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Salvatore Mancuso Gómez completa cinco días en suelo colombiano, después de haber sido deportado desde Estados Unidos, país donde purgó una condena por delitos relacionados con el narcotráfico. Aunque sus deudas están saldadas con la justicia del país norteamericano, en Colombia su situación jurídica es todavía incierta. El exjefe paramilitar busca recuperar su libertad para cumplir con su rol como gestor de paz del gobierno de Gustavo Petro. Según Mancuso, está comprometido con la paz en Colombia, y, en caso de ser cierto, tendrá que aportar con verdad y reparación a las miles de víctimas del paramilitarismo, como se comprometió a hacerlo en la Jurisdicción para la Paz (JEP) desde el año pasado, cuando le abrieron las puertas.
El Espectador revisó tres extensos documentos elaborados por la JEP en los que contrasta lo dicho por Mancuso en esa y otras jurisdicciones sobre la relación entre agentes del Estado, empresarios y políticos con el proyecto paramilitar de los hermanos Castaño. Lo consignado allí es la piedra angular con la que la JEP aceptó su sometimiento, porque, según esa jurisdicción, en sus declaraciones “hay elementos presentes, efectivos, suficientes y novedosos respecto a hechos que ya se conocían o han sido investigados por la justicia colombiana”. Además, hay información “novedosa” sobre cómo los tentáculos del paramilitarismo se entrelazaron en la planeación y ejecución de operaciones que eran exclusivas de las Fuerzas Militares, de la Policía y organismos de inteligencia.
Mancuso llegó a la JEP de manera atípica, siendo la primera persona en esa jurisdicción en aterrizar bajo la denominación de “bisagra”. En palabras sencillas, el sistema de justicia transicional considera que el exjefe paramilitar puede contribuir a sus investigaciones porque tuvo el poder para “mover los hilos de estructuras militares, empresariales y políticas, e incidir en agentes del Estado de alto rango”, para que colaboraran con su proyecto criminal. En agosto de 2021, Mancuso pidió pista en la JEP, pero, antes de esta solicitud, su intención no era volver a Colombia a darles la cara a las víctimas y a la justicia, sino refugiarse en Italia, país del que también es ciudadano y donde no hay tratado de extradición con Colombia. Sin embargo, su posición cambió en 2022, con la victoria de Gustavo Petro en las urnas.
Entre la información contrastada por la JEP este diario encontró que Mancuso hizo 316 aportes sobre las autodefensas, el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y agentes del Estado. De esos temas, la JEP consideró que solo hay 20 que son novedosos y 10 de ellos todavía no se conocen, pues continúan bajo reserva. En las declaraciones dadas a la JEP, resaltan nombres de personalidades de la política, antiguos mandos militares y empresarios que habrían hecho parte del andamiaje que permitió los crímenes de los grupos paramilitares en las décadas de 1990 y 2000. De acuerdo con esas matrices de contraste de la JEP, el 93 % de sus aportes fueron menciones que ya hizo en otros procesos como los del escándalo de la parapolítica y la paraeconomía.
Menciones a expresidentes y otros políticos
Uno de los desafíos más grandes de la JEP con respecto a las declaraciones de Mancuso son los señalamientos del exjefe paramilitar contra un expresidente y otros políticos de gran calado nacional. En las matrices de esta jurisdicción aparece que Mancuso señaló que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) apoyaron las campañas políticas de Horacio Serpa, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. Esta declaración la hizo durante las audiencias públicas de 2023 en las que puntualizó que solo iba a ampliar estos hechos en diligencias reservadas. En los documentos de la JEP solo se precisa que el puente entre Pastrana y los paras habría sido el excongresista Luis Carlos Ordosgoitia, pero el expresidente conservador negó tajantemente cualquier vínculo con los paramilitares.
Lo propio ha hecho Uribe. Por ejemplo, tras la deportación de Mancuso, el expresidente dijo en sus redes sociales que jamás se reunió con él y que lo extraditó, junto a otros jefes paramilitares, por sus incumplimientos al proceso de paz de ese momento, porque, al parecer, siguió delinquiendo desde prisión. Sobre la campaña de Uribe, el exjefe paramilitar mencionó a José María Maroso, exgerente en Córdoba de la agenda política del entonces candidato. Según su versión, fue a él a quien le entregaron recursos económicos “de diferente origen” y de apoyo proselitista. Para la JEP, la mención de Maroso es uno de los pocos aportes novedosos que entregó Mancuso a la jurisdicción especial para ganarse un cupo como bisagra.
