperó su posición sentada a la derecha del presidente Petro. Y no fue lo único, ya que en la extensa mesa también estuvo el exsenador Alexander López, quien fue nombrado nueva cabeza del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y su hoja de vida ya fue publicada en el portal de la Presidencia.
También se confirmó el viernes que hay espacio para otros políticos más fieles al progresismo como Gustavo Bolívar, nuevo director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), y para el exconcejal del Polo Democrático Carlos Carrillo, quien será el nuevo director de la Unidad para la Gestión del Riesgo (Ungrd), tras la renuncia de Olmedo López. Además, el excabildante Diego Cancino llegará como viceministro del Interior, tras la salida de Gustavo García.
El conjunto de nombramientos ya fue calificado por algunos exfuncionarios de Petro, que no salieron en muy buenos términos del Gobierno, como un “consejo de activistas”; la frase fue del exdirector del DNP Jorge Iván González. Y la exministra de Agricultura Cecilia López, quien dejó el cargo en abril de 2023, aseguró que “este Gobierno le ha pegado a la tecnocracia; en este momento está predominando el activismo”.
El presidente salió en defensa de sus designaciones y señaló que la tecnocracia no es más que el posicionamiento de “supuestos expertos en el poder” y que, en ese sentido, prefiere la democracia, que “es el pueblo en el poder”.
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En medio de todo esto se conoció que lo que terminó con la permanencia de Olmedo López en la Ungrd fue la crisis por supuestos sobrecostos en la contratación de carrotanques para transportar agua potable en La Guajira. El mismo día de su renuncia fue denunciado penal, disciplinaria y fiscalmente por el Gobierno, según lo confirmó el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga.
El exdirector, quien ya había enfrentado también una suspensión por presunta negligencia y cuestionamientos por la falta de mantenimiento de la maquinaria para combatir los incendios forestales, admitió en su carta de dimisión que carecía de “experiencia en lo público” y que abandonó el Gobierno para no manchar “las banderas anticorrupción de este proyecto político”.
De todas formas, López deberá responder ante la Fiscalía por supuestamente colaborar con empresas, auditores fiscales y otros individuos para establecer precios elevados en la adquisición de los 40 carrotanques. Según la Secretaría de Transparencia, se registró un sobrecosto superior a los $20.000 millones en el proceso contractual. Además, los vehículos estarían estacionados sin cumplir su propósito. Y es en medio de esos líos que llega al cargo el exconcejal Carrillo, quien carece de experiencia en dicho sector.
Los líos por los pasaportes
Pero la Ungrd no es la única entidad bajo enredos y convocada al Congreso para rendir cuentas por posibles irregularidades. Quizás el escenario más espinoso está en la Cancillería, que está envuelta en litigios y supuestas irregularidades por la licitación para la expedición de pasaportes, que ya tiene folios en la Procuraduría.
Tan solo tres semanas después de asumir como encargado de la Cancillería, Luis Gilberto Murillo tuvo que enfrentar su primera crisis heredada por el suspendido Álvaro Leyva, relacionada con el litigio con Thomas Greg & Sons. Mientras Murillo estaba en Ginebra, Suiza, participando en las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el insubsistente secretario general del Ministerio, José Antonio Salazar, firmó tres resoluciones que entregaron el contrato por casi $600.000 millones.
Los documentos con la firma de Salazar desataron toda una novela política, en la que el presidente Petro incluso lo acusó de “traición”, pues con estas resoluciones el ahora secretario revocó las decisiones tomadas por Leyva sobre el proceso. Esto incluía la declaración de desierta la licitación original y la adjudicación del contrato a Thomas. Petro removió al hoy exfuncionario y calificó el contrato como “corrupto”.
El exsecretario le dijo a este diario que la resolución que firmó hace obligatorio el pliego de condiciones: “El proponente debe presentar las pólizas de cumplimiento y las entidades deben firmar el contrato”. Sin embargo, el Gobierno ha argumentado que jurídicamente resulta imposible proceder con la contratación, ya que se utilizó un Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) que ya estaba vencido.
