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Eduardo Montealegre llegó al gobierno de Gustavo Petro impulsando un decreto para que el jefe de Estado convocara a una consulta popular por ese medio. Ahora, como ministro de Justicia, sacó adelante otro polémico decreto que tiene que ver directamente con la justicia que se le imparte al primer mandatario. El documento (0799 de 2025) le quitó al Consejo de Estado la posibilidad de revisar las tutelas que lleguen contra el presidente de la República y ordena que sean revisadas ahora por jueces del circuito. Mientras que desde el Ejecutivo defienden a capa y espada la medida, en la alta corte cuestionan su finalidad y pertinencia.
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En diálogo con El Espectador, el viceministro de Justicia, Jefferson Dueñas, explicó que el decreto se venía cocinando de tiempo atrás. “Cuando nosotros (administración de Montealegre) llegamos al Ministerio ya había un borrador, lo que hicimos fue revisar si el decreto anterior, el de Iván Duque (333 de 2021) que le dio la competencia al Consejo de Estado, había implicado una ruptura de la igualdad y había generado unos problemas que afectaban el acceso a la administración de justicia”. Según él, evidenciaron que la medida del anterior gobierno iba en contra de la propia Constitución, porque, “todas las tutelas deberían ser presentadas ante cualquier juez, en cualquier tiempo y en cualquier lugar”.
Al revisar, el gobierno determinó que mantener la medida del gobierno Duque era problemático y lo mejor era “volver a la regla general que todas las tutelas sin excepción contra una autoridad del orden nacional debían ir a juez del circuito y en segunda instancia a los tribunales”. El viceministro también sostuvo que aunque el decreto sale en medio de un caldeado momento político en el país, no daba espera. “Uno no puede limitar el acceso a la justicia por conductas políticas, ni evitar corregir las deficiencias normativas por no generar tensiones”. Además, afirma que la medida está totalmente alejada de cualquier retaliación por decisiones del alto tribunal.
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Sin embargo, por el lado del Consejo de Estado no comparten la teoría de que la medida es la mejor opción para la justicia. En diálogo con El Espectador, el presidente del Consejo de Estado, el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, manifestó que aunque el alto tribunal acatará la orden y no reclamará ninguna competencia que le quite el decreto, considera que la medida tomada por el Ejecutivo no es acertada. “Interferir en las funciones del Consejo de Estado es una mala señal para la seguridad jurídica y, por el contrario, lo que está implicando es una desarticulación, a mi modo de ver, de las competencias del máximo tribunal de la justicia contenciosa”, dijo el togado.
Para el presidente del Consejo de Estado “este decreto es altamente inconveniente”. Señala el magistrado Álvarez que en el documento del ministerio “no se afianza en el fortalecimiento de la justicia, por el contrario, yo creo que la interfiere, tiene unos fundamentos que son cuestionables”. Dentro de lo explicado en el decreto, se habla de que la medida busca acercar la justicia a los ciudadanos, ser transparente e imparcial, dentro de otras cosas, pero para el presidente de la alta corte, esa argumentación no es aceptable. “Lo que hace el decreto es entregar la competencia a los jueces civiles del circuito, con lo cual le está quitando la coherencia y la unidad de criterio que puede tener cuando las tutelas las conoce un solo órgano”.
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Dentro de los problemas que encuentra el magistrado Álvarez Parra en el decreto, también está que el darle a los jueces del circuito la responsabilidad de decidir sobre las tutelas contra el jefe de Estado, “va a generar una inseguridad jurídica en la medida en que cada juez va a interpretar a su manera una tutela contra el primer mandatario”. Además, asegura que el decreto del gobierno “desconoce una norma legal muy importante, el artículo 113 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, la cual obliga a que cualquier medida que afecte el funcionamiento del alto tribunal debe contar con un concepto previo de la Sala de Consulta y Servicio de esa alta corte.
En lo que ambas ramas del poder concuerdan, es que el problema de acceso a la justicia es mucho más grande que esta medida que le quita poder al Consejo de Estado, pero, para el alto tribunal, no deberían tocarse sus atribuciones. “Yo quisiera pensar que el presidente de la República no alberga ningún sentimiento de retaliación ni una mezquindad a la hora de decidir en esta materia, quisiera pensar que hay una equivocación en los fundamentos del decreto”, manifiesta el magistrado Álvarez Parra. Por su parte, el viceministro Dueñas asegura que “yo creo que esto es un pequeño paso en un ajuste institucional mucho más grande que se requiere”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Jhordan C. Rodríguez
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