Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Cada vez que llega agosto, los padres de los cerca de 3.100 estudiantes de las cuatro instituciones educativas públicas que hay en el municipio de Bahía Solano, en Chocó, viven un martirio. La razón es que en esa fecha finaliza el contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y siempre que esto ocurre comienza el vaivén de con qué recursos y quién debe hacerse responsable del suministro de alimentos en la región.
Lea: Mineros del Bajo Cauca y Nordeste antioqueño entrarán en paro indefinido
“Una tristeza que da ver a los niños buscando qué echarse al estómago”, lamenta Delia Castillo, madre de familia y miembro de la asociación de padres de familia en una institución de Bahía Solano desde 2013, quien resalta que la crisis no es nueva, pues desde que está en la organización ha sido testigo del suplicio que viven los niños cada vez que se acaba un contrato.
El PAE es un programa importante para los niños de Bahía Solano. Según datos del Sivigila del Instituto Nacional de Salud (INS), el 43,58% de la población infantil se ha visto afectada por la desnutrición, por lo que el Programa de Alimentación marca la diferencia para muchos jóvenes, quienes llegan al colegio sin siquiera haber probado un alimento en su vivienda. “Hay niños que desayunan con eso y los de la jornada de la tarde almuerzan y se van a casa con solo lo que les dan en el colegio en el estómago. Les afecta la capacidad de concentración. Incluso algunos padres no los envían al colegio porque no tienen cómo darles algo antes de irse a estudiar”, explica Castillo.
Las demoras
En principio, al tratarse de un municipio de sexta categoría, la responsabilidad de la contratación del PAE recae sobre el departamento; es decir, sobre Chocó, pero Maryen Gracia, supervisora del PAE de la Gobernación, afirma que el problema de fondo radica en la insuficiencia de los recursos que da el Gobierno nacional para este programa. “La asignación que da el Ministerio de Educación no cubre todo el calendario escolar del PAE, por lo que debemos recurrir a otras fuentes, como las regalías, para completar el programa”.
Le puede interesar: Liberaron a Martha Lucía Granada, secuestrada hace tres meses en Jamundí, Valle
En agosto, la Gobernación informó a los municipios no certificados, como Bahía Solano, que debían usar sus propios recursos para continuar con el programa, mientras se resolvía la financiación a través de regalías, por lo que, de acuerdo con el personero municipal, Carlos Cardona, “el 12 de agosto se suspendió el servicio del PAE, porque no se había contratado al operador que debía suministrar los alimentos. Esto dejó a los estudiantes sin acceso a sus comidas durante siete días”.
Aunque el servicio fue reanudado el 21 de agosto, luego de que la administración municipal destinó $224 millones, el PAE solo se entregó hasta el 11 de septiembre, cuando el operador indicó que se habían agotado los nuevos recursos. Esto generó la suspicacia de los habitantes del municipio, quienes señalaron que hubo una malversación de fondos, ya que los recursos no alcanzaron a cubrir ni un mes. En respuesta, el alcalde Jairson Valencia aseguró que no tenían más recursos.
Mientras continuaba el rifirrafe entre la Alcaldía y la Gobernación sobre las responsabilidades de la asignación del PAE para lo que queda del año, la Personería se unió con varios comerciantes locales para hacer una recolecta y dar refrigerios básicos a los niños de las cuatro instituciones. Con ello, lograron que recibieran panes, leche, avena y queso, pero solo fue una solución temporal, pues apenas alcanzó para cubrir una semana de clases en algunos de los colegios. “Es muy diferente, porque el PAE siempre lleva su arroz, su lenteja, el pollo, la carne, y pasamos a un refrigerio que es un vaso de bienestarina, una avena con una galleta o un pan, es mucha la diferencia. El PAE siempre les hace mucha falta a los niños”, indicó la señora Castillo.
La funcionaria Gracia respondió a lo dicho por el alcalde indicando que en varios municipios hay recursos no ejecutados de las vigencias del año anterior, así como del sistema general de participaciones hay asignaciones por $15 millones mensuales. “Nosotros sabíamos que podíamos contar con ellos, que ellos podían disponer de esos recursos mientras nosotros entrábamos nuevamente. Esto es una corresponsabilidad de todas las instituciones. Nosotros como Gobernación somos los que la lideramos, pero cada municipio tiene su responsabilidad en el proceso”, describió.
A partir del 30 de septiembre, una semana antes del receso de octubre, la Gobernación del Chocó retomó la operación del programa, comprometiéndose a garantizar la alimentación para los estudiantes durante lo que queda del año escolar. Pero para Castillo, que tiene a uno de sus hijos en primaria y otro en secundaria, esto no soluciona el problema de fondo, ya que el próximo año, cuando llegue agosto, volverá a pasar lo mismo.
La mujer resalta que hay que mirar la situación de fondo y los efectos que tiene en otros problemas, como la deserción. “Todos los años es lo mismo. En agosto se vence el contrato y ahí estamos pendientes con el personero para ver cómo se soluciona. Mientras tanto, uno trata de darles cualquier cosita, de entretenerlos para que ellos no falten al estudio, pero un niño con hambre no va a aprender nada” concluyó la madre de familia.
*Nota de la editora
Se aclara que la cifra de desnutrición en menores de edad en Bahía Solano es del INS y no del ICBF.