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La Fiscalía ya está tras las pistas de lo que sería un atentado en contra del máximo líder de los Comandos de Frontera, Giovanni Andrés Rojas, alias “Araña”, disidencia de las Farc con presencia en el sur del país. Hasta ahora, entre las únicas pistas que se conocen está que el ataque habría sido evitado por otro pez gordo del narcotráfico, quien maneja la extorsión en Tuluá (Valle del Cauca) y quien hasta hace poco compartió prisión con alias “Araña” en la cárcel La Picota de Bogotá.
Se trata de Andrés Felipe Marín Silva, “Pipe Tuluá”, líder de la banda delincuencial La Inmaculada y quien está por ser extraditado a Estados Unidos. El caso representa una ecuación con muchos elementos, que también incluye los intereses del gobierno Petro y la paz total.
“Pipe Tuluá” llegó a la cárcel La Picota en mayo de 2024, luego de las denuncias públicas que desnudaron los beneficios con los que contaba en la cárcel La Picaleña de Ibagué. El criminal ha estado preso durante la última década, lo que nunca le ha impedido manejar el crimen organizado, el negocio de la extorsión y el sicariato a plena luz del día en Tuluá.
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Por más de un año, el líder delincuencial estuvo preso en Bogotá hasta que, de manera sorpresiva, en la madrugada de pasado 4 de junio, la Policía lo trasladó a la estación Mártires de la capital, en el marco de su proceso de extradición a Estados Unidos. Allí, explicó el Ministerio de Defensa, lo requieren por “delitos graves que lo comprometen y por los cuales deberá responder ante la justicia internacional”. Antes de ser trasladado, “Pipe Tuluá” reveló el plan contra “Araña”.
El revuelo por el posible atentado en contra de “Araña” empezó justo después del traslado de “Pipe Tuluá”, quien permanece en una sala de retención especial y bajo máxima seguridad, según le dijeron a El Espectador fuentes de la Dijín de la Policía.
Desde allí se conoció una carta del líder de La Inmaculada en la que señalaba que dos hombres, presuntos integrantes del Tren de Aragua, iban a atacar al jefe de los Comandos de Frontera con una pistola marca Glock. Al enterarse del plan, “Pipe Tuluá” alertó a las autoridades. La versión, según supo este diario, fue confirmada el pasado 10 de julio, en una declaración juramentada que el narcotraficante le entregó a la Fiscalía desde su sitio de reclusión.
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Las revelaciones de “Pipe Tuluá”
La carta de “Pipe Tuluá”, que fue difundida por medios de comunicación, fue enviada originalmente a la Consejería Comisionada de Paz de la Presidencia de la República, liderada por Otty Patiño. Así se lo confirmó a este diario la senadora Isabel Cristina Zuleta, quien fue hasta la estación de Mártires a hablar con el líder de La Inmaculada, por indicación del comisionado Patiño.
Esa reunión fue el miércoles 9 de julio y, en ella, según narró la congresista, supo a grandes rasgos la historia del presunto atentando. “Le dije que en una situación delicada como esta, en donde está en juego la vida de una persona que está aportándole a la paz, es sumamente importante que se proteja la vida y le pedí que realizara la denuncia formal”, agregó la congresista.
Zuleta habla de un aporte a la paz porque “Araña” venía representando a su grupo criminal en diálogos con el gobierno Petro, hasta su captura en febrero pasado, por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. De hecho, Zuleta mencionó que “Pipe Tuluá” accedió a la solicitud de la congresista.
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Además, que el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, le tomó declaración juramentada del extraditable. Al día siguiente, el jueves en la mañana, funcionarios del CTI escucharon la declaración de “Pipe Tuluá”, con la que el ente investigador abrió una noticia criminal por el presunto atentado. A través de esa declaración, la Fiscalía obtuvo también pistas del lugar en el que estaría oculta el arma con la que iban a atacar a “Araña”.
Con esas pistas en el expediente, la Fiscalía ordenó el allanamiento a la cárcel La Picota, que se efectuó el mismo 10 de julio, con el objetivo de encontrar el arma. La senadora Zuleta asistió como observadora, enviada por parte de la oficina del Alto Comisionado de Paz.
Los agentes de la Fiscalía hurgaron palmo a palmo en el patio de extraditables de La Picota, siguiendo las pistas que recibieron del puño y letra del jefe de La Inmaculada. Su búsqueda dio resultado cuando, oculta entre unas cajas con adornos navideños, hallaron la pistola Glock nueve milímetros y diez proyectiles que, según el narcotraficante, iban a ser usados en el atentado. Esas pruebas ahora están en poder de la Fiscalía para su investigación.
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En diálogo con El Espetador, la defensa del líder de los Comandos de Frontera confirmó que las alertas del supuesto plan para matar a su cliente fueron tomadas con pinzas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
“El tema fue manejado muy rápido por la entidad. De hecho, las personas de las que se tenía sospecha que podrían atentar contra la vida de Andrés Rojas fueron trasladadas del patio. En muchas oportunidades suele pasar que la presencia de reclusos con perfiles de alto nivel pueden resultar incómodos para otros internos. Incluso, hubo reuniones con el director de La Picota, Horacio Bustamante”, señaló la fuente, quien pidió no revelar su nombre.