En el entramado de los pasaportes, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, también terminó envuelto y hasta recibió un llamado de atención por un comunicado que generó un choque entre su cartera y la Cancillería. Solo después de que Murillo indicara que el contrato no podría llevarse a cabo por la falta del CDP, Hacienda emitió un comunicado en el que aseguraron que “los fondos para ese contrato estaban previstos”, para luego contradecirse y aclarar que, aunque sí había recursos asignados, pero usaron el “CDP que había caducado”.
De hecho, todos los jefes de prensa del nivel ejecutivo fueron citados esta semana a la Casa de Nariño y recibieron la instrucción de no emitir comunicados que no tengan el visto bueno de la Presidencia.
En todo caso, Hacienda ha sido objeto de críticas no solo por el concepto sobre la licitación de los pasaportes, sino también por el decreto de liquidación del presupuesto, en el que el Gobierno no había especificado la asignación para alrededor de 108 proyectos de infraestructura -aunque posteriormente fue corregido-. También se sumó la controversia relacionada con el borrador de decreto que otorgaría al presidente Petro facultades sobre los recursos comprometidos o vigencias futuras.
Sobre ese tema, la Procuraduría ordenó iniciar una investigación preliminar contra algunos funcionarios del Ministerio por posibles irregularidades en la emisión del decreto del Presupuesto General para 2024. Por otro lado, el Congreso citó a Bonilla por el bajo crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2023 y para que aclare algunas dudas sobre la ejecución presupuestal en cada sector. Fue convocado a rendir cuentas, junto a la directora del Dapre, Laura Sarabia, en la Comisión Cuarta de la Cámara el próximo 6 de marzo.
A controles políticos también está convocado el canciller (e) Murillo, quien -según algunas fuentes extraoficiales- estaría alistándose para quedarse del todo con el cargo. El ministro se enfrentará al escrutinio la próxima semana en el Capitolio por al menos tres escándalos distintos: el de los pasaportes, el presunto uso indebido de la sede de la Embajada de Colombia en México -tema revelado por una investigación de El Espectador que demostró que en noviembre pasado se grabó un video de un diputado mexicano en la sede consular- y la supuesta generación de más burocracia.
En efecto, habrá otro debate por la creación de nueve embajadas mediante un decreto, entre las que se encuentra la de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), para la que designaron al exsenador y exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti.
Murillo está citado el martes 5 y miércoles 6 de marzo en la Comisión Segunda de la Cámara, y este diario estableció que, con el fin de calmar las aguas, el canciller tendrá un desayuno de trabajo con los congresistas el mismo martes, horas antes del debate.
Escasez de medicamentos
Otro en líos es el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien pasará al tablero ante el Congreso el 12 de marzo en una sesión de moción de censura. Es señalado de desconocer la crisis de desabastecimiento de medicamentos y la situación financiera precaria del sistema de salud. Por estos mismos cuestionamientos ya ofreció explicaciones el pasado 21 de febrero, cuando dijo que el Gobierno “no tiene control sobre los medicamentos, aquí nos imponen todo lo que quieren desde el exterior”.
Al mismo tiempo, Jaramillo enfrenta una investigación en la Procuraduría, en un expediente disciplinario en el que también figura la exministra Carolina Corcho, por presunta negligencia en el cumplimiento de sus funciones frente a la escasez de medicamentos durante 2023. Por otro lado, el Ministerio Público ha solicitado garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y realizar pagos pendientes a las EPS, algo sobre lo que esta misma semana se pronunció la Corte Constitucional.
Además, según lo establecido por El Espectador, pronto se va a abrir otra indagación formal por posibles irregularidades en proyectos de cofinanciación con Empresas Sociales del Estado (ESE) regionales por más de $1,2 billones, lo que podría implicar negociaciones con parlamentarios para obtener respaldo a la reforma de la salud.