Mancuso, de manera reservada, también apuntó contra un líder gremial que, según el exjefe paramilitar, habría sido aliado de paramilitares y que ahora ha mostrado voluntad de colaborar con la iniciativa de paz de Gustavo Petro: José Félix Lafaurie, miembro del equipo negociador del Gobierno con el ELN y presidente de Fedegán. La revista Cambio publicó unas declaraciones en las que Mancuso señaló que “las AUC estábamos con la idea de apoyar la candidatura a la Fiscalía de Jorge Pretelt por ser cordobés, pero el ministro Sabas Pretelt habló con nosotros e, incluso, en algún momento me mandó a Lafaurie, con quien me mandó un listado de las personas políticas que podían influenciar en algunos magistrados de la Corte Suprema”, con el fin de que Mario Iguarán fuera fiscal general, como eventualmente sucedió en 2005. El exfiscal, por su parte, rechazó esa afirmación.
En 2012, cuando Mancuso empezó a apuntar contra Lafaurie, el hoy negociador del Gobierno dijo que “resulta delirante pensar que la Corte Suprema se dejó influenciar con dinero para designar a Mario Iguarán como fiscal. ¡Por favor, respetemos a la Corte! El propósito de delincuentes es crear zozobra e incredulidad sobre institucionalidad y personas. La justicia aclarará todo. La verdad brillará”. Lafaurie volvió a referirse a las declaraciones de Mancuso en agosto pasado, cuando Petro designó gestor de paz al exjefe paramilitar. “Me preocupa es que Mancuso termine volviendo a cuestionar a la fuerza pública y a ciertos sectores empresariales, generando un carrusel de versiones que claramente lo que va a permitir son escenarios un tanto irregulares y en algunos casos de extorsión. Me parece terriblemente inconveniente”, señaló Lafaurie.
Las relaciones entre las Convivir, fuerza pública y el DAS
De acuerdo con los documentos en poder de este diario, Mancuso le entregó a la JEP información de grupos armados previos a las Convivir, organismos de seguridad privada que, aunque nacieron con el aval del gobierno de César Gaviria, terminaron siendo fachada para grupos paramilitares, como los que comandaron Salvatore Mancuso y los hermanos Castaño. Además, el recién deportado mencionó a quienes, supuestamente, colaboraron para darles vida. La JEP clasificó de novedosas las menciones que hizo de tres comandantes de la Brigada XI del Ejército, quienes habrían participado y ayudado a crear los grupos armados que antecedieron a las autodefensas en Córdoba. Uno de ellos fue el general (r) Álvaro Daniel Medina, quien fue el primer comandante de la Brigada entre 1987 y 1990.
Otra de las menciones novedosas de Mancuso es la de Carlos León Gómez, comandante de esa misma brigada entre 1992 y 1993. El exjefe paramilitar le dijo a la JEP que León Gómez era su contacto dentro del Ejército para no tener problemas con la fuerza pública en Córdoba y poder seguir moviéndose a sus anchas por todo el departamento. Además, según la información plasmada en los documentos de esa jurisdicción, algunos de los uniformados de esa brigada y los hombres de Mancuso coordinaron varias operaciones conjuntas. Entre los acuerdos que hacían empresas, Ejército y grupos armados en esa década están los que, según Mancuso, habría hecho con el general (r) Hugo Tovar y los jefes de seguridad de la compañía carbonera Drummond, en la década de 1990.
Los ejecutivos y exejecutivos de la Drummond en Colombia, que son procesados por la Fiscalía por supuestamente financiar grupos paramilitares, han dicho que “la compañía no tiene ni ha tenido vínculo alguno con organizaciones al margen de la ley, independientemente de su origen. Así mismo, nunca ha financiado o prestado apoyo económico a estructuras criminales”. Incluso, la carbonera señaló que paramilitares han mentido ante las autoridades con el fin de recibir beneficios judiciales y económicos y que son víctimas de un “cartel de abogados”. Ante la JEP, la empresa ha enviado información para desmentir las acusaciones en su contra, pero en esa jurisdicción la lupa está puesta sobre asesinatos y persecución contra líderes sindicales de la multinacional.