Este diario le preguntó a la defensa de alias “Araña” si esas alarmas por el presunto atentado contra “Araña” era lo suficientemente amenazante como para buscar un traslado de prisión. Sin embargo, la fuente respondió que, en realidad, no es una salida pensada.
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“En el caso de que el Inpec no hubiera actuado frente a lo que sucedió, pensaríamos que es una posibilidad solicitar de manera urgente el traslado. Pero, realmente, la respuesta de la institución fue muy oportuna. Reitero, las personas que podrían estar involucradas fueron apartadas de inmediato. Además, Andrés considera que él allí está seguro y que la respuesta institucional fue la adecuada”, concluyó.
Por otro lado, El Espectador intentó contactar insistentemente al director de la cárcel La Picota, Horacio Bustamante, pero no obtuvo respuesta durante días. La oficina de prensa del Inpec le respondió a este diario que Bustamante tampoco se ha reunido con “Pipe Tuluá” en la estación de Mártires, como se explicó en varias publicaciones.
Asimismo, este diario contactó al director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, quien guardó silencio sobre el asunto. Fuentes enteradas del tema confirmaron que el sigilo sobre el tema es porque la institución quiere mantener en máximo hermetismo el episodio, mientras las autoridades avanzan en esclarecer los pormenores del supuesto plan para atentar contra alias “Araña”.
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La amenaza de la extradición
En medio de este contexto, sigue en trámite el pedido de extradición por parte de los Estados Unidos. Una Corte del Distrito Este de Texas requiere que “Pipe Tuluá” comparezca ante sus tribunales por delitos de narcotráfico. Un documento de la Fiscalía revelado por Blu Radio y firmado por la propia fiscal general, Luz Adriana Camargo, detalla las razones de ese pedido de extradición.
“Marín Silva es requerido para comparecer a juicio en los Estados Unidos por delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas”, dice el documento. Esto por su presunta responsabilidad en tres delitos, todos relacionados con la tenencia, fabricación y tráfico de cocaína.
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“Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad detectable de cocaína, concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad detectable de cocaína, con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos, y fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad detectable de cocaína, con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos”, se lee en el documento.
En el fondo de todo, las revelaciones de “Pipe Tuluá” sobre el plan para asesinar a alias “Araña” han sido leídas por el gobierno Petro como “un gesto de paz”, en medio del camino que el líder de La Inmaculada ha estado arando, con el objetivo de evadir el pedido de extradición de Estados Unidos.
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Fuentes de la Dijín le dijeron a El Espectador que, por más que se le ponga el acelerador de fondo al envío del narcotraficante a Estados Unidos, el proceso puede tardar aún entre dos y tres meses. Una posible designación como gestor de paz, en el marco de paz total del gobierno Petro, le enredaría el camino a la extradición, que está en manos de la Corte Suprema de Justicia y cuya última aprobación está en manos del presidente Gustavo Petro.
“Pipe Tuluá” pide pista en la paz total
Lo cierto también es que alias “Pipe Tuluá”, durante el gobierno de Petro, ha mantenido el interés de iniciar diálogos con altos funcionarios públicos en el contexto paz total. Para mediados del año pasado, el criminal propuso una mesa de negociaciones cuyo objetivo era reducir la violencia en Tuluá y el Valle del Cauca, a cambio de beneficios judiciales.
Además, se comprometió públicamente a no ordenar muertes violentas en el municipio durante un mes. La posición del Gobierno, en ese momento, fue de escucha, ofreciendo como máximo un proceso de sometimiento, al carecer la organización La Inmaculada de fines políticos. Funcionarios del Ministerio de Justicia escucharon sus ideas, las cuales, hasta ahora, no han tenido frutos.
Alias “Pipe Tuluá”, además, prometió develar la columna vertebral de su estructura a partir de un “inventario”. Dijo, por ejemplo, que podrían entregar los niños y jóvenes entre sus filas al ICBF, para brindarles nuevas oportunidades fuera del crimen. Y que 80 armas, entre ellas 20 de largo alcance y un lanzacohetes, serían puestos a disposición de las autoridades.
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Consiente de su poder, incluso, como si fuera la autoridad máxima de Tuluá, el criminal ofreció que la feria municipal de 2024 tuviera todas las garantías en seguridad. No obstante, en su momento este diario explicó que la Alcaldía de Tuluá nunca recibió una propuesta formal del líder de La Inmaculada. Y, ahora, “Pipe Tuluá” estaría buscando nuevas formas de acercarse al alto gobierno.
Un último “gesto de paz” de “Pipe Tuluá” es la orden que estaría dispuesto a dar para desarmar el grupo Mago (Muerte a Guardianes Opresores). Se trata de una organización criminal que también lidera ese narco y que ha sido señalada de estar detrás de las amenazas que recibe constantemente Daniel Gutiérrez, director del Inpec. Además, es la organización criminal a la que se le atribuye la mayor cantidad de muertes de funcionarios de ese instituto, que este año está cerca de los diez casos.
Las primeras pruebas del intento de asesinato contra “Araña” están en poder de la Fiscalía, que deberá develar los detalles del plan criminal. Entretanto, “Pipe Tuluá” busca un espacio en la paz total y ofrece reducir la sangre que, sabe, es capaz de mandar a derramar cuando quiera.
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