Y así como Jaramillo debe enfrentar una moción de censura, lo propio pasará con el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Quince senadores de oposición la convocaron por la situación de inseguridad en el país, que incluye robos urbanos y extorsiones, así como la problemática del orden público en varias regiones. El debate está programado para este 5 de marzo en la plenaria del Senado.
¿Hay crisis energética?
A todo este panorama de ruidos y tensiones se sumó el aumento de las tarifas de energía en el país que, según los congresistas de la bancada del Caribe, se habrían incrementado hasta en un 40 %, junto a la falta de nombramientos de expertos en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Por esto, el ministro de Minas, Andrés Camacho, está en aprietos. Él anunció, luego de que la Procuraduría insistiera en que hay seis cargos pendientes por designación y pidiera con “urgencia los nombramientos en propiedad”, que pronto se harán.
Y a pesar de las medidas anunciadas para enfrentar el aumento en las facturas y para regular los precios hay insatisfacción. Inclusive, pese a una reunión entre el presidente Petro y la llamada “bancada costeña” el 28 de febrero para abordar sus preocupaciones, los congresistas no quedaron tranquilos. Así las cosas, el presidente del Senado, Iván Name (Alianza Verde), corrió el debate de la reforma pensional del martes para el miércoles, solo con el objetivo de realizar un debate de control político sobre ese tema en la plenaria que comanda.
“La vida nacional no se centra únicamente en las reformas propuestas por el Gobierno, tenemos un colapso en la costa Caribe debido a las altas tasas de cobro de las tarifas de energía”, comentó Name.
Los otros juegos políticos
Por otro lado, aunque Felipe Harman asumió como nuevo director de la Agencia Nacional de Tierras, en esa entidad hay posibles inconsistencias y la Procuraduría ordenó abrir una investigación disciplinaria contra el anterior director, Gerardo Vega, por posibles irregularidades en la compra de un predio en Chimichagua, Cesar. Aunque el terreno fue adjudicado a campesinos de la zona, el valor de compra aparentemente fue más alto que el del avalúo.
En todo este contexto, también existe cierta inconformidad con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, a quien se le atribuye una supuesta falta de eficacia en las negociaciones con el Congreso. Asimismo, el nombramiento de figuras políticas en distintas entidades y la designación de Laura Sarabia parecen tener un carácter estratégico. Y la presencia frecuente de Alexander López en el Congreso, en su rol de director de Planeación, sugiere que podría desempeñar un papel crucial en las relaciones con los parlamentarios de cara a la formulación de proyectos regionales.
Esas molestias con los ministros no provienen solo de sectores de la oposición. De acuerdo con el representante David Racero, del Pacto Histórico, hay un fuerte malestar, por lo que no es sorpresa que se avecinen más cambios. “Es imperativo acelerar la ejecución, y eso solamente se puede hacer con gente que comprenda el proyecto porque ha trabajado con el presidente años atrás. El Pacto lo venía manifestando, porque veíamos limitaciones de algunos miembros del gabinete”, le dijo el congresista a El Espectador.
Por todo esto es que se prevén más movimientos en el gabinete y una oleada de mociones de censura y controles políticos en el marco de las posibles irregularidades y sacudidas que se están sintiendo en la Casa de Nariño, justo cuando el propio Gobierno intenta cazar apoyos para sus proyectos de país y las reformas que están frenadas en el Congreso.
En todo caso, Petro ha defendido la idoneidad de todo su equipo pese a las denuncias que lo han salpicado y no se descarta que, de cara a un complejo 2024, se termine rodeando de personas más fieles a su proyecto político dejando de lado la experiencia y otras cualidades que suelen ser reconocidas en lo público. Además, anticipó la campaña por su sucesión en 2026.
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Por Laura Duarte Sandoval
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