Carlos Buelvas Aldana, fallecido exgobernador de Córdoba, fue otro de los nombres dados por Mancuso que le resultaron novedosos a la JEP. Según el exjefe paramilitar, “la estructuración del Bloque Norte se hace básicamente de la mano del general (r) Iván Ramírez, en una reunión que tuvimos con él y el gobernador Carlos Buelvas Aldana con Carlos Castaño”. Mancuso le aseguró a la JEP que después de esa reunión se “hicieron coordinaciones con diferentes generales, coroneles, que en el transcurso de las diligencias he nombrado, que tienen que ver con los comandantes de la Brigada XI”. Otro de los datos novedosos para la JEP fue la mención de Carlos Enrique Rojas Mora, alias Gato, del Bloque Frontera de las AUC, que falleció en diciembre de 2007.
Mancuso relató que Jorge Enrique Díaz, director del DAS en Norte de Santander de 2002 a 2004, le pidió a alias Gato que planeara un atentado contra las oficinas de la entidad justo el mismo día que el entonces presidente Uribe tenía programada una visita a las instalaciones. Según el exjefe paramilitar, en ese y otros ataques, supuestamente simulados contra el DAS, se usaron bombas que “previamente habían sido halladas en una operación conjunta de las autodefensas”, información que tenía a la mano el entonces director Díaz. El funcionario fue asesinado el 26 de abril de 2005 en La Fría, ciudad del estado Táchira (Venezuela). El crimen no ha sido esclarecido todavía y solo en 2021, la Fiscalía capturó a un presunto responsable. Hasta aquí llegaron las novedades que se conocen de la versión de Mancuso a la JEP.
Lo que viene para Mancuso
El viernes pasado, en una audiencia ante un juzgado de ejecución de sentencias de Justicia y Paz, la defensa de Salvatore Mancuso insistió en que su cliente debe recuperar la libertad, pues ya cumplió con la máxima pena que podía imponerle la justicia transicional: ocho años de cárcel. En la diligencia, la Fiscalía estuvo de acuerdo con esa posición, aunque aclaró que todavía hay procesos de extinción de dominio andando y otros casos en los que no se ha leído la sentencia. Por su parte, los abogados de víctimas señalaron que Mancuso ha colaborado en algunos casos, pero que en otros su información no ha sido suficiente para esclarecer hechos. Además, la Procuraduría y varios representantes de víctimas le enrostraron a Mancuso que su reparación a las víctimas ha sido lenta e insuficiente.
Según expusieron, todavía existen 100 bienes de Mancuso en materia de investigación que no habrían sido entregados por el exjefe paramilitar como parte de su reparación a las víctimas, un requisito del sistema de Justicia y Paz que podría costarle la expulsión del sistema de justicia transicional. Sin embargo, la Fiscalía no tiene problema con dejar libre a Mancuso. Durante la audiencia del viernes, la fiscal Magaly Álvarez señaló que “no se opone a concederle la libertad a prueba”. La funcionaria del ente investigador expuso que, tras la revisión de los requisitos necesarios, concluyó que el exjefe paramilitar los cumplía por completo, pues habría realizado aportes de verdad, justicia, reparación y no repetición. Sin embargo, la Procuraría no está de acuerdo.
Entre otras cosas, porque, considera revictimizante que Mancuso vuelva a la zona donde hace dos décadas sembró terror. Con los argumentos sobre la mesa, se espera que mañana lunes la jueza tome una decisión que podría significar la libertad de Mancuso. Las implicaciones de ese fallo solo se conocerán la próxima semana, cuando las otras instancias que han requerido al exparamilitar también se pronuncien sobre los otros procesos que tiene pendientes. Es tan complicada su situación jurídica que ni fuentes cercanas al proceso tienen claro qué va a pasar el próximo lunes. “Hay que ir paso a paso”, agregaron los abogados y advirtieron que este caso representa el choque de tres jurisdicciones que nunca se había visto en la justicia nacional: la ordinaria, la de Justicia y Paz y la JEP.
Así Mancuso recupere su libertad o deba permanecer en una celda de La Picota completamente aislado, la Jurisdicción Especial para la Paz tiene un reto sin antecedentes: demostrar que el exjefe paramilitar sí tiene un cupo como bisagra en su sistema de justicia transicional, pese a que en los documentos a los que tuvo acceso este diario demuestran que hay solo un poco más de 20 hechos novedosos y que el 93 % restante de sus declaraciones son temas que ya había mencionado en otras instancias judiciales.
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